Macron rubrica la nueva ley antiterrorista y pone fin a dos años de estado de emergencia en Francia

• La nueva normativa incorpora diversas medidas de seguridad excepcionales
• Así, se refuerzan los seguimientos a sospechosos y los registros domiciliarios
• La norma suscita controversia y denuncia de vulneración de derechos humanos

El ministro del Interior, Gerard Collombe, y el presidente francés, Emmanuel Macron, durante el acto de la firma de la nueva ley antiterrorista.

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha rubricado este lunes la nueva ley antiterrorista que entrará en vigor a partir del miércoles y que, al dar carácter permanente a varias medidas de seguridad excepcionales, permitirá levantar el estado de emergencia aplicado de forma ininterrumpida durante casi dos años en Francia.

En un breve acto ante la prensa, Macron ha prometido que dentro de dos años se evaluará esta nueva ley, adoptada por una amplia mayoría del Parlamento, donde la respaldaron 415 de los 577 diputados y 242 de los 348 senadores.

El portavoz del Gobierno, Christophe Castaner, ha apuntado que con el nuevo dispositivo promovido por el jefe del Estado se quiere poner fin al estado de emergencia activado inmediatamente después de los ataques yihadistas de noviembre de 2015 en París, que es "una herramienta temporal" para "circunstancias excepcionales".

La nueva legislación, que superó el trámite parlamentario en mayo, ha suscitado una considerable controversia, ya que algunas organizaciones no gubernamentales avisan de que abre la puerta a una vigilancia masiva, concediendo demasiado poder al Estado sobre los ciudadanos, y podría vulnerar derechos fundamentales.

Sin embargo, el ministro del Interior, Gérard Collomb, ha defendido algunas de las disposiciones más polémicas al poner el acento en que "la amenaza terrorista sigue siendo grande". En este sentido, ha recordado el atentado terrorista en el que fueron asesinadas dos jóvenes delante de la estación de Marsella el pasado 1 de octubre.

Perímetros de seguridad y seguimientos

Collomb se ha referido a la puesta en marcha de perímetros de seguridad en lugares susceptibles de ser objeto de atentados (como grandes festivales o las salidas y llegadas del Tour de Francia), en los que se procederá al control sistemático de las personas que entren, recurriendo eventualmente a agentes de seguridad privados.

En paralelo, y con carácter estable, se harán controles en un radio de diez kilómetros en torno a los aeropuertos y las estaciones de trenes internacionales.

Los prefectos regionales, equivalentes a los delegados del Gobierno en España, estarán habilitados para clausurar centros religiosos desde los que se profieran discursos que "inciten a la comisión de actos terroristas". El ministro ha precisado que actualmente hay once clausurados.

Al igual que durante el estado de emergencia, el Gobierno podrá limitar los movimientos de personas que se considere que tienen vínculos con organizaciones terroristas, una medida que afecta en la actualidad a 41 personas. Lo que cambiará es que aumenta el marco de las restricciones de desplazamientos al municipio de residencia, y que tales personas deberán fichar diariamente en comisaría.

Igualmente seguirán vigentes los registros administrativos de domicilios, aunque estarán sometidos a autorización previa por la autoridad judicial, que también podrá ejercer un control sobre el tratamiento de los elementos que se requisen.