La Generalitat pide a Bruselas que intervenga frente a la "censura" en internet que sufren las instituciones

• Pide al vicepresidente de la CE para el Mercado Único Digital que intervenga
• Denuncia un aviso a la fundación.cat para bloquear cualquier web sobre el 1-O
• Asegura que el Gobierno ha infringido la regulación sobre libre acceso a internet

Un teclado de ordenador.

El secretario general de Telecomunicaciones, Ciberseguridad y Sociedad Digital, Jordi Puigneró, ha pedido por carta al vicepresidente de la Comisión Europea para el Mercado Único Digital que intervenga frente a la "censura" en internet que sufren las instituciones catalanas.

Puigneró, que fue uno de los uno de los detenidos el pasado 20 de septiembre en la operación para recabar indicios relacionados con la organización del 1-O, relata en una carta al vicepresidente Andrus Ansip que el Estado español ha infringido artículos de la regulación europea sobre libre acceso a internet y sobre la directiva marco para las redes y servicios de comunicaciones electrónicas.

En concreto, el también presidente del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) autonómico denuncia un aviso a la fundación.cat para que bloquease cualquier página con contenido acerca del "referéndum de autodeterminación en Cataluña".

Los operadores están recibiendo órdenes judiciales para bloquear webs

Además, expone que el director de tecnología del Centro -emplea las siglas de Chief Technology Officer, CTO-, en alusión a Josuè Sallent, fue arrestado y acusado de desobediencia el pasado 20 de septiembre.

De forma paralela, agrega Puigneró en la carta, operadores de telefonía españoles están recibiendo órdenes judiciales para bloquear el acceso a contenidos sobre el referéndum, lo que considera algo sin precedentes en las democracias occidentes y califica de --"censura" e ilegal en la legislación española, europea e internacional.

Finalmente, el responsable catalán pide al vicepresidente que haga "visibles" estos hechos en el seno del organismo para que pueda cumplir con su rol político y legal de guardián de un internet "libre y seguro".

En las últimas semanas, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha ordenado a la Guardia Civil el cierre de varias webs sobre el 1-O, como la que permitía participar a voluntarios o la que publicaba los puntos de votación del 1 de octubre. La medida afectó también a la web garanties.cat, donde se publicó inicialmente el contenido de la ley del referéndum.