Un exdirectivo de Fórum Filatélico achaca toda la responsabilidad al entonces presidente

• Miguel Ángel Hijón dice al juez que no tenía capacidad de decisión
• Piden para él 15 años de prisión por estafar y falsear las cuentas

Vista del juicio contra la cúpula de Fórum Filatélico.

El exconsejero de Fórum Filatélico Miguel Angel Hijón ha asegurado que no estaba al corriente ni tenia capacidad de decisión sobre la marcha de la empresa, incluida la valoración de los sellos, ya que todo recaía en el expresidente Francisco Briones.

En el juicio que se sigue contra 29 exdirectivos de Fórum, para Hijón la Fiscalía solicita en total quince años de prisión, ocho por estafa, cuatro por insolvencia punible y tres por falseamiento de cuentas.

Tras incorporarse a Fórum en 1981, Hijón fue escalando posiciones hasta convertirse en director en el Centro Operativo de Madrid y consejero de la entidad, y entre sus funciones figuraba preparar el orden del día del Consejo de Administración y encargarse de las estructuras comerciales de venta.

Pero ha negado tener conocimientos o intervenir en ninguna decisión, ni tener contacto alguno con los proveedores ni intervenir en la valoración de los sellos, funciones todas ellas que recaían sobre el expresidente Francisco Briones.

Briones que ha terminado hoy de responder a las preguntas de su letrada, Minerva Díaz, ha achacado a los administradores concursales que se hicieron cargo de la entidad después de la intervención judicial, en mayo de 2006, errores graves en la valoración de los sellos, cuyo valor se llegó a sumar dos veces.

Segundo accionista de Fórum Filatélico

Según la fiscalía, Hijón era el segundo mayor accionista de Fórum con un 3,1% del capital, casi todo controlado a través de la sociedad Maher, a través de la cual recibía su remuneración -cuatro millones de pesetas al mes en 1999- y se hizo con un importante patrimonio inmobiliario que incluyó la compra de unas fincas en Marbella.

Sin embargo, en ningún momento ha admitido conocer los entresijos de la entidad, ni por qué unos pocos meses antes de la intervención judicial las compañías que aseguraban la filatelia se negaron a renovar sus contratos.