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Sáenz de Santamaría: "Los partidos independentistas son los más anticatalanes"

  • Pone como ejemplo que Barcelona no tenga la Agencia Europea del Medicamento
  • La vicepresidenta del Gobierno responde a Ciudadanos en el Senado
  • El PP apoyará dotar con 200 millones en 2018 al pacto contra la violencia de género

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Rajoy conversa con la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en el Senado
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, conversa con la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en el Senado.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha culpado a los partidos independentistas de que Barcelona no haya sido elegida sede de la Agencia Europea del Medicamento y ha considerado que esas fuerzas políticas son las más anticatalanas y las que más daño han hecho en nombre de Cataluña.

Sáenz de Santamaría se ha expresado en estos términos en la sesión de control al Gobierno del pleno del Senado, en respuesta a una pregunta del senador de Ciudadanos Francisco Alegre, interesado en conocer qué evaluación hace el Gobierno sobre la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña.

"A la postre se ha demostrado que los partidos independentistas son hoy por hoy los partidos más anticatalanes. Han hecho daño más que nadie a Cataluña en nombre de la propia Cataluña", ha señalado la vicepresidenta.

Costará "muchísimo trabajo" revertir el "deterioro" de la convivencia

Sáenz de Santamaría considera que aunque la aplicación del artículo 155 ha permitido restaurar la legalidad y la normalidad institucional, es tan "grande" el "deterioro" de la convivencia que costará "muchísimo trabajo y esfuerzo" revertirlo.

Para conseguirlo, ha añadido, habrá que contar "las verdades del barquero" y hablar del "egoísmo y las mentiras" de los independentistas, que han impedido, por ejemplo, que Barcelona sea la sede de la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés).

El despliegue de Policía Nacional y Guardia Civil en Cataluña para frenar el referéndum del 1-O, suspendido por el Tribunal Constitucional, ha motivado otra pregunta del senador de Esquerra Republicana Xavier Castellana al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, sobre el coste de esta medida adoptada por el Gobierno.

Xavier Castellana le ha reprochado a Zoido haber "dedicado 50 millones de euros a reprimir el 1-O" y Zoido se ha escudado en la Ley de Secretos Oficiales para no desvelar el coste del dispositivo y le ha acusado de faltarle el respeto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La Policía Nacional y la Guardia Civil que "saben que si se está produciendo un delito tienen la obligación de evitarlo".

La senadora de Podemos, Sara Mercé, también ha preguntado a Zoido por el coste del despliegue policial en Cataluña y ha responsabilizado al Gobierno de la "única violencia por la actuación desproporcionada" durante las cargas policiales que no ha facilitado. En respuesta, el ministro ha acusado a Podemos de estar "instalado en la ambigüedad" y que no les importen las empresas que se han ido o el incremento del paro"

García-Escudero retira la palabra al senador Mulet

Uno de los momentos más tensos de esta sesión se ha producido cuando el senador Carles Mulet García, de Compromís, ha intervenido para preguntar sobre la financiación autonómica al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

El presidente del Senado, Pío García Escudero le ha retirado la palabra a Mulet después de apercibirle en tres ocasiones por no referirse en su intervención, cargada de referencias a los casos de corrupción que afectan al PP, a la financiación.

Garcia-Escudero retira la palabra al senador Mulet que muestra un cartel con los papeles de Bárcenas

Rajoy ha respondido con ironía que le agredecía todas las "aportaciones" que había hecho en su intervención en relación al sistema de financiación autonómica.

En otro orden de cosas, en respuesta a una pregunta del senador del PSOE Ander Gil, el presidente del Gobierno ha anunciado que el grupo popular respaldará en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley de los socialistas para dotar de 200 millones de euros el presupuesto del pacto contra la violencia de género para 2018.