Puigdemont planea alegar que España pretende juzgarle por acciones políticas

• Argumentará ante el juez belga que la euroorden contra él es "abusiva"
• Si quiere apelar a Estrasburgo, deberá demostrar que no tendrá un juicio justo

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, en Girona antes de refugiarse en Bélgica.

Los abogados encargados de la defensa del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y de los cuatro exconsellers que se encuentran en Bélgica alegarán ante el juez belga que deberá decidir si les extradita a España que se les acusa por sus opiniones y acciones políticas, no por hechos que tengan una base penal, según informan los diarios belgas Le Soir y De Standaard.

El próximo viernes, a las 14:00 horas, Puigdemont y los cuatro exconsejeros (Clara Ponsatí, Toni Comín, Lluís Puig y Meritxell Serret) están citados ante el tribunal llamado Cámara del Consejo, en el Palacio de Justicia de Bruselas. Allí, un juez valorará la euroorden solicitada por la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela y decidirá si se extradita a España a los miembros cesados del Govern y que no han respondido al llamamiento de la justicia española [Pasos tras el dictado de la euroorden contra Puigdemont y sus exconsejeros].

Según explican dos de los abogados, Michelle Hirsch y Christophe Marchand, que representan a los exconsejeros Comín y Serret, la estrategia común coordinada por el abogado Paul Bekaert, que asesora a Puigdemont, pasa por argumentar ante el magistrado que la euroorden es "abusiva", ya que solo se basa en el "proyecto político" de Puigdemont, "desde la campaña y victoria electoral a sus decisiones políticas".

"España no revela delitos individuales, sino solo decisiones políticas que todos conocían y para las cuales fueron elegidos democráticamente", afirman los abogados, apelando así a la regulación de la orden europea de detención, que establece que esta puede ser rechazada si se ha emitido para enjuiciar o castigar a alguien por sus convicciones políticas. Además, la ley belga establece que la euroorden se puede rechazar si su aplicación menoscaba los derechos fundamentales de la persona afectada.

Para la abogada Michelle Hirsch, publica Le Soir, "son hechos sometidos al derecho constitucional o administrativo" y, en consecuencia, la euroorden es "una orden política y manifiestamente abusiva".

Según los abogados, los cargos que atribuye la euroorden no son procedentes para decidir la extradición. Los delitos de sedición y rebelión -que el código penal belga no contempla- requerirían el uso de la violencia, y según la defensa, la orden de Lamela no la establece. Igualmente, los cargos de prevaricación y desobediencia no tienen penas suficiente para extraditarlos, y la acusación de corrupción, por el presunto uso de fondos públicos para financiar el referéndum del 1-O y llevar a cabo los planes secesionistas, no está establecida.

Los exmiembros del Govern juzgados en la Audiencia Nacional. RTVE.es

¿Recurso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos?

Además de esta estrategia de defensa, Puigdemont ya informó de que, en caso de no lograr frenar su extradición en Bruselas, recurriría al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), alegando que Madrid violará sus derechos básicos.

Sin embargo, según señalan expertos en Derecho Europeo a Efe, para lograr la intervención de este tribunal sito en Estrasburgo, el expresidente de la Generalitat debe demostrar que no va a tener un juicio justo en España para en la crisis catalana.

"Dudo mucho que pueda convencer a la Corte de que no va a tener un juicio justo en España, alegando que miembros de su Gobierno están en prisión, o que Madrid le quiere juzgar por delitos políticos", explica el jurista holandés Rick Lawson, especializado en la Convención Europea de Derechos Humanos.

En caso de que el próximo viernes la Justicia belga decida extraditar a Puigdemont y a los otros cuatro exconsejeros que huyeron con él a Bruselas, éstos "tendrán que acatar la decisión del tribunal" y defenderse en España en el proceso judicial abierto en su contra.

Para Lawson, es "comprensible" que a Puigdemont "no le guste la idea de volver a España y realmente esté convencido de que no va a tener un juicio justo allí", pero "objetivamente no tiene pruebas" de que eso vaya a ser así.

El Convenio Europeo por el que se rige ese tribunal no regula el asilo ni la extradición, ni tampoco los delitos políticos, sino que recoge los derechos humanos básicos que los países miembros deben respetar, como tratar dignamente a las personas en su territorio.

Los cargos a los que se enfrenta Puigdemont están relacionados con el "delito político", lo que no es jurisdicción de este Convenio, firmado por los países europeos, incluida España. "Si realmente no obtiene un juicio justo, y la Justicia española le niega el derecho a una defensa, a un abogado, o le aplica leyes no vigentes, entonces sí podría ir a Estrasburgo. Antes no tiene mucho sentido", afirma Lawson.

Medidas cautelares para evitar el juicio

El artículo 39 del Reglamento de la Corte es el que contempla la toma de medidas cautelares -que podría pedir Puigdemont para "evitar el juicio"-, pero estas únicamente son aplicables "cuando está en riesgo la vida de una persona", según el Convenio.

A pesar de que el expresidente de la Generalitat haya dicho que no tiene intención de pedir asilo en Bélgica, también podría cambiar de opinión ante una decisión desfavorable para él por parte de la Justicia belga.

El experto en leyes europeas de asilo Stefan Kok explicó a Efe que "la clave está siempre en preguntarse si hay o no persecución demostrable" y en su opinión, Puigdemont "tiene muy difícil justificarlo, simplemente aludiendo a que cree que no tendrá un juicio justo".

Kok subraya la necesidad de pruebas "que a primera vista no parece que se tengan", para lograr que Bélgica conceda el asilo a una persona que está siendo juzgada en un país europeo, y reitera que también "debería demostrar ese peligro que alega", para que la TEDH exija a Bruselas que no le deporte a España.

Lawson recuerda que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos "no es una Corte de apelación" y que los casos "pueden llevar años hasta resolverse" y obtener una sentencia. "Si Bélgica decide extraditarlo, Estrasburgo no va a parar eso. La Justicia belga ya habría tomado una decisión. El tribunal europeo puede, como mucho, regañar a Bélgica y decirle que no tenía que haberle deportado", agrega.