El PP alega en el juicio que no se benefició de la trama Gürtel porque actuaba "al margen" del partido

• Afirma que los ayuntamientos y Correa actuaban "a escondidas" para el partido
• Dice que no debe pagar los 245.000 euros que le reclaman como beneficio ilícito
• Cree que debe ser absuelto porque los ayuntamientos no le han reclamado nada

Los considerados cabecillas de la trama Gürtel, Francisco Correa (d) y Pablo Crespo, al comienzo del juicio, en octubre de 2016.

El PP ha pedido este jueves en el juicio del caso Gürtel que el tribunal exima de responsabilidad civil al Partido Popular (PP) ya que no se benefició con dinero de la trama como mantiene la Fiscalía, que le reclama 328.440 euros como partícipe a título lucrativo.

Cuando comenzó la vista oral el 4 de octubre de 2016, el PP se escudó en sus grupos municipales para defender que nada tenía qué ver en este procedimiento. En la jornada de este jueves, el abogado Jesús Santos ha reiterado que se está acusando al PP de haberse beneficiado de unos actos electorales que no se han concretado, pues, según dice, no se ha acreditado en "qué actos electorales, en qué trabajos y en qué servicios, ni cuándo, ni quiénes" del PP se beneficiaron con fondos de los ayuntamientos de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón.

Entre los 37 acusados de participar en los primeros años de actividades de la trama Gürtel (1999-2005) se encuentran los exalcaldes de estas localidades madrileñas, Guillermo Ortega y Jesús Sepúlveda -exmarido de la exministra de Sanidad Ana Mato-, respectivamente, que se enfrentan a peticiones de prisión de 50 años el primero y 15 el segundo, por recibir comisiones y regalos de la trama de Francisco Correa y celebrar actos electorales con fondos municipales.

"Actos a escondidas y al margen" del partido

Según ha alegado Santos, el PP no tenía conocimiento de que se estuviera beneficiando de un enriquecimiento ilícito y en todo caso serían "actos a escondidas y al margen" del partido.

Ha añadido que el PP no ha recibido reclamación alguna de los posibles perjudicados, es decir, de los ayuntamientos que gobernaba, y ha advertido de que tampoco se ha acreditado que el dinero pagado por dichos actos procedieran de fondos municipales.

Asimismo, ha destacado que la responsabilidad civil que se le atribuye -y que derivaría en el pago de la cantidad reclamada por la Fiscalía- por la campaña electoral de 2003 ha prescrito según la Ley de Enjuiciamiento Civil que prevé hasta cinco años para resarcir el daño.

"No hacemos ningún reconocimiento de culpabilidad", ha enfatizado el abogado del PP, al mismo tiempo que ha lamentado que las fiscales Concepción Sabadell y Concepción Nicolás utilicen su negativa a declarar en este juicio para asegurar que se da como "confeso" de los hechos.

Así, Santos ha estimado que el hecho de que el PP se opusiera como la Fiscalía a que testificara en el juicio el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que finalmente compareció, no significa que se adhiriera al criterio de las fiscales de que ya había prueba suficiente del beneficio a título lucrativo del PP.

Mariano Rajoy testificó en el juicio al prosperar la petición de la acusación popular ejercida por la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE).

"Intencionalidad política" de la acusación particular

Jesús Santos ha reconocido el papel fundamental de las acusaciones populares como contrapeso a la posible inacción de la Fiscalía y como manifestación de la ciudadanía en la Administración de justicia.

Sin embargo, ha estimado que en este juicio "ADADE ha dejado en un segundo plano la búsqueda de la verdad" y ha lamentado "su papel de intencionalidad política". Ha recordado que la Asociación de Abogados Demócratas por Europa incluso pretendió someter a Mariano Rajoy a un careo con un acusado en el juicio, "lo que demuestra que su intención era el desgaste político del PP".

Jesús Santos ha coincidido con el abogado del Estado en que "la corrupción es un cáncer para la democracia que destruye los cimientos del Estado y de la sociedad y que se debe luchar con determinación para erradicarla", pero ha discrepado de la petición de la Fiscalía de una sentencia ejemplar, a su juicio más propio de un "Código de la antigüedad", y ha recordado que "la justicia no se debe aplicar con pasión, amor y odio sino con ponderación de las pruebas y con criterio racional"

Y ha valorado la labor de la Agencia Tributaria y de los policías de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), pero ha reprochado a estos y a la propia Fiscalía Anticorrupción que no hayan contrastado las pruebas que han utilizado como acusación. Ha explicado que no comprobaron si los conceptos y las cuantías de las facturas de las empresas de Correa efectivamente correspondían a encargos del PP y si estos actos finalmente se realizaron.