Rechazo unánime a la decisión del Gobierno de trasladar inmigrantes a la cárcel de Archidona, en Málaga

• El delegado del Gobierno dice que el traslado de inmigrantes es "excepcional"
• Argumenta que la decisión se ha adoptado ante la "avalancha" de inmigrantes
• Las ONG recuerdan que la ley prohíbe que los CIE tengan "carácter penitenciario"

Decenas de inmigrantes llegan a Cartagena (Murcia).

La decisión del Gobierno de habilitar la futura cárcel de Málaga, ubicada en Archidona, como Centro de Internamiento de Inmigrantes (CIE) "provisional" para acoger a los 519 inmigrantes argelinos llegados en 49 pateras este fin de semana a la Región de Murcia y de Almería ha suscitado el rechazo unánime de la Junta andaluza, partidos políticos, sindicatos y ONG.

La cárcel, que se inauguraría en enero, acoge desde este martes a 497 migrantes llegados este fin de semana a las costas de Murcia, que han recibido kits de higiene personal y contarán con servicio de intérprete y asistencia sanitaria.

De momento, se ha abastecido el centro con 2.000 raciones de comida y se está proporcionando a los internos agua embotellada para "evitar problemas" mientras se repasa la red para "limpiar el cloro residual". Aunque se asegura que el agua "es salubre", se ofrece en botellas como medida de prevención mientras se termina de acondicionar la red.

Esta situación ha suscitado una parte de las críticas a esta decisión por parte del PSOE, Unidos Podemos y de diversas organizaciones sociales, pues la legislación española establece que los migrantes que son retenidos para ser expulsados deben permanecer en instalaciones policiales que no tengan carácter penitenciario y el centro de Archidona, aunque aún no ha sido inaugurado como tal, se ha construido para ser una prisión.

La nueva cárcel de Málaga, aún sin inaugurar, acogerá a 500 inmigrantes llegados a Murcia. EFE

Una medida "excepcional" y "provisional"

El delegado del Gobierno en Murcia, Francisco Bernabé, explicaba el lunes que este traslado se produce por la falta de capacidad de las instalaciones de la región, ya llenas, y que esta afluencia masiva obliga a buscar alternativas.

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha admitido que "la llegada masiva de inmigrantes" registrada en las últimas semanas a las costas españolas "ha colapsado el sistema" y ha obligado a enviar a personas rescatadas en el mar. Zoido ha justificado la decisión para evitar tener que alojarlos "en campamentos como se han visto en otros países".

La cárcel de Archidona, aún sin inaugurar, cuenta con 12 módulos, además de otros cuatro polivalentes, un edificio de enfermería y podría atender con las debidas condiciones humanitarias a los inmigrantes atendidos en los últimos días en Cartagena, defienden los representantes del Gobierno, que enmarcan esta situación como algo "excepcional" y sin precedentes, en palabras también del delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz.

"Es una decisión temporal, excepcional, provocada por una avalancha" de inmigrantes, ya que "llegaron 1.000 en unas horas", ha subrayado el delegado del Gobierno en Andalucía, que ha querido dejar claro que el traslado se ha hecho con la autorización judicial de un total de siete juzgados.

Los inmigrantes, entre los que se encuentran nueve mujeres, una de ellas embarazada, y varios menores, se alojarán en principio en el centro penitenciario malagueño durante los 60 días que marca la ley de extranjería. Según la alcaldesa de Archidona, Mercedes Montero, Interior le ha asegurado que prevén que estas personas no permanezcan más de 40 días en la futura cárcel.

Vulneración de la ley de extranjería

Sin embargo, organizaciones que atienden a las personas inmigrantes, como el Servicio Jesuita de Migrantes, denuncian que internar a cerca de medio millar de personas en Archidona supone una violación de la ley y que la decisión se adopta "acudiendo a la ficción de que no se trata de un centro penitenciario, al no estar en uso como tal ni haber población penitenciaria".

