¿Puede Puigdemont solicitar asilo en Bélgica?

• Los 28 estados de la UE son considerados "seguros"
• Los tratados comunitarios permiten la concesión de asilo si hay quiebra democrática
• La Justicia belga puede retrasar la euroorden
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Puigdemont y cinco exconsellers viajan a Bélgica

El expresidente catalán Carles Puigdemont, que este lunes viajó a Bruselas junto a cinco exconsellers, podría intentar solicitar asilo en este país, según publican diversos medios. Sin embargo, es difícil que Bélgica acepte su solicitud con los supuestos existentes y dada la legislación comunitaria.

España, país seguro

La legislación belga, en consonancia con el derecho internacional, contempla la posibilidad de garantizar asilo a personas perseguidas por su raza, religión, opiniones políticas o pertenencia a un determinado grupo social. Como explicó este lunes el comisario general belga para los Refugiados y los Apátridas, Dirk Van den Bulcke, deben existir "señales serias de persecución" o de que el solicitante corre riesgo en el país de origen.

En primer lugar, Puigdemont está acusado por la Fiscalía de los delitos de sedición, rebelión y malversación. Se trata de delitos graves comunes que quedan fuera de la protección de la Convención de Ginebra.

En segundo lugar, una solicitud de asilo por parte de un ciudadano de otro estado miembro de la Unión Europea se consideraría "manifiestamente infundada", porque los 28 países de la UE son considerados "países seguros", en el sentido del artículo 33 de la Convención de Ginebra de 1951. Esto está establecido en el Protocolo 24 del Tratado de la Unión Europea, adoptado en 1997, a propuesta de España, precisamente para "evitar que se recurra al procedimiento del asilo para fines ajenos a aquellos para los que está previsto".

Excepciones al Protocolo 24

El protocolo, no obstante, contiene excepciones por las que un estado comunitario puede considerar una solicitud de asilo de un nacional de otro estado miembro, siempre partiendo de la base de que es "infundada":

• Si el país de origen ha establecido "excepciones" al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales; es decir, si limita de alguna manera el ejercicio de derechos y libertades
• Si el Consejo de Europa aplica al país de origen el Artículo 7 del Tratado, que castiga el incumplimiento de los principios legales y democráticos de la Unión (por ejemplo, la UE amenazó a Polonia con el Artículo 7 por sus reformas jurídicas).
• "Si así lo decidiera unilateralmente" el estado en el que se solicita asilo (en este caso, Bélgica)

Que Bélgica alegara esta última posibilidad para aceptar una hipotética solicitud de asilo de Puigdemont provocaría una controversia importante entre ambos Estados, como ha reconocido el ministro de Exteriores, Alfonso Dastis.

Otra forma de asilo, el asilo diplomático, consiste en la protección a una persona objeto de persecución política o ideológica que se refugia en la misión diplomática de otro Estado. Para ello, Puigdemont debería encontrarse en los locales de una misión diplomática en Madrid (o consular no honorario en Barcelona). Pero, de nuevo, esta figura no rige entre socios comunitarios por la confianza legítima entre Estados miembros en que se funda el proceso de integración europea.

La Justicia belga puede dificultar la euroorden

Puigdemont tien, por tanto, difícil una solicitud de asilo. Sin embargo, sí existe un aspecto de la legislación belga que puede explicar su marcha a Bruselas: los jueces belgas tienen potestad para dificultar o facilitar la entrega de un acusado al país que solicita la extradición, solicitando la justificación de los delitos que se imputan.

En el caso que nos ocupa, no se trataría de una petición de extradición, sino de una orden europea de detención y entrega (euroorden), que es mucho más rápida (la entrega puede hacerse en 10 días) y que limita el proceso a una argumentación entre jueces, sin intervención de las autoridades políticas.

Esto ha ocurrido en otras ocaisones en el caso, por ejemplo, de supuestos miembros de organizaciones terroristas, como ETA. Hace un año, la Justicia belga rechazó la entrega a España de la presunta etarra Natividad Jáuregui, acusada de un asesinato en 1981, pese a tres órdenes de arresto dictadas por la Audiencia Nacional.

Puigdemont y todos los consejeros del Govern catalán fueron destituidos el pasado viernes por el Gobierno central en aplicación del artículo 155. El Gobierno ha asumido sus competencias hasta que se celebren las elecciones autonómicas del 21 de diciembre