La Audiencia Nacional avala investigar por sedición el asedio de los independentistas a la Guardia Civil

• Rechaza los recursos de Sànchez y Cuixart, investigados por sedición
• Recuerda que los hechos investigados buscaban la independencia de Cataluña
• Un voto discrepante cuestiona que la juez Lamela asuma la competencia

Un manifestante independentista muestra una foto de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.

La Audiencia Nacional ha avalado la competencia de la juez Carmen Lamela para investigar por un delito de sedición el asedio a la Guardia Civil el 20 de septiembre en el registro en la Conselleria de Economía, hechos por los que están en prisión los líderes independentistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.

Solo José Ricardo de Prada, uno de los cinco magistrados de la sección segunda de lo Penal que ha resuelto los recursos de Sànchez y Cuixart contra la competencia de la Audiencia Nacional, ha presentado un voto discrepante con la mayoría, al considerar que la decisión de Lamela de declararse competente responde a una "interpretación sumamente forzada y extensiva de la norma jurídica"

El auto que suscriben los otros cuatro magistrados destaca, por el contrario, que la competencia para investigar ese incidente corresponde a Lamela "no porque los delitos de sedición con carácter general sean competencia de la Audiencia Nacional, sino porque el delito de sedición que en el caso concreto se trata de investigar puede atentar también contra la forma de gobierno", tal y como expuso la magistrada instructora de la causa cuando admitió a trámite la querella interpuesta por la Fiscalía.

A juicio de la Sala, "los hechos investigados, valorados provisionalmente, no constituyen un hecho aislado, sino que responden a una estrategia diseñada por los máximos responsables institucionales del Gobierno y Parlamento catalán, en connivencia" con Sànchez y Cuixart "para subvertir el orden constitucional" y declarar la independencia de Cataluña.

Sànchez y Cuixart alegaron que era una "mera protesta ciudadana"

Por lo tanto, desestima los recursos interpuestos por los líderes de ANC y Òmnium Cultural, que alegaron que su participación en las movilizaciones no iba encaminada a "cambiar la forma de Gobierno" sino que se trataba de una "mera protesta ciudadana" como consecuencia de las detenciones y registros y por tanto la competencia sería de un juzgado de instrucción de Barcelona al tratarse de un posible delito de orden público.

La Sala responde que los acusados "pretenden hacer creer para minimizar las consecuencias de su comportamiento" que se trató de un hecho aislado; sin embargo el contenido de los mensajes transmitidos por los líderes soberanistas llamando a la "movilización permanente" y presentándose como interlocutores de los alzados frente a la comitiva judicial desmienten esta versión "rotundamente", alegan los magistrados.

Por el asedio a la Guardia Civil durante un registro en la sede de economía y antes de que la Fiscalía se querellara la semana pasada contra el Govern ya cesado por su papel en el proceso soberanista, estaban siendo también investigados el que fuera mayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero y la intendente de este cuerpo Teresa Laplana.