El Gobierno aprueba un decreto que garantiza el acceso universal a una cuenta bancaria

• Debe dar servicios básicos, como transferencias, domiciliaciones y pago con tarjeta
• Pretende evitar que se discrimine a los clientes por su rentabilidad
• También da luz verde a una ley que obliga a empresas a informar sobre su impacto medioambiental

Se pretende evitar que los bancos puedan discriminar a los clientes por su rentabilidad.

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un real decreto que garantiza el derecho universal de acceso a una cuenta bancaria básica, que deberá proporcionar servicios considerados básicos, como la domiciliación de recibos, las transferencias, el uso de tarjetas y la retirada de efectivo.

Al establecer el derecho a una cuenta de pago básica, se evita que los bancos puedan discriminar a los clientes en función de su rentabilidad. Las personas que carecen de permiso de residencia también tendrán ese derecho.

Aunque esta cuenta bancaria puede llegar a ser gratuita, el Ministerio de Economía se encargará de fijar una comisión máxima "razonable", según han explicado fuentes del departamento que dirige Luis de Guindos.

Esta nueva norma -que transpone a la legislación española una directiva europea de 2014- establece que el banco deberá facilitar a todos los clientes el conocimiento de las comisiones que paga y la comparación, a través de la web del Banco de España, del recargo que aplica cada entidad.

Obligación de las empresas a informar sobre su impacto medioambiental

Además de este decreto ley, la reunión de ministros ha dado luz verde a otro que obliga a las grandes empresas (de más de 500 empleados) a informar de aspectos sociales, laborales, medioambientales, respeto a los derechos humanos, la lucha contra la corrupción y la diversidad en los consejos de administración dentro del informe de gestión que acompaña a las cuentas anuales.

Esta normativa también traslada la legislación europea sobre la obligación de cualquier empresa de informar sobre el impacto real y potencial de su actividad en el medio ambiente y cómo las cuestiones medioambientales actuales pueden afectar a la compañía.

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha justificado que ambas normas se hayan aprobado por la vía de decreto ley por que se iba "con retraso" en la trasposición de las directivas europeas.

También ha señalado que las dos se enviarán en los próximos 30 días al Congreso para su validación.