Las iniciativas de mediación caen en saco roto ante la posible declaración unilateral de independencia

• Tras el referéndum, aumentan las voces que piden un mediador en el conflicto
• PDeCAT y ERC aceptan la mediación sin descartar la declaración unilateral
• El Gobierno no acepta ni mediación ni negociación en un marco "fuera de la ley"
• El lehendakari se ofrece a mediar y Gobierno y Govern hablan con la Iglesia
• Sigue en vivo y en directo la actualidad sobre la crisis en Cataluña

Rajoy y Puigdemont, en la reunión mantenida en agosto por los atentados de Barcelona.

La palabra 'mediación' ha tomado fuerza en los últimos días dentro de la crisis sin precedentes que vive Cataluña y España ante el desafío soberanista de la Generalitat, que no aclara si este lunes hará efectiva la declaración unilateral de independencia.

Han sido varias las propuestas para mediar con el fin de dar salida al conflicto como tercera vía ante el desencuentro absoluto entre Gobierno y Govern.

Este mismo jueves, el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, insiste en que la mediación "aún es posible", aunque sin dar marcha atrás en sus aspiraciones secesionistas. Y en ese marco de "ilegalidad", el Gobierno se niega a hablar.

Precisamente, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha pedido este jueves al presidente catalán, Carles Puigdemont, que renuncie a la independencia para evitar "males mayores".

Si el Parlament da el paso definitivo y se materializa la independencia el día 9 de octubre, se abre un escenario inédito que aboca a la aplicación del artículo 155 de la Constitución. El PP no lo descarta y el único partido que pide "ya" su aplicación "urgente e inmediata" es Ciudadanos, con un PSOE que sigue sin definirse con total claridad sobre si apoyaría ese marco de suspensión de autonomía 'de facto'.

Podemos, IU, PDeCAT, ERC y PNV abogan por un mediador pactado

Entre las iniciativas que defienden sentar en una mesa a Rajoy y a Puigdemont está la de la mesa de partidos que entienden España como un Estado plurinacional, formada por Podemos, IU, PDeCAT, ERC, PNV, En Marea y Compromís. Plantean como solución tanto al presidente del Gobierno como al de la Generalitat que se sienten a negociar bajo el amparo de un mediador o equipo de mediadores, pactado por ambos lados, que desbloquee el diálogo entre ambos gobiernos, roto por completo.

Los partidos que forman Junts pel Sí- PDeCAT y ERC-, impulsores de la contingente declaración unilateral de independencia en el Parlament, aceptan esta posible mediación externa, pero el Gobierno se opone porque no va a negociar ningún "chantaje" ni ninguna "ilegalidad", tal y como dijo este miércoles la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.

Así, las fuerzas soberanistas piden dialogar pero, a la vez, no se bajan de su ruta independentista y hasta que no se retire la declaración unilateral y la Generalitat "vuelva a la legalidad y a la Constitución", el Gobierno ha dejado claro que no se sentará con Puigdemont.

En este sentido, el PSOE coincide en que "no se puede apelar al diálogo" al mismo tiempo que se mantiene el desafío secesionista, por lo que pide la retirada de la eventual declaración de separación. Desde Ciudadanos dicen que si la mediación en Cataluña es para convencer a Puigdemont de que no incumpla la ley les parece bien, pero no admiten "chantajes".

Otras opciones: mediador lehendakari o mediador eclesiástico

Ha habido otras propuestas de mediación: por un lado, el lehendakari vasco, Íñigo Urkullu, se ha ofrecido al presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, para propiciar una mediación europea; y por otro, el propio Govern busca la mediación del arzobispo de Barcelona y el abad de Monserrat.

La Iglesia ha entrado de lleno en un conflicto que salpica ya a absolutamente todas las instituciones del Estado ya que esta misma semana Rajoy también se ha reunido con el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, y el cardenal Omella para tratar este asunto.

El PSOE rechaza un mediador externo como la Iglesia y dice que cualquier solución política tendrá que venir de la mano de las fuerzas con representación en el Congreso. Albert Rivera también ha pedido a la Iglesia que "no se meta en política".

Incluso el Consejo Evangélico de Cataluña, que agrupa a las comunidades protestantes, se ha ofrecido este jueves para mediar entre los gobiernos de España y Cataluña y se ha sumado a los llamamientos al diálogo para encontrar una solución "pactada".

Puigdemont insiste en la necesidad de mediador pero mantiene su fin

Carles Puigdemont ha pedido ya en dos ocasiones, tras la celebración del referéndum ilegal del 1-O, una "mediación" para un conflicto que él considera "internacional".

Arrancó esta semana reclamando precisamente una "mediación internacional apadrinada por la UE" para evitar una "ruptura traumática" y, en su última declaración institucional, en la noche de este miércoles, abogó por una "mediación" a secas pero dejó claro que no se mueve "ni un milímetro" de su objetivo: la independencia.

La Comisión Europea rechaza cualquier labor de mediación de las instituciones, aunque sí apuesta por el "diálogo" y matiza: en el marco de la ley, poniéndose del lado del Ejecutivo central.

Sin la posibilidad de que ambos 'bandos' hablen, puesto que la Generalitat sigue adelante con sus pretensiones de declarar la independencia y el Gobierno, en ese marco, no tiene "nada que negociar", los unos y los otros se miran ya sólo en la lógica de la acción y la reacción.

La propuesta de Colau: una plataforma de diálogo bajo paraguas de la Comisión

La última propuesta para aliviar las tensiones entre la Generalitat y el Gobierno de Mariano Rajoy ha sido de Ada Colau. La alcaldesa de Barcelona ha propuesto a una veintena de cónsules de la Unión Europea crear un grupo operativo -task force- bajo el paraguas de la Comisión Europea

Ha explicado que no se trata de una "mediación" entre la Generalitat y el Gobierno, sino un espacio de "diálogo" que puede ayudar a resolver el conflicto en Cataluña. Se trataría, ha dicho, de un grupo de trabajo con representación de expertos y parlamentarios pero también administraciones como los ayuntamientos de Madrid y Barcelona si se considera que son "útiles", en un momento en que ambas ciudades y sus alcaldesas mantienen una relación institucional muy estrecha.