Cristina Fernández es imputada por supuesto encubrimiento de terroristas en la causa que abrió Nisman

• Un juez cita a declarar como investigada a la expresidenta argentina el día 26
• Otras 14 personas están también imputadas en el marco de la misma causa
• Se investiga el acuerdo con Irán de 2013 sobre el atentado de la mutua AMIA
• Es el mismo caso en el que trabajaba el fiscal Alberto Nisman, muerto en 2015

Cristina Fernández, durante el acto en el que anunciaba su candidatura al Senado.

La expresidenta de Argentina Cristina Fernández ha sido citada a declarar ante un juez federal el próximo 26 de octubre como investigada por el supuesto encubrimiento de los terroristas iraníes acusados de atentar contra la mutua judía de la AMIA en 1994, una causa abierta por la denuncia que presentó en 2015 el fiscal Alberto Nisman, pocos días antes de morir en circunstancias que aún se investigan.

El magistrado federal Claudio Bonadio ha citado a un total de 15 imputados, a quienes les ha prohibido que salgan del país; entre ellos se encuentran, además de Cristina Fernández, que deberá acudir a los tribunales el 26 de octubre próximo, el exministro de Exteriores, Héctor Timerman, y el exsecretario de la Presidencia, Carlos Zanini.

Bonadio accede así a la petición del fiscal Gerardo Pollicita, que el 7 de septiembre pasado solicitó la citación de los imputados, a los que acusó de una "grave violación a los derechos humanos" por un "encubrimiento por favorecimiento personal agravado por tratarse el hecho precedente de un delito de lesa humanidad".

Nisman, de quien todavía se desconoce si se suicidó o fue víctima de un homicidio -como sostiene su familia-, era el fiscal especial del atentado contra la mutua judía AMIA de Buenos Aires, que en 1994 dejó 85 muertos y sigue impune. Cuatro días antes de aparecer con un tiro en la cabeza en su casa, presentó una denuncia contra los ahora imputados en la que argumentaba que el acuerdo firmado entre Argentina e Irán en 2013 para investigar conjuntamente el atentado buscaba, en realidad, encubrir a los sospechosos del ataque.

Causa reabierta

Cristina Fernández y su entorno siempre han negado ese extremo, y la denuncia de Nisman fue desestimada por "inexistencia de delito" en 2015. Sin embargo, la justicia reabrió el caso a finales de 2016, lo que llevó, en septiembre de este año, al fiscal Gerardo Pollicita a solicitar al juez Bonadio las comparecencias de las 15 personas imputadas este lunes.

"El accionar criminal denunciado [por Nisman] fue orquestado y puesto en funcionamiento por las altas autoridades del anterior Gobierno, puntualmente por la expresidenta (2007-2015) y el exministro, quienes a su vez contaron con la colaboración activa de distintos funcionarios públicos", remarcaba Pollicita en su petición.

La Fiscalía cree que el acuerdo con Irán pretendía que las restricciones que afectaban la libertad de los acusados iraníes fueran "suspendidas", lo que haría que las órdenes de detención cursadas por Interpol para cinco de los ocho imputados "ya no tendrían razón de ser".

El juez, además, decidió el 11 de septiembre unir el expediente a otra causa que está a su cargo por los mismos hechos abierta en diciembre de 2015. En este caso, la investigación responde a una denuncia por parte de varios ciudadanos que acusaban de "traición a la patria" a los altos cargos del anterior Gobierno -entre ellos, Cristina Fernández- que aprobaron el memorándum con Irán, al considerar que el Ejecutivo traicionó no solo a la comunidad judía en Argentina sino también a su propio país.

La Justicia argentina reabre la denuncia de Nisman contra la expresidenta Cristina Fernández

Fernández se dice víctima de una persecución

El acuerdo bilateral nunca fue ratificado por Irán y, en Argentina, aunque fue aprobado en el Congreso, fue declarado después inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia. Con todo, entre los acusados por la Justicia argentina se encuentran varios ex altos funcionarios iraníes, como el exministro de Exteriores Alí Akbar Velayatí, si bien hasta ahora Irán no ha colaborado con su extradición a Argentina.

También están citados por el juez Bonadio el anterior jefe de la Agencia Federal de Inteligencia, Oscar Parrilli; el diputado y secretario general de La Cámpora, las juventudes kirchneristas, Andrés Larroque; la exprocuradora del Tesoro Angelina Abbona; el sindicalista Luis D'Elía; y el dirigente político Fernando Esteche.

"Lo que revela esta acusación es que se ha terminado el Estado de derecho en la República Argentina y que los fiscales y jueces pueden firmar cualquier cosa que le manden de la Casa Rosada [sede del Gobierno nacional]", se defendía a principios de septeimbre Cristina fernández, que se considera víctima de una persecución política y judicial.

Al margen de está imputación, Cristina Fernández está acusada por la Fiscalía en varias causas más y procesada en tres, dos de ellas por presuntos delitos de corrupción. Pese a todo, es candidata al Senado por la provincia de Buenos Aires para las elecciones del 22 de octubre y, si obtiene el apoyo en las urnas -como apuntan las primarias de agosto, en la que fue la más votada en su distrito-, la expresidenta pasaría a ser aforada.