La Guardia Urbana de Barcelona custodia las urnas que se usan en otras elecciones

• Las urnas son propiedad del Ministerio de Interior
• La orden procede de la Fiscalía General del Estado
• El TSJC ya ordenó impedir el usos de locales públicos para el 1-O
• Claves del referéndum | Quién es quién | Qué ha pasado desde el 9N
• Ver el especial sobre el referéndum del 1-O

Referéndum en Cataluña: La Guardia Urbana de Barcelona custodia urnas estatales para que no se usen en el 1-O

Una decena de agentes de la Guardia Urbana de Barcelona custodia un almacén municipal en los que hay gran parte del material electoral que se utilizan en las elecciones.

Los agentes vigilan los almacenes desde la noche de este miércoles por orden de la Fiscalía General del Estado. Se trata de una orden previsiblemente anterior a la asunción del caso por parte de la juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Mercedes Armas para coordinar todas las fuerzas de Seguridad del Estado para impedir la votación en el referéndum del 1 de octubre.

Las urnas, propiedad del Ministerior de Interior, están almacenadas en el distrito de San Martí, en Barcelona. Este dispostivo se mantendrá hasta que se pueda garantizar que el material electoral no será utilizado durante el 1-O

El TSJC ordena impedir el uso de locales públicos para el 1-O

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha ordenado a los Mossos d'Esquadra, la Guardia Civil y la Policía Nacional que impidan la utilización de locales o edificios públicos para la preparación del referéndum independentista del 1 de octubre suspendido por el Tribunal Constitucional y que obliguen a cerrar los que se hubieran podido abrir para la votación.

En un auto, la magistrada del alto tribunal catalán Mercedes Armas, que investiga al Govern por convocar el referéndum suspendido por el Constitucional, acordó esta medida cautelar, en la que también ordena requisar todo el material relacionado con el 1-O [ver quién es quién en el referéndum] que pueda hallarse en el interior de esos locales públicos.

La decisión se ha producido el mismo día en que el mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, avisó de la dificultad de cerrar centros públicos en funcionamiento, como centros de salud o geriátricos, y se ha quejado de que fuera el fiscal, y no un juez, quien estuviera ordenando el cierre de los centros.