La Constituyente de Venezuela aprueba una ley contra "delitos de odio" con penas de hasta 20 años de cárcel

• Era un encargo personal de Maduro al nuevo Parlamento, exclusivamente chavista
• Pretende acabar con los supuestos mensajes "de odio" tras las últimas protestas
• La norma contempla, además, el cierre de medios que fomenten el "odio político"

El presidente de Venezuela, Nicolas Maduro, saluda a sus simpatizantes en un acto reciente

La Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, el Parlamento plenipotenciario instaurado por el chavismo al margen de la Asamblea Nacional, ha aprobado este miércoles una "ley contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia" que castigará con penas de hasta 20 años de cárcel a quienes sean hallados culpables de promover "delitos de odio".

"Quien públicamente [...] incite al odio, la discriminación o la violencia contra una persona o conjunto de personas en razón de su pertenencia real o presunta a determinado grupo social, étnico, religioso, político [...] será sancionado con prisión de 10 a 20 años", establece el artículo 20 de la nueva normativa.

La ley es un encargo personal del presidente, Nicolás Maduro para acabar con los supuestos mensajes "de odio" social, racial y político que, según el oficialismo, desencadenaron la ola de protestas contra el Gobierno que sacudió al país entre abril y agosto de este año, en la que perdieron la vida 120 personas.

La presidenta de la Asamblea Constituyente, Delcy Rodríguez, ha destacado que la aprobación de la ley es un homenaje a los que "perdieron la vida" víctimas "del odio y la intolerancia" durante las protestas contra el Ejecutivo. Sin embargo, la oposición teme que la nueva norma sirva para reprimir sus protestas y perseguir a líderes opositores; de hecho, la propia Constituyente autorizó hace pocos días el procesamiento del vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, por delitos que se vinculan a las manifestaciones opositoras.

Comisión de control de la convivencia

La ley -que reconoce también como delitos de odio aquellos que vayan dirigidos contra las minorías sexuales- pena el "agravante por motivos de odio e intolerancia" con una sanción equivalente al "límite máximo de la pena establecida para el hecho punible correspondiente".

El texto prevé asimismo penas de cárcel de entre ocho y diez años para aquellos funcionarios policiales o militares que se abstengan o retarden su actuación contra los responsables de "delitos de odio" y privaciones de libertad de esa misma duración para el personal sanitario que discrimine a la hora de ofrecer atención.

La oposición de Venezuela reanuda las protestas contra el "fraude" de las elecciones constituyentes

La ley deroga cualquier otra disposición existente que la contradiga y crea una Comisión para la Promoción y Garantía de la Convivencia Pacífica formada por 15 personas, con la que están obligados a cooperar todos los ciudadanos, instituciones y entidades de la República.

Entre estos 15 integrantes se cuentan varios diputados de la Asamblea Constituyente, algunos ministros, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, y el fiscal general, Tarek Saab, así como representantes de organizaciones sociales y otros altos cargos del Estado.

Sanciones a los medios

En este sentido, la nueva legislación también contempla el cierre de aquellos medios de comunicación que fomenten el "odio político o de cualquier otra naturaleza" y que, en concreto, difundan "mensajes que constituyan propaganda a favor de la guerra o apología del odio nacional, racial, religioso, político o de cualquier otra naturaleza".

El texto establece, además, multas para las personas jurídicas responsables de redes sociales y medios electrónicos que no retiren en un plazo de seis horas mensajes "de odio".

Además, se establece que los medios, públicos o privados, deberán dedicar a "mensajes que promuevan la diversidad, la tolerancia y el respeto recíproco" un mínimo de 30 minutos de su programación semanal y se fijan sanciones de hasta el cuatro por ciento de los ingresos fiscales brutos de aquellos propietarios de medios que se nieguen a publicar contenidos de promoción de la "tolerancia".

Maduro ha amenazado repetidamente con tomar medidas contra los medios privados y las redes sociales, a las que acusa de favorecer a la oposición y boicotear los contenidos oficialistas. Decenas de medios de comunicación han cerrado en Venezuela por decisión administrativa desde 1999, cuando Hugo Chávez llegó al poder.