Artículo 155, sí, pero... ¿cómo?

• Gobierno y PSOE estudian el alcance de aplicar el 155 sobre el Parlament
• Barajan que el control sobre el posible poder provisional lo ejerza el Senado
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El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros del pasado 11 de octubre.

El Gobierno ya ha decidido tirar adelante con la aplicación del artículo 155 de la Constitución como último recurso para restaurar la legalidad y el autogobierno vulnerados en Cataluña, una vez que "ha constatado" la negativa del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a "atender el requerimiento" y a aceptar los cauces de diálogo que se habían ofrecido a través del Congreso y una reforma constitucional.

De la mano del PSOE y con el apoyo de Ciudadanos, Mariano Rajoy tiene sobre la mesa una hoja en blanco y ninguna referencia. Tiene el 'qué', tiene el 'cuándo' -lo establecen los trámites que fija el Reglamento del Senado-, pero le falta dar con la clave del 'cómo', que tendrá que definir con exactitud en el consejo de ministros extraordinario convocado para este sábado.

Una a una, en sucesivos contactos incrementados tras el mensaje televisado del rey, los responsables del Ejecutivo y del PSOE han ido descartando alternativas, como la Ley de Seguridad Nacional o las posibilidades que ofrecía la ley relativa a los estados de alarma, de excepción o de sitio. Ahora que el devenir de los acontecimientos en Cataluña hace inevitable tener que aplicar una medida jurídica coercitiva, el balance de pros y contras ha llevado a inclinarse por el artículo 155.

Lo que tienen claro tanto el Gobierno como el PSOE -y este lo ha convertido en condición sine qua non de su apoyo a Mariano Rajoy- es que el alcance de las medidas debe ser lo más "breve" y "limitado" posible. Precisión "quirúrgica", se han demandado a sí mismos para aplicar un artículo constitucional copiado de la legislación alemana creado ex profeso para situaciones de este tipo pero que nunca se ha aplicado, ni aquí ni allí.

Junqueras, ¿el primer afectado?

También es cierto que algunas de las medidas que podrían adoptarse vía 155 ya se han hecho a través de la prerrogativa de control presupuestario que tiene el Gobierno sobre las comunidades autónomas, que ya le ha llevado a ejercer el seguimiento y control de las cuentas públicas catalanas y a abrir una cuenta en el Banco de España para la administración de los fondos remanentes de la financiación autonómica.

Las primeras medidas del artículo 155 podrían actuar directamente sobre las competencias del vicepresidente catalán y conseller de Hacienda, Oriol Junqueras. En aplicación de este artículo, el Ministerio de Hacienda contempla la salida de Junqueras para ser sustituido por una persona con un perfil técnico, con conocimientos del funcionamiento de la Hacienda. También se aumentaría el control sobre otros aspectos como lo es la recaudación de la Generalitat.

La intervención de Hacienda abarcaría también la posible convocatoria de unas elecciones autonómicas en Cataluña, la haga Puigdemont o no, para habilitar los preceptivos gastos electorales. El objetivo final de toda esta asunción de competencias económicas por parte del Estado sería el de garantizar que los recursos económicos que gestiona la Generalitat sean utilizados dentro de la legalidad constitucional, además de para mantener los servicios públicos esenciales.

¿Qué magnitud debe tener la intervención en el Govern?

Junto a la intervención en la Hacienda catalana, también parece descontado que el Estado asuma el control de los Mossos d'Esquadra, bajo sospecha desde antes del 1-O, y con el mayor Josep Lluís Trapero y su teniente imputados por sedición en la Audiencia Nacional. Ello conllevaría también la sustitución del director, Pere Soler, y quizá consecuentemente la del conseller de Interior, Joaquim Forn, uno de los miembros del Govern más afines al independentismo y al que Puigdemont puso en julio al frente del departamento en lugar del más moderado Jordi Jané.

Mención aparte merece la figura del presidente, Carles Puigdemont. Si el objetivo declarado de la aplicación del 155 es convocar elecciones en Cataluña, el jefe del Govern es una incógnita -o un obstáculo- que hay que despejar, ya que es quien tiene la competencia para convocar elecciones. Para que esas elecciones tuvieran lugar antes de fin de año (el 17 de diciembre), Puigdemont debería convocarlas antes del próximo martes 24.

Aquí la cuestión jurídica puede estribar -la apuntaba el catedrático Javier García Fernández en un artículo en El País- en si el Estado sustituye al presidente de la Generalitat y asume sus funciones o solo interviene en esa prerrogativa electoral, entendiendo que esta pasa al Gobierno desde el momento en que Puigdemont se ha situado fuera de los márgenes constitucionales y estatutarios.

