Amnistía Internacional denuncia que Cuba utiliza el acoso laboral para reprimir a los críticos

• El 72% de los trabajadores en Cuba están empleados por el Estado
• Tambien hay acoso en trabajos por cuenta propia, que están muy regulados
• Alerta de que la represión en la vida cotidiana hace del país una "prisión mental"

Varios trabajadores en una de la obras realizadas por el 498 del aniversario de La Habana.

Los ciudadanos cubanos que son considerados críticos con la vida en el país sufren acoso en el empleo y pueden llegar a perder su trabajo, ya que las autoridades de Cuba utilizan su control sobre el mercado laboral como una herramienta de represión. Así lo denuncia un informe publicado este jueves por Amnistía Internacional.

Bajo el título "Es una prisión mental. Cuba: mecanismos de control de la libre expresión y sus efectos intimidantes en la vida cotidiana" (ver documento en pdf), el informe de Amnistía recoge decenas de testimonios de cubanos que describen el uso arbitrario durante décadas de las leyes penales y otras prácticas ilegales, incluidos los despidos discriminatorios e indebidos del empleo estatal y el acoso adicional en el sector del empleo por cuenta propia.

El Gobierno cubano es el principal empleador del país, ya que el 72% de los trabajadores están empleados en el sector público, y también controla el sector privado, pequeño y emergente, pero sumamente regulado.

Los testimonio recogidos de personas procedentes de todos los sectores sociales "demuestran que el Estado utiliza su control —como el mayor empleador del país y como regulador del sector privado— para silenciar incluso las críticas más sutiles", señala el documento.

Control estatal sobre la vida cotidiana

Con ese sistema, incluso personas que no son políticamente activas tienen que evitar criticar al Gobierno cubano si quieren conservar su empleo.

“Muchas personas en Cuba se sienten asfixiadas por unos mecanismos de control estatal sobre su vida cotidiana. Parte de ese control es: si quieres mantener un empleo, tienes que estar de acuerdo con todo lo que diga el Gobierno”, ha señalado Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Guevara-Rosas ha apuntado que, “ahora que Raúl Castro se dispone a abandonar su cargo en febrero de 2018, Cuba tiene la oportunidad de iniciar un diálogo significativo sobre derechos humanos”, y ha considerado “imperativo que se empiece a hacer los cambios necesarios para que la libertad de expresión se convierta en una realidad para la población”.

“Si las autoridades de Cuba quieren afirmar que tienen un compromiso real de cambiar, deben revisar todas las leyes penales que son contrarias a las normas internacionales y deben poner fin a los despidos discriminatorios e indebidos y al acoso contra trabajadores y trabajadoras como forma de silenciar incluso las críticas más sutiles. Hasta que no lo hagan, el país seguirá siendo una prisión mental”, ha concluido Guevara-Rosas.

A juicio de Amnistía Internacional, de cara a las elecciones de 2018, es necesario que "las autoridades promuevan reformas que garanticen el respeto y la protección de los derechos humanos, incluida una revisión de las leyes y prácticas penales que son incompatibles con el

derecho y las normas internacionales de derechos humanos y que limitan indebidamente la libertad de expresión".

Informe realizado con testimonios de emigrados

Cuba sigue siendo el único país de Latinoamérica donde no se permite a Amnistía Internacional hacer una visita oficial. El equipo de investigación de la organización habló con 64 cubanos emigrados a diversas ciudades de México para documentar sus testimonios sobre la vida cotidiana en un país donde la libertad de expresión se ha restringido históricamente.

Según el informe, "la mitad de las personas entrevistadas para esta investigación habían sido detenidas y encarceladas al menos en una ocasión en Cuba", a pesar de que muchas no habían criticado nunca abiertamente el sistema político o económico cubano, y no estaban implicadas en ninguna forma de activismo. "Sin embargo, describieron la fuerte intrusión que sentían de la ley penal en sus vidas cotidianas, una intrusión que, en su opinión, limitaba estrictamente sus derechos", señala el documento.

La mayoría de las personas entrevistadas no habían criticado nunca abiertamente el sistema político o económico cubano y no estaban implicadas en ninguna forma de activismo o de oposición política. Sin embargo, cerca de la mitad afirmaron haber sido detenidas y encarceladas al menos en una ocasión, en su mayoría acusadas de delitos incompatibles con el Derecho Internacional.

Medidas penales por "proclividad" hacia el delito

El Código Penal de Cuba también establece una serie de sanciones basadas en la proclividad de una persona a cometer un delito, y en la probabilidad percibida de posibles acciones futuras que podrían ser consideradas "antisociales", una disposición "excesivamente amplia y vaga que puede abarcar prácticamente cualquier actividad, lo cual viola el principio de legalidad y otras garantías de juicio justo", advierte la organización de derechos humanos.

Además, el Estado cubano castiga a quienes tengan relación con personas a las que las autoridades consideren "potencialmente peligrosas para la sociedad" o una amenaza para "el orden social, económico y político" del país.

El Código Penal del país dispone que cualquier agente de policía puede emitir un acta de advertencia por "estado peligroso" o por relación con una “persona peligrosa”.

"Los tribunales municipales tienen autoridad para declarar que una persona está en un estado peligroso predelictivo y lo pueden hacer de forma sumaria en unos plazos de tiempo establecidos que son tan breves que, de hecho, privan a la persona acusada de la posibilidad de organizar una defensa legal adecuada", explica el informe.

Las personas a las que esos tribunales declaran en “estado peligroso” son sometidas a medidas de seguridad. "Estas medidas pueden incluir “terapia”, vigilancia policial o “reeducación”. Esta última consiste en el internamiento en una institución especializada de trabajo o estudio durante un período de entre uno y cuatro años. En la mayoría de los casos, el internamiento se cambia por encarcelamiento", señala el texto.

Sin instancias a las que recurrir

Amnistía afirma que las personas que desaprueban, aunque sea de forma sutil, las políticas del Gobierno cubano son despedidas arbitrariamente de su empleo o acosadas por el Estado hasta que renuncian -con lo que resulta casi imposible encontrar otro trabajo en el sector público- o abandonan el país.

La mayoría de las personas que hablaron con Amnistía Internacional dijeron que eran rechazadas cuando trataban de encontrar un nuevo trabajo estatal después de haber sido despedidas de un empleo anterior, ya que simplemente les decían: “No eres confiable”. La frase, utilizada explícitamente para referirse a una persona que no es de fiar políticamente, era con frecuencia la única explicación que se les daba para no darle el trabajo.

Amnistía recalca en su informe que quienes son expulsados de su empleo por sus opiniones no tienen una instancia a la que acudir para recurrir su despido. Ninguna de las personas entrevistadas había llevado su despido a los tribunales, pues consideraban que estos estaban bajo el control total del Gobierno.

La mayoría dijeron que el único sindicato oficial de Cuba no los representaba y que no tenían la opción de unirse a un sindicato independiente.

La organización de defensa de los derechos humanoa apunta que, pese a los cambios introducidos recientemente en las leyes sobre migración cubanas, tratar de salir del país por mar sigue considerándose delito y que quienes intentan abandonar la isla son calificados de "desertores", "traidores" y "contrarrevolucionarios", y son detenidos y excluidos del acceso al empleo estatal, igual que otras personas que ejercen pacíficamente su derecho a la libertad de expresión.