Amnistía Internacional acusa a Birmania de patrocinar un 'apartheid' contra los rohingya
Un informe de Amnistía Internacional analiza la actual crisis en el estado de Rajine
Sufren segregación y abusos en una “prisión al aire libre”, según el estudio
El sistema de discriminación constituye el crimen de lesa humanidad de apartheid
El pueblo rohingya de Birmania está atrapado en un cruel sistema de discriminación institucionalizada y patrocinada por el Estado que constituye el régimen apartheid o segregación racial, según ha declarado Amnistía Internacional con motivo de la publicación de un importante nuevo análisis de las causas fundamentales de la crisis actual del estado de Rajine.
El informe, titulado Caged without a roof, contextualiza la reciente oleada de violencia en Birmania, en la que las fuerzas de seguridad han matado a personas rohingyas, han incendiado pueblos enteros reduciéndolos a ceniza y han forzado a huir a Bangladesh a más de 600.000 personas.
Esta investigación de dos años revela que las autoridades limitan rigurosamente casi todos los aspectos de la vida de las personas rohingyas en el estado de Rajine confinándolas a una existencia similar a la que se vive en un gueto. Tienen dificultades para acceder a la atención médica y la educación, según el informe y, en algunas zonas, incluso para salir de su pueblo. La situación actual cumple todos los requisitos de la definición legal del crimen de lesa humanidad de apartheid.
“Las autoridades de Myanmar mantienen a las mujeres, hombres y niños y niñas rohingyas segregados e intimidados en un sistema deshumanizador de apartheid. Se violan sus derechos a diario y la represión se ha intensificado aún más en los últimos años”, ha afirmado Anna Neistat, directora general de Investigación de Amnistía Internacional.
Mujeres frente a un refugio temporal en el área del campamento de desplazados Amnistía Internacional
El estado de Rajine: una prisión al aire libre
La investigación de Amnistía Internacional revela que esta represión de la población rohingya se ha intensificado a partir de 2012, cuando se extendió en el estado la violencia entre las comunidades budista y musulmana.
La comunidad rohingya del estado de Rajine está básicamente aislada del mundo exterior y sometida a severas restricciones a su libertad de circulación que la confinan en sus pueblos y municipios.
Una norma en vigor en todo el estado de Rajine establece claramente que las “personas extranjeras” y las “razas bengalíes (término peyorativo para los rohingyas)” necesitan permisos especiales para viajar entre municipios.
En el norte del estado de Rajine, donde vivía la mayoría de la población rohingya hasta el reciente éxodo, incluso los desplazamientos entre pueblos están severamente restringidos por un sistema de permisos.
En el centro del estado de Rajine, la población rohingya está rigurosamente encerrada en sus pueblos y en campos para personas desplazadas. En algunas zonas no se la permite usar las carreteras y sólo puede desplazarse por vías fluviales y únicamente a otros pueblos musulmanes.
El acceso a los mercados y centros urbanos está restringido para los rohingya Amnistía Internacional
Los que logran un permiso para viajar en el norte del estado de Rajine, los frecuentes controles, atendidos en su mayoría por la Policía de Fronteras, son un peligro constante donde es habitual que sufran acoso, agresiones físicas y detención, y se las obligue a pagar sobornos.
“Había cuatro policías en total, dos de ellos pegaban con un bastón a la gente en la espalda, los hombros y los muslos. Otro abofeteó a la señora cuatro o cinco veces. Después de eso se los llevaron a la comisaría de policía”. Cuenta un hombre rohingya cuando la policía detuvo el autobús en el que viajaba
El equipo de Amnistía Internacional afirma que vio en un control a un policía de fronteras dando puntapiés a un rohingya y documentó al menos un caso de ejecución extrajudicial en el que agentes de la Policía de Fronteras mataron a tiros a un joven de 23 años que viajaba durante el toque de queda.
Al límite de la supervivencia
La calidad de los hospitales y clínicas del estado de Rajine es en general precaria para todas las comunidades, el acceso de la población rohingya a la atención médica se encuentra con graves obstáculos, a menudo mortales, añade el informe.
