La Audiencia Nacional investigará si hubo delito de sedición en los incidentes de Cataluña
- Investigará a las personas que participaron en las protestas
- La juez ha ordenado ya las primeras diligencias a la Guardia Civil
- Menciona a la ANC y a Ómnium y a sus presidentes
- El Supremo rechaza intervenir las cuentas catalanas
La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha admitido a trámite la denuncia interpuesta el viernes por la Fiscalía por los disturbios ocurridos el 20 y 21 de septiembre en Barcelona, fundamentalmente los ataques a la Guardia Civil durante la operación policial contra el referéndum ilegal del 1-0.
La Audiencia Nacional investigará los incidentes de Cataluña después de que la juez haya aceptado admitir a trámite la denuncia por sedición presentada por la Fiscalía contra las personas que participaron en las protestas por el operativo judicial desplegado contra altos cargos de la Generalitat responsables de la organización de la consulta ilegal del 1 de octubre.
La magistrada de la Audiencia Nacional, que estaba en funciones de guardia en el momento se registró la denuncia de la Fiscalía, se ha declarado competente para investigar si estos hechos son constitutivos del delito de sedición por parte de las personas que participaron en las concentraciones y ha ordenado ya las primeras diligencias a la Guardia Civil y pide un atestado que recoja todos los incidentes ocurridos esos días, principalmente ante la sede de la Consejería de Economía.
La denuncia de la Fiscalía, suscrita por el teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, no va dirigida contra nadie en concreto, pero menciona expresamente a la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y a su presidente, Jordi Sánchez, y al de Òmniun Cultural, Jordi Cuixat, por llamar a la movilización "conscientes de que dificultarían la intervención policial".
Protestas contra las detenciones de cargos
Cientos de personas se concentraron frente al Palacio de Justicia de Barcelona, sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), para protestar por la operación de la Guardia Civil contra los organizadores del referéndum del 1 de octubre, que el miércoles se saldó con una quincena de detenciones.
La movilización fue convocada anoche por la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, como continuación de la concentración que congregó a unas 40.000 personas frente a la sede del departamento de Economía y Hacienda en Rambla Catalunya.
El Supremo rechaza intervenir las cuentas catalanas
El Tribunal Supremo ha rechazado la suspensión urgente del control de las cuentas de la Generalitat, adoptado por el Gobierno central para evitar la celebración del referéndum del 1 de octubre, que le había solicitado por Podemos.
El citado partido, que considera que esa intervención debería haberse adoptado siguiendo los trámites previstos por el artículo 155, pidió la suspensión cautelarísima de esa medida, por razones de especial urgencia. Las medidas cautelarísimas requieren un pronunciamiento en 48 horas del tribunal.
El Supremo no considera que exista esa necesidad de urgencia y recuerda a Podemos que ni siquiera la Generalitat pidió ese tipo de resolución de urgencia en su recurso contra la citada intervención de Hacienda.
Se trata de la decisión del departamento que dirige el ministro Cristóbal Montoro de pagar directamente a los proveedores con los recursos del sistema de financiación que le corresponden a Cataluña los servicios sociales, la educación, la sanidad y las nóminas de los funcionarios de esa comunidad; y eliminar la disponibilidad del resto de partidas presupuestarias para evitar que ningún gasto vaya dirigido a la organización de la consulta independentista.
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