La comisión sobre la M-30 concluye que las obras fueron ilegales y apunta a Gallardón como responsable

• El PSOE, Ahora Madrid y Cs recomiendan remunicipalizar el mantenimiento
• Señalan al exalcalde del PP por haber escogido "un modelo de gestión ruinoso"

Un luminoso prohíbe la velocidad a más de 70 km/h en la vía de circunvalación de la M-30.

La comisión de investigación abierta en el Ayuntamiento de Madrid sobre las obras de la M-30 ha concluido este viernes que estas fueron "totalmente ilegales" y que el modelo de gestión del mantenimiento con un socio privado es "lesivo" a los intereses municipales, por lo que recomienda la remunicipalización de dicho servicio. Así consta en el dictamen con el que termina la actividad de esta comisión, que votaron a favor Ahora Madrid, el PSOE y Ciudadanos, con el voto en contra del PP.

Esta comisión de investigación ha analizado desde el mes de abril los indicios de irregularidades en la gestión de la sociedad mixta Madrid Calle 30, que desde 2004 está participada en un 80% por el Ayuntamiento y en un 20% por la Empresa de Mantenimiento y Explotación S.A. (Emasa), aunque no hay recomendación directa de llevar las supuestas irregularidades a los tribunales.

El dictamen, que se elevará al Pleno de la semana que viene y contempla la posibilidad de ser entregado a la Fiscalía, señala que las obras se realizaron sin la preceptiva evaluación de impacto ambiental, que habría permitido recurrir a un crédito muy ventajoso del Banco Europeo de Inversiones en lugar de hacerlo a capital privado en forma del socio Emesa, muy favorecido por el contrato a costa del Ayuntamiento. Todo ello con el objeto de llegar a tiempo a las elecciones de 2007.

El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, durante la inauguración del túnel Sur del bypass Sur de la M-30. EFE

Gallardón, responsable de un sobrecoste de 600 millones

"Existen responsabilidades políticas directas por la toma de decisiones que han afectado social, medioambiental y económicamente a toda la ciudad de Madrid", recoge el dictamen, que responsabiliza al gobierno del exalcalde Alberto Ruiz-Gallardón de haber escogido "un modelo de gestión ruinoso" para la ciudad de Madrid al privatizar parcialmente la entidad.

Las conclusiones hacen al gobierno de Gallardón, que no quiso comparecer en la comisión, "responsable de elegir un modelo de gestión lesivo e ineficiente” y de las "irregularidades" en las obras, cuyo sobrecoste estima en 597 millones de euros entre 2015 y 2016, a los que habría que añadir más de 330 en IVA, 148 en Impuesto de Sociedades y 78 en intereses de préstamo subordinado.

El dictamen señala además la "falta de transparencia" en todas las fases de creación de la sociedad desde la transformación de la empresa mixta a la tramitación de las obras de forma "totalmente intencionada" para evitar que la ciudadanía pudiera acceder a los documentos reales.

Volver a una gestión 100% municipal

Como recomendaciones, se sugiere revertir el modelo hasta volver a la gestión 100% municipal, pese a que el contrato esté blindado hasta 2040, y, mientras no sea posible, hacer una auditoría que esclarezca las irregularidades y exigir al socio privado, Emesa, incluso por la vía judicial, la devolución del dinero no empleado en el mantenimiento.

La remunicipalización debería garantizar "un minucioso control sobre el mantenimiento y la explotación de la infraestructura", según indica el texto, que recomienda también licitar otro contrato de conservación de la infraestructura y "una auditoría rigurosa" sobre el cumplimiento del contrato.

También se pide subrogar el personal de atención a incidencias y emergencias, "que suponen una parte fundamental de la correcta explotación de la infraestructura" y "dotarles de la calificación como servicio de emergencias que deben ostentar y asegurar que su formación es la adecuada para las tareas que realizan.

En tanto que esos cambios no se materialicen, el dictamen propone elaborar auditorías de las obras y el nivel de contaminación en el interior del túnel, además de solicitar al socio privado "en la vía judicial que proceda" la información sobre los costes de cancelación de los contratos de cobertura firmados por la sociedad privada.