La población rohingya tiene prohibido el acceso al hospital de Sittwe, el centro médico de mayor calidad del estado de Rajine, salvo para casos de extrema gravedad. Necesitan un permiso de las autoridades del estado de Rajine y viajar escoltados por la policía.
En el norte del estado de Rajine, muchas personas no tienen más opción que ir a Bangladesh para acceder a la atención médica que necesitan, pero este viaje es muchas veces prohibitivo para todas las familias salvo para las más acomodadas.
“Quería ir al hospital de Sittwe para recibir tratamiento médico, pero está prohibido, el personal del hospital me dijo que no podía ir allí por mi propia seguridad y que tenía que ir a Bangladesh a recibir tratamiento. Eso es muy caro. Mi hermano tiene muchos arrozales y bueyes, y tuvo que vender algunos para pagar mi viaje. Tuve suerte… la mayoría de la gente no puede pagárselo y terminan muriéndose”. Cuenta un hombre.
Varias personas rohingyas contaron que habían tenido que pagar sobornos al personal del hospital y a los policías para llamar a sus familiares o comprar comida del exterior.
La clínica situada en campamento de desplazamiento a las afueras de la ciudad de Sittwe Amnistía Internacional
Restricciones a la educación y malnutrición
Desde 2012, las autoridades birmanas han endurecido las restricciones impuestas al acceso a la educación de la población rohingya. En grandes partes del estado de Rajine, los niños y niñas rohingyas ya no pueden asistir a las escuelas estatales antes mixtas, al mismo tiempo que el personal docente del gobierno suele negarse a viajar a las zonas musulmanas.
La malnutrición y la pobreza se han convertido en norma entre la población rohingya en las zonas afectadas, situación que las autoridades han agravado al limitar severamente el acceso de la ayuda humanitaria.
“Es muy difícil en este momento porque no tenemos bastante para comer. Estaríamos mejor en la cárcel o en prisión porque al menos entonces tendríamos comida periódicamente. De todos modos es como si viviéramos en prisión”, dice un joven rohingya
Niños rohingya en Buthidaung, en el norte del estado de Rakhine Amnistía Internacional
Negación de la ciudadanía
Desde 2016, el gobierno dificulta enormemente que las personas rohingyas inscriban a los recién nacidos en las “listas de hogares” que a menudo son la única prueba que tienen las familias rohingyas de que residen en Myanmar.
Mientras tanto, en el norte del estado de Rajine, quienes no están en su domicilio durante las “comprobaciones de población” anuales corren el riesgo de ser borrados totalmente de los registros oficiales.
Una consecuencia de esta campaña es que es casi imposible que las personas rohingyas que han huido del país regresen a su casa, lo que es especialmente preocupante dado que las operaciones militares de 2016 y 2017 han empujado a casi 700.000 personas a huir a Bangladesh, donde viven en campos para personas refugiadas en condiciones desesperadas.
“Hay que devolver urgentemente los derechos y la condición jurídica de las personas rohingyas, y reformar cuanto antes las discriminatorias leyes de nacionalidad, tanto para quienes permanecen en el país como para las que desean regresar”, defiende Anna Neistat.
Sistema de apartheid
Amnistía Internacional después de este informe concluye que Myanmar tiene la obligación legal de desmantelar el sistema de apartheid en el estado de Rajine y debe garantizar asimismo la rendición de cuentas de los responsables de cometer actos que constituyen crímenes de lesa humanidad.
“El estado de Rajine es la escena de un crimen. Y ya lo era mucho antes de la cruel campaña de violencia militar de los últimos tres meses. Este aberrante sistema de discriminación y segregación impregna todos los aspectos de la vida de la población rohingya y salvo que se tomen medidas inmediatas para desmantelarlo, seguirá vigente mucho tiempo después de que termine la campaña militar”, ha declarado Anna Neistat.
“La comunidad internacional debe despertar de esta pesadilla diurna y afrontar la realidad de lo que lleva ocurriendo desde hace años en el estado de Rajine. Aunque una parte importante de la solución es el desarrollo, éste no se puede llevar a cabo de un modo que afiance aún más la discriminación".
La vida en la aldea en el norteño estado de Rakhine Amnistía Internacional
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