El Congreso aprueba el nuevo Cupo Vasco con el rechazo parlamentario más alto desde su creación
- El Cupo y el Concierto económico vascos se han tramitado por vía de urgencia
- Un total de 36 diputados han votado en contra, el 10% del Congreso
- Ciudadanos y Compromís lo rechazan al considerar que discrimina al resto de autonomías
El Congreso de los Diputados ha aprobado el nuevo Cupo vasco y la renovación del Concierto económico de Euskadi para los próximos cinco años por el trámite de urgencia, pese a que ambas normas han recibido más votos en contra que nunca. La polémica ha rodeado esta aprobación, ya que es resultado de la negociación entre el PP y el PNV para desbloquear los presupuestos del Estado para 2018 y se produce al mismo tiempo que está paralizada la negociación de un nuevo sistema de financiación autónomica para las comunidades de régimen común, que se quejan de la insuficiencia del modelo actual.
En total, 292 diputados han apoyado las dos propuestas legislativas pactadas entre el Gobierno y el PNV en mayo pasado, mientras que 36 han votado en contra y dos se han abstenido.
Las dos regulaciones han sido respaldadas por Partido Popular, PSOE, Unidos Podemos, PNV, PDeCat, Coalición Canaria, Foro Asturias, Unión del Pueblo Navarro y Bildu.
En el lado opuesto, Ciudadanos y Compromís han rechazado ambas normas al considerar que privilegian al País Vasco frente al resto de comunidades autónomas.
Montoro: "Se regularizan las relaciones financieras entre Estado y País Vasco"
El Gobierno, representado por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha defendido ambas medidas porque son "fruto del diálogo" entre el Estado y las instituciones vascas y recuperan el acuerdo después de 10 años de desavenencias. Estas leyes, ha valorado Montoro, "regularizan las relaciones financieras" entre ambas partes y "las nutre de estabilidad y certidumbre" para los próximos años.
Además, Montoro ha defendido la fijación de la base de partida del Cupo vasco en 1.300 millones de euros anuales en que los ciudadanos vascos "contribuyen como los demás a financiar los servicios públicos, incluso más, porque tienen impuestos más altos".
La ley quinquenal del Cupo Vasco para los años 2017-2021 fija la fórmula de cálculo de lo que Euskadi debe pagar al Estado por las competencias no transferidas a esa comunidad y por servicios comunes, como infraestructuras, Defensa y servicio exterior.
La cifra base del Cupo será de 1.300 millones de euros anuales, similar a las cantidades anteriores, que oscilaban entre 1.000 y 1.500 millones.
Pero en cada ejercicio, el Cupo líquido -lo que en realidad acaba pagando el País Vasco- variará según los descuentos que se apliquen por distintos conceptos y que no serán los mismos de un año a otro. Así, la cifra que se pagará este año ronda los 945 millones.
El Gobierno central y las instituciones vascas alcanzaron en mayo un acuerdo después de años de desavenencias sobre el cálculo del Cupo. Esas diferencias correspondían al período 2007-2016, así como al cálculo de las políticas activas de empleo, cuyas competencias fueron transferidas a Euskadi en 2010.
Finalmente, las dos partes han pactado que el Estado devuelva al Gobierno vasco 1.400 millones de euros que se entienden cobrados de más, un dinero que se irá descontando del Cupo de forma progresiva durante los próximos cinco años: el 10% de los 1.400 millones se descontará del pago de este año, el 15% el año próximo, el 20% al siguiente, un 25% en el cuarto ejercicio y el 30% restante, en el
último año.
Para Ciudadanos, "el cuponazo es un privilegio"
El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha criticado el sistema de financiación vasco al completo al considerarlo "inconstitucional", porque "la Constitución no permite la discriminación económica de los ciudadanos por los territorios donde viven".
"Nosotros queremos defender la solidaridad interterritorial. Queremos una financiación justa para todos los españoles", ha resumido Rivera en su intervención, donde ha reiterado que "el cuponazo es un privilegio que no responde a un cálculo técnico sino a un amaño político".
"Una de las comunidades más ricas no participa en la caja común con el resto y, además, es subvencionada por el resto de los españoles" en un 30%, lo que "es una injusticia", ha lamentado el político catalán.
Rivera ha apoyado esas declaraciones con cifras. Así, ha señalado que la Comunidad de Madrid aporta 19.205 millones a la solidaridad territorial, Cataluña pone 9.892 millones y la Comunidad Valenciana, unos 1.700, mientras que el País Vasco recibe 3.387 millones.
