Treinta y dos detenidos por defraudar un millón de euros a la Seguridad Social

• Acumularon en impagos por cuotas a la Seguridad Social un total de 721.000 euros
• Estafaron 355.000 euros a cuenta de prestaciones por desempleo y subvenciones

Un coche de la Policía Nacional, en una imagen de archivo

La Policía Nacional ha detenido a 32 personas acusadas de defraudar 1.076.000 euros en prestaciones por desempleo, subvenciones a la contratación y otras ayudas que obtuvieron sin tener derecho a ellas a través de distintas empresas en la provincia de Las Palmas que simulaban contratar a empleados por los que, además, no pagaban las cuotas que debían haber efectuado a la Seguridad Social.

De esta forma, precisa en un comunicado de la Jefatura Superior de Policía de Canarias, acumularon impagos a la Seguridad Social por valor de 721.000 euros, al tiempo que estafaron otros 355.000 euros a las arcas públicas a cuenta de prestaciones y subvenciones obtenidas de forma ilegal.

Los acusados de delitos de falsificación documental y fraude a la Seguridad Social se beneficiaron de todo tipo de prestaciones y subvenciones destinadas a desempleados y a extranjeros en situación de necesidad que les fueron concedidas tras simular que les habían contratado las empresas implicadas en el fraude.

Simulaban falsas relaciones laborales

Las sociedades participantes en la trama llegaron a emplear a una gran cantidad de trabajadores, que alcanzó la cifra de 50 en el caso de una de ellas a pesar de que ese volumen de personal excedía sus dimensiones y necesidades.

Las empresas, según señala la Policía Nacional, simulaban falsas relaciones laborales a fin de conseguir de forma fraudulenta subvenciones del Servicio Canario de Empleo, prestaciones por desempleo y beneficios en materia de extranjería, y sin abonar, además, las cuotas que debían haber pagado a la Seguridad Social por los trabajadores supuestamente contratados.

Los arrestados -de nacionalidad española, marroquí, senegalesa, mauritana y bangladesí- ya han sido puestos a disposición de las autoridades judiciales de Las Palmas de Gran Canaria y San Bartolomé de Tirajana.