Turull y Rull piden su libertad alegando que no llamaron a la desobediencia

• Se desvinculan de "episodios" como los escraches a los policías nacionales
• Piden ante la Audiencia que dejen sin efecto la fianza de 6,2 millones

Los exconsellers Josep Rull y Jordi Turull a su llegada a la Audiencia Nacional a declarar.

La defensa de los exconsellers del PDeCAT Jordi Turull y Josep Rull ha pedido a la Audiencia Nacional su puesta en libertad, alegando que se limitaron a convocar el referéndum del 1-O, sin "organizar o instigar por ninguna vía" tumultos ni actos de desobediencia a la acción de las autoridades o sus agentes.

El abogado de ambos, Jordi Pina, ha presentado sendos recursos de apelación ante la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, después de que la juez instructora Carmen Lamela ratificara la semana pasada su decisión de mantenerlos en prisión preventiva, junto a otros seis consellers cesados, en la causa en que los investiga por rebelión, sedición y malversación.

Los exconsellers de Presidencia y de Territorio y Sostenibilidad, Jordi Turull y Josep Rull, se desvinculan de los "episodios aislados de incidentes" ocurridos, como los "escraches" ante hoteles donde se alojaban policías nacionales y guardias civiles, y de cualquier uso de la violencia contra los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

"El dictado de leyes de ninguna manera puede equipararse con un alzamiento"

Asimismo, Rull y Turull -que la semana pasada relevaron de su defensa a Jaume Alonso-Cuevillas, abogado del expresidente catalán Carles Puigdemont- invocan la jurisprudencia para poner en cuestión que la Audiencia Nacional sea el órgano competente para enjuiciar los delitos de rebelión y secesión y piden que remita el caso a los juzgados de instrucción de Barcelona.

El recurso trata de desmontar los argumentos del delito de rebelión que la Fiscalía imputa al Govern cesado e insiste en que "el mero dictado de leyes o resoluciones de ninguna manera puede equipararse con la realización de un alzamiento público" y que las movilizaciones independentistas han sido pacíficas y solo han "pretendido expresar opiniones políticas".

"El votar a favor de una convocatoria ilegal de referéndum nada tiene que ver con alzarse de modo público o violento, que es lo exigido para la rebelión", razona el abogado, que niega que se conozcan a Turull y a Rull "manifestaciones alentando a los ciudadanos a alzarse en ningún sentido o a oponerse con violencia a la acción de las autoridades o sus agentes".

Para la defensa, tampoco "consta de modo alguno" que Turull y Rull "organizaran o instigaran por ninguna vía" protestas como las celebradas ante los hoteles que hospedaban a policías y guardias civiles, unas movilizaciones que, añade, "no pueden tener cabida en el tipo penal de la violencia pues no consta que ninguna persona fuera golpeada o maltratada de obra (...)".

Piden que deje sin efecto la fianza de 6,2 millones

En otro escrito, en este caso conjunto, Rull y Turull solicitan a la Audiencia Nacional que deje sin efecto la fianza de 6,2 millones de euros impuesta a los exconsellers del Govern de Carles Puigdemont, después de que el Tribunal Supremo denegara esta medida cautelar que la Fiscalía había solicitado para los miembros de la Mesa del Parlament.

Al ser las querellas interpuestas contra los miembros del Govern y contra la Mesa "idénticas en lo sustancial", la defensa de Turull y Rull sostiene que "no sería lógico" que el Supremo no aplicara ninguna medida y en cambio la Audiencia la mantuviera, pues "se estaría conculcando el principio de seguridad jurídica y de igualdad ante la ley".

Turull y Rull remarcan además que no tienen ni tenían "capacidad de disposición" respecto a la partida presupuestaria para el 1-O, que las finanzas de la Generalitat estaban intervenidas por el Gobierno desde el pasado 21 de julio y que el ejecutivo central ha certificado que no se ha hecho desembolso presupuestario alguno para llevar a cabo el referéndum.