"Este internamiento viola el artículo 62 bis 1 de la LOEX, cuando dice que los centros de internamiento de extranjeros son establecimientos públicos de carácter no penitenciario; el ingreso y estancia en los mismos tendrá únicamente finalidad preventiva y cautelar, salvaguardando los derechos y libertades reconocidos en el ordenamiento jurídico", recuerdan, una ordenación que también afecta a las condiciones físicas de los locales en los que se produce el internamiento.

A su juicio, "un episodio como este revela las dificultades reales para encajar el internamiento y los CIE dentro del sistema constitucional". "Como sociedad civil, nos jugamos mucho en defender los derechos y garantías constitucionales, también de su vulneración por los mismos poderes públicos llamados a velar por la Constitución", sentencia la entidad.

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha pedido que se pongan en marcha medidas alternativas, y más de una veintena de organizaciones sociales han mostrado su rechazo y piensan estudiar acciones legales ante el internamiento que consideran "absolutamente ilegal".

"Los actuales centros de internamiento son en la práctica cárceles sin los mínimos requisitos, pero internarlos directamente en centros penitenciarios es inaceptable y supone dar un paso más en la criminalización de la población inmigrante", exponen en un comunicado en el que manifiestan no entender cómo el Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha permitido este traslado.

"Sin agua corriente y potable"

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios, ha dicho que el Ejecutivo andaluz coincide con la opinión manifestada por la organizaciones de voluntariado y no cree que la cárcel de Archidona sea el "lugar adecuado" para trasladar inmigrantes, si bien ha destacado que la Junta no tiene competencias al respecto, "ni para el traslado, mantenimiento, ni sustento".

También ha insistido en la necesidad de que el Gobierno de Rajoy asuma su responsabilidad y "alce la voz" en Europa "para que la UE hable ya alto y claro sobre la situación que está pasando, fruto de la realidad de los países de origen".

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, replica que el Gobierno ha buscado la solución "mejor posible y la menos mala" y cree que "no hay que entender que porque sea ese edificio una futura prisión están encarcelados". Añade que contener a estos inmigrantes en el centro penitenciario permite "que no queden desamparados en la calle" y analizar sus casos para plantear su retorno o su redistribución a otros lugares.

Sin embargo, el PSOE considera que esta decisión es una "barbaridad" y coincide también en que "vulnera la legislación vigente". El grupo socialista en el Congreso ha registrado una batería de preguntas para pedir explicaciones al Ministerio del Interior, y también Unidos Podemos pedirá la comparecencia urgente de Zoido.

En declaraciones a Europa Press, el portavoz de Interior del grupo socialista, David Serrada, ha incidido en que "es una prisión que está sin abrir, que no tiene servicios básicos como agua corriente y potable" por lo que "no es la solución para solventar el problema de las llegadas masivas que ha habido en las últimas semanas". "Nos parece una auténtica barbaridad", ha sentenciado.

El PSOE subraya que la cárcel de Archidona, que "lleva cinco años de retraso para abrirse y no lo ha hecho para estar operativa, ahora sí que sirve para recluir a inmigrantes", pregunta hasta cuándo tiene previsto el Gobierno mantener su internamiento y "cómo va a solventar los problemas de abastecimiento de agua" en las instalaciones.

Denuncian un engaño "deliberado" a los jueces

El sindicato de prisiones Acaip ha denunciado una "actuación deliberada" para "engañar" o darle una información errónea a los juzgados de Almería y Murcia sobre el centro de Archidona. Según su presidente, José Luis Pascual, en los autos de los juzgados de estas dos provincias se señala que los inmigrantes serán internados en un Centro de Internamiento de Extranjeros dependiente de la Jefatura Superior de Policía de Archidona, el cual "nunca ha existido".

Ante esta situación, el sindicato se plantea emprender acciones legales para exigir una depuración de responsabilidades porque no entiende "cómo siete juzgados de dos provincias pueden haber caído en la cuenta de remitir a inmigrantes a un CIE que no existe".

La sección sindical de CCOO en Instituciones Penitenciarias ha criticado "el grave retroceso en materia de derechos humanos" que supone este internamiento de inmigrantes en la cárcel de Archidona, y la Oficina del Defensor del Pueblo, que ya ha recibido las primeras quejas sobre el traslado de estas personas, afirma estar "vigilante".