La paz no ha llegado al Chocó
- Este departamento ha sufrido en 2017 más de 5.000 desplazamientos forzados
- El territorio dejado por las FARC ha sido ocupado por el ELN o grupos paramilitares
- Los desplazamientos y confinamientos han provocado una crisis humanitaria
Muchos pensaron que la paz llegaría a Colombia. Aquellos que llevaban años bajo el yugo de grupos armados creyeron que el desarme de las FARC, la mayor guerrilla del país, iba a mejorar sus vidas. Y así fue durante unos pocos meses.
“Al principio todo estuvo muy tranquilo, las FARC desaparecieron y las comunidades del Medio San Juan empezaron a gozar de más libertad”, dice a RTVE Emilio Delgado, del municipio de Bebedó. “Para nosotros sigue el mismo miedo, otros grupos han llegado imponiendo ley y orden, cosas que nos tienen traumatizados”.
Bienvenidos a Istmina, una ciudad a la que en los últimos años han llegado miles de personas huyendo de corregimientos rurales en los que los grupos armados se han hecho fuertes para controlar el narcotráfico y la minería irregular. Sólo en este 2017, hay registrados más de 5.000 desplazamientos a causa de la violencia y como señala Yeison Arboleda, “la paz del presidente Juan Manuel por aquí no ha llegado”.
Una mujer llamada Serlenis nos cuenta desde su casa que se marchó “porque hubo bombardeos en mi comunidad. Nos ha tocado estar uno o dos meses sin poder salir, no podíamos ni salir a buscar el pancoger que cultivamos. Son sus conflictos y nosotros quedamos en el medio”.
El confinamiento es algo a tener muy en cuenta, nos dice el director de Pastoral Social (Cáritas Colombia), Hector Fabio Henao. Este obispo, que forma parte regularmente de misiones de intermediación entre los agentes armados y el Gobierno, asegura que "hay que prestar mucha atención a esta situación ya que las comunidades no pueden abandonar sus territorios”. “Se ven rodeados de actores armados que les impiden el acceso a todo, comida o medicamentos”. O te vas, o te mueres. Si es que te dejan.
Defensores en el punto de mira
Aquí en el Chocó todo funciona gracias los ríos. El San Juan y el Atrato forman una red de comunicaciones que son utilizadas por todos, y que no son seguras. Las pangas son los vehículos de comerciantes, estudiantes, y también, de los defensores de Derechos Humanos que aquí tienen de todo menos descanso.
“Si te metes en algo equivocado, te la juegas”, asegura Albeiro Moya. Este abogado trabaja para la Diócesis de Quibdó y vio desde pequeño lo que es ser víctima del conflicto. “Estuve separado muchos años de mi mamá, no sabía si incluso me quería. Luego me enteré de que mataron a sus hermanos y ella intentó que permaneciera al margen de todo”, relata. “Me dediqué a estudiar y a inspirarme en gente como Mandela o Gandhi y aquí estoy”.
El trabajo de los defensores de Derechos Humanos y de los líderes sociales es muy complicado. Se juegan la vida, como relata Alexis Heredia, del consejo comunitario Cocomacia. “Somos objetivo militar, y necesitamos que el Gobierno nos brinde garantías de seguridad para trabajar por nuestro territorio”, dice indignado de ver cómo cada día les cuesta más representar a su gente en un territorio que escapa a su control.
“O compro al marido, o a la viuda”
El Chocó es lugar de minorías. Está poblado por negros e indígenas, los eslabones étnicos más débiles del país. Dos colectivos muy vinculados a sus tierras y sin embargo, sin fuerza suficiente para defenderlos. “Los grupos al margen de la ley llegan, y te expulsan de tu tierra. Aquí hay una frase muy usada por ellos: O compro al marido, o compro a su viuda”, cuenta Plácido Bailarín, representante de los embera de Bojayá.
Y no hablemos de las mujeres, víctimas predilectas de las bandas. Lucy es una indígena llena de fuerza con una lengua que no atiende al temor que reconoce una vulnerabilidad que el Gobierno “ignora”. Denuncia que ellas tienen un papel en el que siempre permanecen en el territorio. “Estamos confinadas y a merced de los violentos. Necesitamos de verdad que la fuerza pública haga su trabajo y defienda los derechos que tenemos sobre nuestra tierra”, afirma.
Esto no es ninguna tontería en un país como Colombia cuya Constitución reconoce incluso los tribunales indígenas en las zonas de reserva conocidas como resguardos. “La paz que queremos nosotros es no estar sometidos a grupos armados, que nos quiten los cultivos ilícitos, y que nos dejen vivir como hemos vivido siempre”, asegura una Lucy que reconoce no estar muy ilusionada con el proceso actual.
El ELN y su negociación
Y mientras, en Quito sigue la negociación con el ELN en medio de un cese al fuego que, en principio, durará hasta enero. Las posiciones de fuerzas adoptadas por el ELN en el Chocó, y la independencia de su frente occidental, hacen que este departamento sea clave para la futura firma de un acuerdo.
“Por la importancia estratégica y la implantación en el territorio, si no hay solución para el Chocó, no podremos alcanzar un acuerdo con el ELN. Es un crisol de problemas humanitarios”, confesaba a RTVE en Bogotá el jefe negociador del Gobierno, Juan Camilo Restrepo.
Para acercar posturas, la Iglesia católica ejerce de mediadora en condiciones complicadas.
El obispo de Quibdó, Juan Carlos Barreto, presente en muchas de las sesiones de negociación, confiesa que hay ilusión en poder alcanzar un acuerdo, pero con dificultades ya que el ELN tiene una estructura más descentralizada que las FARC. “Acompañamos a las comunidades que viven cada día la violencia. Escuchamos y trasladamos sus vivencias y denuncias a la mesa. Y exigimos que se ponga fin al minado, el confinamiento, el desplazamiento y los secuestros tan habituales”, afirma antes de añadir que sin “un compromiso claro del Estado por estas comunidades, nunca se avanzará”.
El caso es que todos están hartos. Quieren que de una vez el Chocó deje de ser ese infierno al que están acostumbrados. Que por sus gigantescos ríos corra más vida y menos sangre.