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Referéndum en Cataluña

Los Mossos trasladan a la Fiscalía que sus órdenes pueden derivar en "alteraciones de orden público"

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Mossos, Policía y Guardia Civil se reúnen para coordinarse el 1-O

El mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha trasladado a la Fiscalía Superior de Cataluña que las diferentes órdenes dadas para impedir el referéndum del 1-O deben aplicarse ajustándose a principios de "oportunidad, proporcionalidad y congruencia" ante el "previsible riesgo de alteraciones de orden público".

Así lo advierte Trapero en un escrito que ha entregado en la Fiscalía Superior de Cataluña durante la reunión de coordinación policial del 1-O, en la que ha alegado que el cumplimiento de las instrucciones del ministerio público por parte de los Mossos "no excluye la responsabilidad profesional de contemplar que aplicarlas puede comportar consecuencias no deseadas".

Antes de la reunión, a la que han asistido también los mandos de la Guardia Civil y la Policía Nacional en Cataluña, el director de los Mossos, Pere Soler, ha asegurado también que la "misión principal" de las policías "es garantizar los derechos, no impedir su ejercicio".

Una unidad de los Mossos d'Escuadra en Cataluña.

Una unidad de los Mossos d'Escuadra en Cataluña. EFE

Interior, satisfecho con el compromiso de los Mossos de precintar los colegios

Por su parte, el Ministerio del Interior ha expresado su satisfacción por el compromiso mostrado por el mayor Trapero de precintar los colegios electorales cumpliendo con la orden de la Fiscalía Superior de Cataluña, según han informado a Europa Press fuentes de este Departamento.

Contrariamente de lo que ocurrió el pasado lunes, Trapero sí ha encabezado la delegación de los Mossos d'Esquadra en la reunión de coordinación.

Por otro lado, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, ha convocado para este jueves a las 12:00 horas la Junta de Seguridad de Cataluña, a la que acudirá el Ministerio del Interior, para tratar la coordinación del dispositivo policial. Una reunión que no ha sido consensuada con el Gobierno central.

La Fiscalía ha ido dando diferentes instrucciones a los diferentes cuerpos: requisar urnas y evitar la consulta, detener a los alcaldes pro referéndum que se nieguen a acudir a declarar, identificar a los responsables de los puntos de votación y, la última: el precinto de los colegios.