La trama Gürtel hizo de los sobornos un "modo de vida" y financió al PP, según la fiscal del caso

• Anticorrupción afirma que hizo de sobornos a cargos del PP un "modo de vida"
• También considera que la trama sirvió para financiar al PP
• Considera probado que el grupo de empresas se creó expresamente para "delinquir"
• Concluye que la trama se creó para el "desfalco sistemático" de las arcas públicas

La Fiscalía concluye que Gürtel buscaba "contratos públicos a cambio de sobornos a funcionarios y autoridades del PP"

La trama Gürtel era una "actividad duradera para delinquir" que buscaba su enriquecimiento mediante la consecución de "contratos públicos a cambio de sobornos a funcionarios y autoridades del PP", algo de lo que hizo "un modo de vida" y sirvió para financiar a este partido.

Así lo ha señalado este lunes en su informe final la fiscal Concepción Sabadell, quien ha señalado que la red liderada por Francisco Correa se creó para el "desfalco sistemático" de las arcas públicas, con lo que "dañó gravemente el interés general".

La Fiscalía Anticorrupción ha subrayado este lunes ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga a los 37 acusados por participar en la primera época de la trama -denominada Época I: 1999-2005- que la trama "esquilmaba las arcas públicas" mediante la adjudicación irregular de contratos a cambio de una comisión "del 3 o el 4%" del monto total.

"Tras una ardua y compleja instrucción y un complejo juicio -que empezó hace más de un año- acorde con la actividad de los acusados se han confirmado los indicios y se han comprobado los hechos con una abrumadora y contundente prueba" incriminatoria para los acusados, ha comenzado diciendo la fiscal, tal y como recoge Efe.

En este sentido, ha recordado que el propio Correa, para quien la fiscal pide la máxima pena, 125 años de prisión, "involuntariamente" habló del "sistema" para referirse a su intermediación entre cargos públicos y empresas y asegurar la adjudicación de contratos a cambio de ese 3 o 4% de comisión, "lo que fue un modo de vida duradero de esta organización constituida para delinquir", señala la misma agencia.

La fiscal ha destacado que los acusados crearon "un entramado societario y usaron "una caja B, una tesorería oculta, que se nutría de ingresos de las sociedades del grupo de Correa y de comisiones ilegales y que generaba dinero negro opaco a Hacienda para sobornos a autoridades públicas, en dinero en metálico o en forma de viajes pagados".

El sistema, según la fiscal Sabadell, "se instaló, se enraizó y se extendió a diferentes entidades y municipios", recoge Servimedia, sobre todo de la Comunidad de Madrid, entre los que destacan los Consistorios de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón.

Financiar y ahorrar costes al PP

En el caso de Majadahonda ha dicho que "es un claro ejemplo de cómo una organización parasita un Ayuntamiento" para beneficio de sus integrantes y para "financiar y ahorrarle costes al PP".

La fiscal ha indicado que los implicados, entre ellos el exalcalde Guillermo Ortega, para quien pide 50 años de prisión,  "usaron el ayuntamiento para su puro enriquecimiento personal y decidían qué se contrataba, a quién y por qué precios", dejando fuera a todas las personas que no participaban en el entramado.

En el caso de Pozuelo de Alarcón, la fiscal ha relatado que el exconcejal Roberto Fernández, para quien pide once meses de prisión, "dijo cómo se contrataba en ese Ayuntamiento cuando era alcalde Jesús Sepúlveda, quien seleccionaba las empresas adjudicatarias para adecuar luego los trámites a las mismas".

Gürtel consiguió contratos públicos por ocho millones de euros

Gürtel consiguió contratos públicos por ocho millones de euros por los que se pagaron más de un millón en comisiones, según el Ministerio Público, dinero este último con el que se lucraron los cargos públicos corrompidos. Para Anticorrupción ha quedado probado que la Gürtel buscaba un "enriquecimiento con el abuso de las funciones públicas de algunos de los acusados", según recoge Europa Press.

Entre ellos se encuentran exalcaldes populares como Guillermo Ortega (Majadahonda) y Jesús Sepúlveda (Pozuelo de Alarcón); el extesorero del PP Luis Bárcenas; o el exsecretario de Organización del PP de Galicia Pablo Crespo, considerado 'número dos' de la trama. "Una actuación aún más reprochable" si se tiene en cuenta que las entregas de dinero a "cargos públicos" provenía del dinero que la trama estaba "gestionando" con estos negocios, ha añadido, señala la misma agencia.

Tras todo esto, la fiscal Sabadell ha afirmado que "se eliminó el trato justo y equitativo que merecían otras empresas", ya que al adjudicarse los contratos públicos a las empresas de Correa "se anuló por tanto cualquier posibilidad de competencia real".

Rebaja la pena de cárcel que pide a Bárcenas hasta los 39 años y medio

A la sesión de este lunes, la número 114, han asistido todos los acusados, después de que el tribunal les obligase a escuchar los alegatos finales de todas las partes. Un año después de su inicio, el 4 de octubre de 2016, toca a su fin la vista oral del caso de presunta corrupción política que llevó al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a declarar como testigo.

La Fiscalía pide para el cabecilla de la red, Francisco Correa, un total de 125 años y un mes de cárcel, si bien ha solicitado al tribunal que tenga en cuenta su declaración en la que hizo revelaciones importantes a la hora de dictar sentencia y le rebaje la pena, según informa Europa Press.

Correa afirmó que algunas constructoras recurrieron a sus servicios para que mediase por ellas ante los ministerios de Fomento y Medio Ambiente a cambio de comisiones de entre el 2 y el 3% abonadas al extesorero del PP Luis Bárcenas, una afirmación que llevó al juez de la Audiencia Nacional José de la Mata a reabrir el caso sobre la caja B del PP.

Para quien sí ha rebajado la petición de prisión hasta los 39 años y seis meses (antes se enfrentaba a 42 años y medio) ha sido para el extesorero del PP Luis Bárcenas, a quien le ha retirado la acusación por uno de los delitos contra la Hacienda Pública que en principio le atribuía.

Para Pablo Crespo, exsecretario de Organización del PP gallego y mano derecha de Correa en la trama, solicita 85 años de prisión. Para el representante de la Gürtel en Valencia, Álvaro Pérez 'El Bigotes', el Ministerio Público pide cinco años y dos meses de cárcel.

Tanto el Partido Popular como la exministra de Sanidad, Ana Mato, figuran como partícipes a título lucrativo al beneficiarse de las actividades de la Gürtel. Las sesiones del juicio concluirán este mes de octubre y está previsto que el juicio quede visto para sentencia el 10 de noviembre.

También ha rebajado la petición de pena para los tres acusados que confesaron los hechos en el juicio. Se trata del empresario Jacobo Gordon, para el que pide cinco meses de prisión por blanqueo de capitales; el exconcejal de Pozuelo de Alarcón (Madrid) Roberto Fernández, para quien solicita 11 meses por fraude y malversación, y el constructor Alfonso García Pozuelo, al que pide dos años por cohecho.