La fiscal afirma que los funcionarios "amurallaron" a Granados para conseguir su impunidad

• Recibió un chivatazo de dos guardias civiles sobre una investigación de la UCO
• El exconsejero madrileño del PP se enfrenta a una pena de tres años de prisión

La fiscal afirma que los funcionarios "amurallaron" a Granados para conseguir su impunidad

La Fiscalía ha dicho, en el primer juicio de la Operación Púnica, que Francisco Granados se rodeó de un grupo de funcionarios y fuerzas de seguridad que le "amurallaron para conseguir su impunidad" y ha asegurado que los soplos al exconsejero madrileño acerca de la investigación fueron "una constante".

De este modo, en la primera sesión del juicio por el chivatazo de un guardia civil que alertó a Granados sobre las investigaciones sobre él, y que se celebra en la Audiencia Nacional, se ha opuesto la fiscal Carmen García Cerdá a la nulidad de las intervenciones telefónicas, reclamada por el abogado de Granados, Javier Vasallo, en sus cuestiones previas.

La intervención de la conversación sobre el soplo, ha sido una prueba más de las "muchas las veces en que se ha puesto de manifiesto ese intento de conseguir información" por parte de Granados y era algo que "entraba dentro de lo esperado y que confirmó el abuso de poder y la influencia que ejercía" en Valdemoro, municipio madrileño en el que fue alcalde.

Indicios de abuso de poder y tráfico de influencias

Por tanto, las intervenciones telefónicas fueron ordenadas por el juez instructor ante los "indicios suficientes y sólidos sobre ese abuso de poder y tráfico de influencias" que llevó a investigar a Granados, ha insistido la fiscal. Esas intervenciones además no produjeron ningún "perjuicio real" a Granados, por lo que no existió vulneración alguna a su derecho a la intimidad y de secreto de las conversaciones.

En esos momentos, ha explicado García Cerdá, Granados era una persona pública que construyó "un entramado clientelar" para canalizar las ganancias ilícitas y buscar su impunidad", razones suficientes, ha considerado, para intervenir sus comunicaciones.

Para la Fiscalía Anticorrupción, "existe un relato fáctico exhaustivo" de todos los actos que ha pedido anular la defensa de Granados, por lo que se ha opuesto a todas esas nulidades y ha recordado un atestado de la Guardia Civil en el que se denunciaba "un elenco de delitos" que amparaba la investigación de cualquier actividad delictiva cometida por el exdirigente madrileño.

Ausencia de Marjaliza

La defensa del exconsejero madrileño se ha quejado de que el presunto conseguidor de la trama, David Marjaliza, no esté sentado en el banquillo de los acusados junto al que fue su socio y ha pedido la nulidad por "falta absoluta de motivación" de algunas de las pruebas y ha protestado acerca de la ausencia de Marjaliza en el proceso.

A juicio del letrado, "David Marjaliza es la única persona que pudo obtener algún lucro" del chivatazo que le dio el guardia civil José Manuel Rodríguez Talamino a Granados y a un exasesor de la Comunidad de Madrid, los tres acusados por un delito de revelación de secretos por el que la Fiscalía Anticorrupción pide tres años de prisión.

El empresario y socio de Francisco Granados, David Marjaliza. EFE/Mariscal

Ese lucro seria el de la destrucción de pruebas y de documentación de la trama por parte de Marjaliza, al que ha calificado de "pieza fundamental" en la red y ha destacado que es "el único que ha tomado medidas desde 2013" encaminadas a ocultar sus actividades.

Un millón de euros oculto

La Audiencia Nacional juzga el chivatazo que Talamino dio a Granados en septiembre de 2014 acerca de la Operación Púnica, que le llevó a prisión un mes después, y que, según la Fiscalía, le permitió destruir pruebas y esconder dinero en efectivo no declarado, como el millón de euros que ocultó en el altillo de una habitación de sus suegros.

El juez de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional dictó el pasado mes de febrero auto de apertura de juicio oral contra el exdirigente popular, el agente de la UCO José Manuel Rodríguez Talamino y su asesor de seguridad en excedencia, José Luis Caro Vinagre, que se sientan junto a él en el banquillo.

La Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) ha pedido seis años de prisión para Granados (el doble de lo que solicita la Fiscalía) y tres años para los otros dos investigados.

Granados lleva en prisión preventiva desde el 31 de octubre de 2014 y éste es el primero de los juicios a los que tendrá que enfrentarse por su participación en la trama Púnica. La Fiscalía pide también tres años de prisión por violación de secretos para los dos agentes de la Guardia Civil que habrían advertido a Granados en una discoteca a altas horas de la madrugada de que Marjaliza estaba siendo investigado.

Eliminar pruebas comprometedoras

Marjaliza admitió ante el juez Velasco que Granados le dijo que se deshiciera de toda la documentación que le pudiera implicar cuando, en una conversación "con muchas copas" que mantuvo con un guardia civil en una discoteca de Valdemoro, se enteró de que le estaban investigando.

"A mí Paco me dice: 'Oye, si hay cualquier cosa rómpela'", explicó Marjaliza al juez durante una declaración en la que aseguró que esta recomendación se la hizo después de que Granados se encontrara con el agente en una sala de fiestas.

Este caso es el que juzga la llamada pieza 1 Talamino dentro de la causa Púnica, que el juez Velasco dividió en un total de 14 piezas separadas. Según el auto del juez, Granados "desplegó una serie de actuaciones dirigidas a comprobar el grado de veracidad de la fuente" y "saber si dicha investigación también se dirigía contra él".

El agente Talamino fue el encargado de instalar una cámara de vigilancia en un vehículo "frente al centro neurálgico de los negocios de Marjaliza", comprobando así que el empresario estaba siendo investigado. En el juicio ha explicado que en 2014 les encargaron a él y acompañeros suyos colocar vehículos con una cámara encubierta para grabar movimientos de personas cerca de un centro comercial de Pinto (Madrid) pero ha asegurado que desconocía que fuera en la sede de las oficinas de Marjaliza.

Acabó comunicando esta información a su amigo José Luis Caro Vinagre, quien tenía entonces un cargo de confianza como asesor en la Comunidad de Madrid, y hacer "un favor a todos". Un día después quedó registrada una llamada entre el policía y Granados, en la que Caro le informó de la advertencia recibida.

El exasesor niega haber participado en el chivatazo

Sin embargo, Caro Vinagre, guardia civil en excedencia, ha negado en el juicio que participara en el chivatazo al exconsejero, aunque ha dicho que le vio "preocupado" cuando se enteró de que agentes de la UCO se iban acercando a su entorno. También a negado que presionara a Rodríguez Talamino para que le diera más información y ha asegurado que éste le dijo que no tenía más datos y que no le consta que Granados avisara a Marjaliza para que ocultara pruebas.

"No tuve le percepción de que había una investigación de la UCO y cuando saltó todo esto me pareció increíble, no tenía ni idea", ha apostillado José Luis Caro, al que la fiscal le ha preguntado por doce llamadas telefónicas en las que habló con Granados entre los días 6 y 13 de septiembre de 2014 a raíz de lo que Talamino comentó al exconsejero.