Bruselas pide a la justicia europea una multa diaria para España por no introducir a tiempo la directiva hipotecaria

• Pide una multa diaria de 105.991 euros por el retraso para trasponer la directiva
• En marzo de 2016 terminó el plazo para incorporarla a la legislación española
• El Gobierno confía en que se apruebe la ley que la incorpora antes de las sanciones

La sede del Tribunal de Justica de la Unión Europea, en Luxemburgo.

La Comisión Europea (CE) ha solicitado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que imponga una multa de 105.991,60 euros diarios a España por no haber introducido a tiempo en la legislación nacional la directiva europea sobre contratos de crédito hipotecario, según ha informado la corte.

El Ejecutivo comunitario decidió el pasado abril llevar a España ante el tribunal europeo tras constatar que el país aún no había traspuesto esta norma y que el Gobierno no ha comunicado las medidas que piensa tomar para ello, pese a haberle advertido en varias ocasiones de que debía hacerlo.

En un recurso presentado contra España el 27 de septiembre, la Comisión pide a la corte que le imponga una sanción "coercitiva diaria" de 105.991,60 euros a partir del día en que se emita la sentencia que confirme este incumplimiento y que España pague las costas del proceso.

El Gobierno confía en que antes se apruebe la ley

Los países tenían de plazo hasta el 21 de marzo de 2016 para trasponer la ley, que fue aprobada en 2014, y la Comisión había advertido por primera vez en 2015 y después en mayo y noviembre de 2016 a España de que debía introducirla en su legislación nacional.

En abril, el Gobierno achacó el retraso en la trasposición de la directiva a que durante todo 2016 el Ejecutivo estuvo en funciones y no pudo avanzar en esa materia.

Fuentes del Ministerio de Economía han recordado este lunes que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 3 de noviembre el Proyecto de Ley de Crédito Inmobiliario, que traspone la directiva sobre créditos hipotecarios.

La norma ya se ha enviado al Congreso y el Gobierno confía en que la ley sea validada pronto y se puedan evitar las sanciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Desde la corte comunitaria recuerdan que pueden transcurrir varios meses, incluso un año, desde que se presenta un recurso hasta que se celebra la vista del caso.