La Fiscalía considera acreditado que Mato y el PP se beneficiaron de las comisiones que cobró Sepúlveda de Gürtel

• Sepúlveda fue alcalde de Pozuelo de Alarcón y marido de la exministra Ana Mato
• Asegura que se desconoce el paradadero de 4,1 millones que ocultó Bárcenas
• También considera que los acusados atentaron contra el Estado de derecho

Vista de un monitor de la sala de prensa de la Audiencia Nacional, durante el juicio del caso Gürtel.

La fiscal Concepción Sabadell ha asegurado este miércoles durante el juicio del caso Gürtel que Jesús Sepúlveda, exmarido de la exministra de Sanidad Ana Mato, cobró comisiones por adjudicaciones dentro de la trama, valiéndose de que fue senador y alcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid), de las que también se benefició su exposa y el PP.

La representante del Ministerio Público ha seguido este miércoles, por tercer día consecutivo, exponiendo su informe final respecto a los 37 acusados del caso.

Sobre Mato, la fiscal ha afirmado que "ha quedado acreditado que se benefició de los fondos obtenidos por Sepúlveda", ya que la supuesta división de gastos particulares y familiares y que tenían cuentas corrientes individuales, según explicó la exministra durante su declaración se contradice con la documentación que obra en el sumario.

Por ello, mantiene su reclamación de que sea condenada a pagar, como partícipe a título lucrativo 28.467,53 euros.

En cuanto al PP, también acusado como partícipe a título lucrativo, ha dicho que ha resultado beneficiado con 111.864,32 euros y ha insistido en que no se ha lucrado de las actividades de la Gürtel el grupo municipal.

Según ha explicado, la formación política se ha aprovechado de la "actividad delictiva" de Sepúlveda en relación a los actos de campaña electoral de 2003 o la reforma del despacho cuando éste entró en la Alcaldía de Pozuelo de Alarcón.

Según Sabadell, está acreditado que los apuntes J.S. como perceptor de dinero procedente de comisiones a cambio de adjudicaciones públicas que aparecen en la documentación incautada a la red liderada por Francisco Correa corresponden a Jesús Sepúlveda, pues era el "que decidía a qué empresa había que contratar".

Además, señala que el exalcalde de Pozuelo "cobró en efectivo y en especie", ya que Correa le pagó un coche Jaguar y el renting de un vehículo Range Rover, así como también pagó gastos familiares del matrimonio Sepúlveda y Mato como viajes, una comunión y cumpleaños.

Cuatro millones de euros en paradero desconocido

Por otro lado, la fiscal también se ha referido a los 4,1 millones de euros de los diez millones que el extesorero del PP Luis Bárcenas ocultó en cuentas bancarias en Suiza, un dinero del que, según la fiscal, se desconoce su paradero.

Ha explicado que Bárcenas realizó actividades de blanqueo "con tal eficacia que hasta el momento no han podido ser localizados por la investigación judicial" unos movimientos de 3.800.000 euros y una retirada de efectivo de 300.000.

Asimismo la fiscal ha dicho que blanqueó dinero que obtuvo de la caja B del PP, que este martes aseguró que estaba "sobradamente acreditada", y que también obtuvo de comisiones por adjudicaciones de contrataciones públicas, y que ocultó en cuentas bancarias en Suiza.

También ha asegurado que para blanquear el dinero y luego ocultarlo, Bárcenas contó con la ayuda de Ángel Sanchís Perales, extesorero de Alianza Popular, y de su hijo Ángel Sanchís Herrero, para los que la fiscal pide ocho y seis años de cárcel respectivamente.

Además, considera cooperadora necesaria la esposa de Bárcenas, Rosalía Iglesias, para quien reclama 24 años de prisión.

Para Concepción Sabadell, que Bárcenas se haya acogido a la Declaración Tributaria Especial (DTE), la denominada "amnistía fiscal" , no le exime de responsabilidad penal, porque no lo hizo para regularizar el dinero sino para "ocultar la titularidad de esas cuentas, ya que esa DTE se hizo a nombre de empresas".

Los acusados "atentaron contra el Estado de derecho"

En su informe final, la fiscal ha afirmado también que "se han acreditado hechos de extrema gravedad" en administraciones gobernadas por el PP con los que los acusados "atentaron contra el Estado de derecho".

"Con su reiterada violación de los principios de equidad, integridad, responsabilidad e igualdad ante la ley en la adjudicación de los contratos públicos, los acusados atentaron contra el Estado de derecho, y su actuación resultará de muy costosa reparación social", ha subrayado.

Anticorrupción, que ya hecho definitivo su escrito de acusación, sólo introdujo leves modificaciones al inicial. Ha mantenido su petición de pena de 125 años y un mes de prisión para Correa, aunque después insinuó al tribunal que tuviese en cuenta su confesión de los hechos, así como al considerado número dos, Pablo Crespo, para el que pide 85 años y medio de cárcel.

No obstante, rebajó hasta los 39 años y medio de cárcel para el extesorero del PP Luis Bárcenas, y al exviceconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo al eliminar de su acusación delitos fiscales.

Quince millones defraudados

Seguidamente, ha sido el turno de presentar sus conclusiones finales del abogado del Estado, Edmundo Bal, ha pedido una "sentencia ejemplar" para que no se repitan las actuaciones cometidas en el caso Gürtel y que a cargos políticos y empresarios les dé "miedo" incurrir en sobornos.

Al finalizar su informe acusatorio, ha señalado que "no puede ser que vuelvan a pasar cosas como las que cometieron los acusados y que han explicado con una naturalidad que da miedo". "Debe ser una sentencia con la que todo empresario que esté en la tentación de sobornar" a un cargo político "diga qué miedo" porque recuerde las penas impuestas a los acusados del caso Gürtel, es decir que sea una resolución "ejemplar", ha insistido.

El letrado del Estado, que ha cifrado en quince millones de euros la defraudación total de los acusados, ha coincidido con la fiscal en la gravedad de los hechos y ha calificado de "cáncer que ha afectado a la Administración" la actuación de la trama.

Ha incidido "en la gravedad específica de las conductas por la condición de las personas acusadas especialmente Luis Bárcenas, Alberto López Viejo y Guillermo Ortega", exalcalde de Majadahonda (Madrid), que se enfrenta a una petición de pena del Ministerio Público de 50 años de prisión.

"Son personas que fueron elegidas por los españoles para desempeñar cargos públicos, que se suponía que tenían que proteger los intereses generales y no defraudarlos ni robarlos", ha añadido el abogado del Estado.