Reabierto el proceso penal por la venta de pisos sociales de Madrid a un fondo buitre en el mandato de Ana Botella

• La Audiencia Provincial de Madrid atiende los recursos del PSOE municipal y la Asociación de Afectados
• Considera que un informe de la Cámara de Cuentas aporta datos relevantes
• Podrían haberse cometido delitos de prevaricación, malversación y fraude

Patio de un edificio de protección social en Madrid

La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado la reapertura del procedimiento penal por la venta de pisos sociales de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) al fondo de inversión Fidere en 2013 durante el mandato de Ana Botella, del PP. Este procedimiento fue archivado en 2015, después de que fuera admitida a trámite la denuncia presentada en agosto de 2014 por el PSOE.

La Sección 30 de la audiencia madrileña ha adoptado esta decisión a partir de los recursos de apelación interpuestos por el Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Madrid y la Asociación de Afectados por la Venta de Suelo de la EMVS, que se apoyaban en un informe de la Cámara de Cuentas sobre esa operación inmobiliaria.

En el auto se indica que no puede haber sospecha de "partidismo" en el informe de la Cámara de Cuentas, el cual -aunque no fija de forma definitiva y vinculante nuevos hechos- "aporta datos inexistentes en las actuaciones archivadas y que ahora aparecen con un brillo relevante".

Posibles delitos de prevaricación, malversación y fraude

El sobreseimiento provisional de este caso, que fue "oportuno" en 2015, "resulta imposible de mantener ahora por la eventual presencia de delitos de prevaricación, malversación y fraude", concluye el auto.

Entre esos datos relevantes la Audiencia señala que se pone de manifiesto que la venta se produjo sin fijar con carácter previo el valor de los inmuebles a enajenar, que fue el comprador y no la EMVS la que fijó el precio de venta de las viviendas y que el precio fue objetivamente inferior al precio que podría obtenerse e incluso al mero valor contable de las viviendas.

Además, tampoco existió competencia real de eventuales compradores dada la información privilegiada que con carácter previo al acuerdo de la venta tuvieron cuatro compañías, entre ellas la adjudicataria Magic Real State (que después cedió sus derechos a Fidere), añade.