Y, como ejemplo, ha indicado que el gasto medio por alumno es de 8.976 euros en País Vasco, mientras que en Madrid es de 4.443 euros y en Cataluña, de 4.595, ha agregado Rivera. "Así gestiono yo también mejor la Educación, con el doble de dinero. Es mucho más sencillo, pero mucho más injusto", ha insistido.
"No vamos a hacer pagar a los españoles sus amaños políticos con los nacionalistas", ha incidido Rivera, en cuya opinión los nacionalistas catalanes no van a votar en contra del Cupo vasco porque quieren para Cataluña "otro cuponazo". "Como buenos supremacistas, les gustan también los privilegios", ha reprochado.
Críticas a la tramitación
También ha rechazado la tramitación parlamentaria por vía urgente de ambas leyes y ha lanzado una cuestión: "¿Por qué es urgente cerrar la financiación del País Vasco y no la del resto de comunidades?".
En ese mismo sentido, Rivera ha recordado que el PNV está bloqueando la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado del año que viene y ha insistido en que ese proyecto presupuestario incluye "mejoras para todos los españoles pactadas por Ciudadanos con el Gobierno". "Aprobar esos presupuestos que favorecen a todos, ¿eso no es urgencia?", se ha preguntado.
La actitud de Ciudadanos ha sido criticada por el resto de formaciones políticas, que le acusan de enfrentar a territorios y ciudadanos para tratar de obtener réditos electorales en Cataluña.
Así, la diputada del PNV Idoia Sagastizabal ha recordado que en este modo de financiación, todo el riesgo lo asume el País Vasco al financiarse por sí mismo.
"Si la financiación no nos llega, no podemos recurrir a la solidaridad interterritorial ni a mecanismos como el FLA", ha indicado, antes de reiterar que su comunidad sí contribuye al fondo de solidaridad interterritorial y que el régimen foral requiere una presión fiscal igual o superior a la del régimen común.
Sin embargo, tanto Unidos Podemos como el PSOE han coincido con Rivera en sus críticas a la forma de negociar y aprobar las nuevas normas vascas.
La diputada de Unidos Podemos Nagua Alba ha explicado su voto positivo por el apoyo de su grupo a “un Estado plurinacional”, pero ha criticado que la financiación de un territorio sea "cuestión de negociación entre dos partidos” y se utilice “como moneda de cambio”, en referencia a que el PP y el PNV habrían pactado el Cupo a cambio del apoyo de los vascos a los próximos Presupuestos.
Un debate con la financiación autonómica en la trastienda
La reforma del sistema de financiación autonómica ha sobrevolado este debate en el Congreso y ha estado presente en todos los discursos, en unos casos para comparar contribuciones y en otros, para presentarlo como discriminado ante el modelo vasco.
Así, el ministro Montoro ha admitido que está pendiente la negociación de la financiación de las comunidades de régimen común. Pero ha insistido en que el Gobierno del PP necesita a otros grupos políticos, especialmente al PSOE, que gobierna en varias comunidades.
Actualmente, la financiación se estudia dentro de un comité específico del Consejo de Política Fiscal y Financiera -que reúne al Gobierno central con los de las autonomías de régimen común-, que tras analizar el informe de los expertos y las propuestas de las comunidades, tendrá que elaborar un borrador.
Montoro ha apelado a ser "realista" y ser conscientes de que en las fecha actuales no será fácil conciliar posiciones antes de que finalice el año, pero ha garantizado que el Gobierno trabajará para hacerlo posible y poder incorporar un nuevo modelo de financiación autonómica en los Presupuestos Generales del Estado para 2018.
Sin embargo, desde el Partido Socialista, Pedro Saura ha exigido al Gobierno "que, antes de que acabe el año, ponga encima de la mesa sus bases, su modelo, sus propuestas de financiación autonómica".
El PSOE ha votado a favor de las normas para la financiación vasca, pero ha subrayado que "tanto ayuda a la cohesión de España el Cupo vasco como garantizar suficiencia en la financiación del resto de comunidades", y ha lamentado que el Ejecutivo del PP lleve "5 años en deuda con esas comunidades autónomas, algunas de las cuales están escandalosamente mal financiadas".
Esa ha sido la posición defendida también por Compromís y que le ha llevado a oponerse al Cupo y el Concierto vascos. Su portavoz, Ignasi Candela, ha remarcado que su partido quiere "un sistema de financiación justo para todos, sin privilegios para nadie".
"Estamos muy hartos de que la política de España siempre se haya decidido por el eje Madrid-País Vasco-Cataluña", ha advertido el valenciano.