Hacienda denuncia ante el Tribunal de Cuentas el uso de dinero público en el referéndum del 1-O

• Montoro considera que "es evidente" que se usaron recursos y medios públicos
• La denuncia se dirige contra Puigdemont, los exconsellers y ANC y Òmnium
• El tribunal ya fijó una fianza de 5,2 millones para Artur Mas por el 9-N

Hacienda denuncia ante el Tribunal de Cuentas el uso de dinero público en el referéndum del 1-O

El Ministerio de Hacienda ha denunciado al expresidente catalán Carles Puigdemont, a sus exconsellers y a las plataformas independentistas ANC y Òmnium Cultural ante el Tribunal de Cuentas para que el organismo fiscalizador investigue si se utilizó dinero público y cuánto en el referéndum ilegal del 1-O, según el escrito al que han tenido acceso Efe y Europa Press.

De este modo, el Tribunal de Cuentas podría someter a Puigdemont y a sus consellers a un expediente de responsabilidad contable similar al que ya tienen Artur Mas y otros miembros de su Govern por el referéndum del 9 de noviembre. El Tribunal de Cuentas ya fijó una fianza de 5,2 millones de euros para Mas por el desvío de dinero público para la consulta del 9N, de los que ha depositado 2,2 millones.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha defendido que el Tribunal de Cuentas investigue quién financió la celebración del referéndum ilegal de independencia del 1 de octubre en Cataluña, porque "es evidente" que se usaron recursos y medios materiales públicos.

En declaraciones en el Senado, Montoro ha asegurado que ese dinero no ha salido de una partida directa del Presupuesto de la Generalitat, controlado desde hace semanas por Hacienda. "No hablamos del uso del Presupuesto de manera directa", ha insistido el ministro, "pero es evidente que las votaciones de ese día se celebraron con medios públicos, con recursos públicos como los colegios".

Ha agregado que el objetivo es exigir responsabilidad contable a quien haya pagado esa jornada, bien a través de Òmniun o la ANC como del propio Ejecutivo catalán. "Le corresponde al Tribunal de Cuentas que delimite las responsabilidades de los que han facilitado recursos públicos de manera directa o indirecta para realizar ese referéndum", ha insistido.

Las subvenciones a la ANC y Òmnium

Para ello, el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, ha enviado un escrito de 23 páginas a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas. El Ministerio quiere que la Fiscalía inicie las "actuaciones oportunas" encaminadas a determinar las actuaciones, los contratos y actos administrativos realizados por la Generalitat para la organización y celebración del referéndum ilegal y a concretar cuánto dinero costó.

Además, Fernández de Moya precisa que deben aclararse todos los fondos públicos destinados a este fin, incluidas las subvenciones que recibieron la ANC y Òmnium, cuyo papel en la promoción y organización del referéndum "parece evidente -dice- a la luz de las diferentes noticias publicadas en los medios de comunicación".

Cuando se determinen los daños al erario público y sus eventuales responsables, pide que se identifique a la Generalitat gobernada por Puigdemont como responsable y que se le reclame "tras el correspondiente procedimiento de responsabilidad contable las indemnizaciones procedentes".

Más de 14 requerimientos de información

En el escrito remitido al Tribunal de Cuentas, Hacienda detalla los más de 14 requerimientos que envió a la Generalitat para conocer las partidas que se podrían estar destinando a la celebración del referéndum del 1-O, como una de 3,43 millones de euros bajo el epígrafe "publicidad, difusión y campañas electorales". Hacienda también sospecha de que se pagó con dinero público a los observadores internacionales a través del Diplocat.

Del mismo modo, se adjunta un listado de actuaciones desarrolladas por Puigdemont y sus consellers hasta la celebración de la consulta, como por ejemplo la presentación pública de las urnas, su traslado a los colegios electorales, la campaña institucional y los medios informáticos o aplicaciones para móviles.

En el texto se incluyen también las contestaciones de la Generalitat, consideradas incompletas o insatisfactorias por parte de Hacienda, así como los cuatro escritos remitidos por el Ministerio a la Fiscalía General del Estado a lo largo de los meses de septiembre y octubre poniendo estos hechos en su conocimiento.

También considera que "precisamente por el ánimo de ocultar todo el proceso" no es posible en este momento definir la cuantía exacta de los daños producidos al erario público, si bien hace hincapié en "el ánimo doloso" en la ejecución de una actuación ilegal empleando recursos públicos por parte de la Generalitat y las plataformas independentistas.