Cuixart alega ante la Audiencia Nacional que medió para permitir salir a la Guardia Civil de la consellería de Economía

• En ningún momento la protesta iba encaminada a impedir los registros, afirma
• La defensa del presidente de Òmnium Cultural dice que no hay riesgo de fuga

El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, el pasado 16 de octubre a su llegada a la Audiencia Nacional.

La defensa del líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha pedido a la Audiencia Nacional que lo deje en libertad alegando que medió para que los manifestantes permitieran salir a la Guardia Civil de la consellería de Economía y que la protesta fue convocada por múltiples entidades, no solo por la suya.

La abogada de Cuixart, Marina Roig, presentó este sábado por la noche ante la sala de lo penal de la Audiencia Nacional un recurso contra la orden de la juez Carmen Lamela de enviarlo a prisión preventiva, por un delito de sedición, a raíz de la concentración de los pasados 20 y 21 de septiembre ante el Departamento de Economía, que dejó retenidos a agentes de la Guardia Civil que practicaban un registro por orden judicial.

En su recurso, el líder de Òmnium argumenta que él mismo se encargó de mediar para que los agentes pudieran abandonar el edificio -lo que hicieron a partir de las 4 de la madrugada, tras más de 20 horas en la sede de Economía- y que en ningún momento la protesta iba encaminada a impedir los registros policiales.

En cualquier caso, tal y como arguyó en su recurso Jordi Sánchez, líder de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Cuixart precisa ante la Audiencia que la movilización ante la consellería no había sido convocada solo por ambas asociaciones soberanistas, sino por "multiplicidad de entidades", por lo que la protesta se englobaba en un "movimiento social más amplio".

El recurso de Cuixart también cuestiona los supuestos legales en que la juez Carmen Lamela basó su decisión de dictar prisión provisional para los líderes de la ANC y de Òmnium: riesgo de destrucción de pruebas, de fuga y de reiteración delictiva.

No hay riesgo de fuga, dice su defensa

Para la abogada, el riesgo de fuga no está justificado, puesto que Cuixart tiene un empleo y domicilio conocido, circunstancias que la magistrada sí tuvo en consideración para dejar en libertad provisional al mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, y que, según el recurso, deberían aplicarse en el caso del líder de Òmnium en aplicación del "principio de igualdad".

Respecto al riesgo de destrucción de pruebas, la abogada considera que la juez no puede tener en cuenta ese supuesto, dado que el fiscal no lo esgrimió cuando pidió el ingreso en prisión provisional de Sánchez y Cuixart. La abogada también pone en entredicho el riesgo de reiteración delictiva que argumentó la magistrada, porque a su entender no está debidamente concretado en el auto de ingreso a prisión.

El recurso adjunta varios vídeos de la concentración celebrada el pasado 20 de septiembre a las puertas de la consellería, en que Cuixart llama a los manifestantes a "aislar" a aquellas personas en quienes detectaran una conducta "violenta o provocativa".

En otros vídeos, se aprecia cómo Cuixart apela a la "resistencia pacífica", disuelve la concentración ya al anochecer y pide a los concentrados que "tranquilamente" dejen hacer a la policía su trabajo.

El recurso ante la Audiencia Nacional incluye también imágenes del cordón de seguridad que voluntarios de las entidades soberanistas montaron en la concentración para facilitar la salida de los agentes de la Guardia Civil y la comitiva judicial por ese corredor, que finalmente los funcionarios no utilizaron.

Jordi Sánchez alega "constantes esfuerzos" para una movilización pacífica

El pasado viernes 20 de octubre, el líder de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, alegó ante la Audiencia Nacional sus "constantes esfuerzos" para garantizar que la concentración ante el Departamento de Economía fuera pacífica, aunque admite que solo podía controlar a los manifestantes que la entidad había convocado.

Prueba de ello es que la ANC "contaba con la asistencia de 2.000 personas, no con la de más de 40.000, como finalmente ocurrió", prosigue el escrito, que desvincula a las entidades soberanistas de las concentraciones "realizadas espontáneamente por ciudadanos indignados" en otros puntos de Cataluña donde la Guardia Civil estaba practicando registros por orden judicial.

En el recurso, a que tuvo acceso Efe, Jordi Pina, abogado de Sánchez, insiste en que la ANC ha promovido, a lo largo de su trayectoria, "movilizaciones ciudadanas pacíficas, que, pese a congregar a millones de personas en las calles, no han propiciado ni una sola acción violenta para las personas o los bienes".

El abogado también cuestiona en su recurso que se atribuya un delito de sedición a Jordi Sànchez y apunta que "la independencia de una parte del territorio del Estado español no se consigue manifestándose varios miles de personas durante algo más de 24 horas ante las dependencias de la consellería de Economía" ni obstaculizando un registro de la Guardia Civil.