El Tribunal de Cuentas reclama a Mas y tres exconsellers 5,25 millones de euros por organizar el 9N

• Les impone esta fianza por usar fondos públicos en esa consulta
• Tienen 15 días para pagar y si no, se procederá a los embargos
• Mas responderá de forma solidaria si los exconsellers no pagan
• El abogado de Mas anuncia que recurrirá la resolución
• El president fue condenado a dos años de inhabilitación por el 9N

El Tribunal de Cuentas reclama una fianza de 5,2 millones a Mas por el 9N

El Tribunal de Cuentas ha reclamado este lunes al expresidente de la Generalitat Artur Mas y tres de sus exconsellers 5,2 millones de euros por los gastos que conllevó organizar y celebrar la consulta soberanista ilegal del 9 de noviembre de 2014, por la que fue condenado a dos años de inhabilitación.

Además del expresidente de la Generalitat, tendrán que responder por esta consulta otra decena de cargos de su Govern. Junto a Mas, entre los encartados se encuentran los exconsellers Joana Ortega, Irene Riagau y Francesc Homs, todos ellos inhabilitados por la consulta del 9N, así como otros siete cargos políticos y técnicos de los departamentos de Presidencia y Gobernación de la Generalitat.

La cantidad de 5,25 millones de euros es el total a la que Mas tendrá que responder de forma solidaria, como presidente que era de Cataluña en 2014 y máximo responsable de las cuentas públicas, si el resto de exdirigentes no consignan sus respectivas fianzas.

La fianza más elevada sería la impuesta a Ortega, de unos 3 millones de euros, mientras que la de Homs sería de 2,1 millones, y la de Ortega, de 0,8 millones, han explicado fuentes de Sociedad Civil Catalana (SCC), que instó a que se incoara el expediente.

Las cifras responden a los gastos de la organización del referéndum- unos 4,8 millones de euros- más los intereses generados desde la fecha de la celebración de la consulta hasta el momento, que suponen alrededor de 400.000 euros, según han concretado fuentes de SCC.

Los gastos públicos corresponden a la construcción de una página web institucional (14.837.60 euros), material para la votación (70.532,08 euros), adquisición de ordenadores portátiles para las mesas de votación (828.171,42 euros), póliza aseguradora para voluntarios (1.409,26 euros), apoyo informático a la consulta (1.106.185,77 euros) y envío de información (307.962,71 euros).

Ninguno de los exdirigentes catalanes han acudido este lunes a la sede del Tribunal de Cuentas para el trámite que ha tenido lugar este lunes, pues no tienen tal obligación y podían enviar a sus abogados para conocer el acta de liquidación provisional donde se especifica la cantidad reclamada.

Tienen 15 días para pagar y si no, habrá embargos

Fuentes del Tribunal de Cuentas han explicado que se facilitará a los representantes legales un acta de liquidación provisional con lo que tiene que pagar cada uno de los encartados, representados por cuatro abogados y un procurador.

Los afectados dispondrán de 15 días para depositar la fianza y, de no poder ejecutarla, se les embargarán bienes, cuentas bancarias y, en definitiva, su patrimonio. La fianza tiene la peculiaridad de ser "solidaria", es decir, que si alguno de los encartados no tiene dinero, los demás habrán de responder por él.

Los abogados anuncian que recurrirán la resolución

Los abogados del expresidente catalán Artur Mas y de los ex altos cargos ya han han informado que recurrirán la resolución del Tribunal de Cuentas.

Los letrados han mostrado la "absoluta disconformidad" con la resolución porque creen que se trata de un "clarísimo ejemplo de desviación de poder". "Se ha instrumentalizado al Tribunal de Cuentas para exigir en la práctica responsabilidades políticas y advertir a terceros por lo que puedan hacer", ha dicho el abogado de Artur Mas, Rafael Entrena.

Entrena ha explicado que, dado que hay cantidades que se exigen solidariamente, "habrá que ver si se exige la totalidad a todo el mundo o parcialmente a cada uno de los responsables solidarios". Tienen cinco días para recurrir.

Por su parte, la abogada de Francesc Homs, Montse Rosell, ha insistido en que se planteará un recurso por las "muchas y graves irregularidades" y ha asegurado que no se ha respetado ninguna garantía de los presuntos responsables.

Rosell ha insistido en la gravedad de las irregularidades y en el hecho de que se les exija un afianzamiento sin tener el más mínimo derecho de defensa.

En el recurso, ha avanzado que una de las causas para pedir que quede en suspenso la obligación de pagar es "que se ha producido una evidente indefensión". Y por ello, ha dicho, "pediremos la suspensión cautelar". Tienen cinco días para recurrir.