El Gobierno usará todos los mecanismos legales a su alcance para impedir una declaración de independencia
- Catalá confirma que no descarta recurrir al art. 155 de la C.E.
- Afirma que todas las fuerzas constitucionalistas deben ponerse a trabajar
- Califica de ejemplar la actuación de la Policía y Guardia Civil durante el 1-O
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El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha dicho que el Gobierno no descarta utilizar el artículo 155 de la Constitución Española [Qué dice realmente el art. 155] y todos los mecanismos que la Constitución y las leyes le otorgan al Gobierno para impedir que el Govern declare la independencia de Cataluña
"Nuestra obligación es resolver problemas. No estamos aquí para dividir a los españoles, estamos para servir el interés general y por lo tanto tendremos, aunque en ocasiones nos preocupe tomar medidas muy importantes, pero lo más importante todavía es garantizar que España es un Estado de Derecho, que se cumplen las leyes, y si alguien pretende declarar la independencia de una parte del territorio respecto de España, como no puede, porque no está dentro de sus competencias, pues habrá que hacer todo lo que la ley permite para que esto sea así".
Catalá ha dejado claro que la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad fue ejemplar respecto a las críticas por la violencia de su intervención que dejó más de 800 heridos. Ha dicho que actuaron con proporcionalidad, mesura y solo usaron la fuerza en casos extremos y sin embargo, sí recibieron mucha agresividad y tensión.
El ministro ha dicho que ahora todas las fuerzas constitucionalistas tienen que ponerse a trabajar cuanto antes, en referencia a reunión entre el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez y después con el líder de Ciudadanos, Albert Catalá.
Además, ha añadido que habrá que investigar las denuncias presentadas contra los Mossos por inactividad en su cumplimiento de su función de policia judicial.
El ministro ha explicado que se hubo locales abiertos para votar porque las fuerzas y cuerpos de seguridad consideraron que las consecuencias de usar la fuerza para cerrar un local eran más graves que dejarlo abierto.