En todo caso, Puigdemont podría quedar como presidente nominal, pero sin competencias y sin un equipo de gobierno. Incluso, en el tiempo que resta hasta que el Senado tramite y valide la aplicación del artículo 155, el presidente de la Generalitat tendría un tercer plazo -aunque ya ha desechado dos- para decidirse él a convocar elecciones, aunque fuera bajo la etiqueta de "constituyentes", aunque esta es una posibilidad remota.

En caso de intervenir unas cuantas consejerías clave o sustituir a todo el Govern -ya que todos sus miembros han respaldado la hoja de ruta independentista-, se ha de decidir qué forma adoptaría un eventual gabinete provisional que asuma el autogobierno catalán. ¿Un ministro coordinador al estilo del que se nombró en el Reino Unido en tiempos de Tony Blair para los acuerdos de paz del Ulster? ¿Un gabinete de técnicos expertos en las áreas que correspondan?

Esas son algunas de las posibilidades que se barajan y que abren el abanico aun antes de descender a los nombres, entre los que se han barajado en los medios al actual delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, o al exministro socialista Josep Borrell.

¿Qué hacer con el Parlament?

El 'nudo gordiano' de las negociaciones del Gobierno y el PSOE ahora mismo es el alcance que debe tener la aplicación del 155 sobre el Parlamento catalán.

No se trata de que quieran disolver el Parlamento autonómico, explican fuentes del Gobierno a Europa Press, algo que se producirá cuando se convoquen las elecciones en Cataluña. Además, disolver la Cámara es algo muy complicado jurídicamente y que podría tener un coste político demasiado elevado, en perjuicio de una intervención que se pretende lo más corta posible.

Pero también admiten que si el Parlamento catalán mantiene sus actuales capacidades, la mayoría independentista de Junts pel Sí y la CUP podría obstaculizar las iniciativas que se presentaran. Por lo tanto, se plantea la necesidad de delimitar el papel del Parlament, amparándose en la excepcionalidad de la situación que generará aplicar el 155.

Así, desde el Ejecutivo consideran que el Parlament no puede tener la capacidad de controlar la actividad del poder provisional que sustituya al actual de la Generalitat. Entre otras razones, argumentan, porque la legitimidad de ese gobierno provisional no emanará del Parlamento catalán, sino del Senado, que será quien autorice la aplicación de las medidas que proponga el Gobierno. En consecuencia, y en ese caso, serían las Cortes, a través de la Cámara Alta, las que ejercerían el control sobre el poder legislativo catalán

Ello no impediría que el Parlamento catalán ejerciera sus funciones de propuesta legislativa, siempre y cuando lo haga dentro del marco legal y constitucional. Un escenario que no contesta todas las preguntas en torno a los posibles y conflictos y que requiere un análisis meticuloso en el se hallan los expertos de PP y PSOE.

Dos viejos 'fontaneros' ayudan en la estrategia

Pedro Arriola y José Enrique Serrano, veteranos asesores políticos de PP y PSOE EFE

Y en la 'war room' de todas estas negociaciones entre PP y PSOE destaca la presencia de dos 'fontaneros' de los de toda la vida, Pedro Arriola y José Enrique Serrano, que han trabajado en la sombra como muñidores del acuerdo de 155 junto a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y la exministra socialista Carmen Calvo, actual secretaria de Igualdad en el equipo de Pedro Sánchez.

Sáenz de Santamaría, también ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, ha liderado por parte del Ejecutivo la negociación técnica relativa a este precepto constitucional, que no se ha aplicado nunca en 39 años de democracia, con la ayuda de una de sus personas de máxima confianza, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón.

Por parte del PSOE, Carmen Calvo ha sido la que ha llevado el peso de las conversaciones más jurídicas, acompañada por la diputada del PSC Meritxell Batet, también experta en derecho constitucional, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias.

Y ayudando a ambos equipos, los dos veteranos y expertos negociadores que han trabajado en los fogones de muchos pactos políticos de envergadura en las últimas décadas. Arriola ha sido asesor del PP desde 1989, destacando como analista y estratega electoral junto a José María Aznar y Mariano Rajoy. Por su parte, Serrano es diputado y ha sido jefe de gabinete tanto de Felipe González como de José Luis Rodríguez Zapatero. Además, su nombre se baraja para presidir la comisión creada en el Congreso para revisar el modelo territorial ante la negativa inicial del PNV a presidirla.