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La Fiscalía eleva la petición de cárcel para los presuntos cabecillas del 'caso Emarsa' por malversación

  • La fiscal pide 24 años para su exgerente Cuesta y 20 para su expresidente Crespo
  • Emarsa era la empesa pública que gestionaba la depuradora de Pineda, en Valencia
  • Las acusaciones piden que los 24 procesados reintegren 35 millones de euros
  • Según la fiscal, se pagaron con dinero público viajes, comidas, regalos y sobresueldos

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Enrique Crespo (2d) y Esteban Cuesta (I), en una imagen de archivo del inicio del juicio en marzo
Enrique Crespo (2d) y Esteban Cuesta (I), en una imagen de archivo del inicio del juicio en marzo

La Fiscalía ha elevado su petición de penas de cárcel, hasta prácticamente doblarlas, para los considerados cabecillas del caso Emarsa, que investiga el desvío de más de 23,5 millones de dinero público de la empresa que gestionaba la depuradora de Pinedo, en Valencia. El Ministerio Público ha pedido este lunes 24 años de prisión para Esteban Cuesta, exgerente de la empresa pública, y 20 años para Enrique Crespo, expresidente de Emarsa, exvicepresidente de la Diputación de Valencia y excalde 'popular' de Manises. Al inicio del juicio pedía 12 y 14 años, respectivamente.

Ambos están procesados por prevaricación, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos. En el caso de Cuesta se le imputa además un delito de cohecho.

Esteban Cuesta y Enrique Crespo se sientan en el banquillo junto a otros 22 procesados. Las acusaciones del caso Emarsa han pedido este lunes que todos ellos hagan frente a un desembolso cercano a los 35 millones de euros.

Gastos en viajes, hostelería, regalos y sobresueldos

Esta cantidad resulta de sumar los 23,5 millones que se piden en concepto de indemnizaciones para la empresa de la Generalitat Valenciana Epsar y la empresa pública metropolitana de Valencia Emshi, los 8,2 millones por el coste (por ahora) de la liquidación de Emarsa y los 3,2 millones en concepto de sanciones tributarias.

Además de la facturación ficticia por obras y servicios no prestados en Emarsa, la Fiscalía concluye que los perjuicios causados por gastos en viajes particulares superan los 260.000 euros, que los gastos indebidos en hostelería y obsequios fueron cercanos a los 840.000 euros y que se cobraron sobresueldos por 146.000 euros. Todas estas cantidades están incluidas dentro de los 23,5 millones de euros en los que se cifra el desvío de fondos públicos de Emarsa.

En la primera de las vistas dedicadas a la presentación de conclusiones del caso Emarsa, la fiscal Virginia Abad se ha limitado a exponer los cambios sobre su acusación inicial, dado que el texto completo supera los 700 folios, de modo que no se ha podido escuchar en la sala un relato detallado de los hechos.

La Fiscalía les atribuye dos delitos de malversación diferenciados

A diferencia del inicio de la causa, la Fiscalía ha optado por atribuir dos delitos de malversación diferenciados (uno en el "negocio" de las obras y servicios en Emarsa y otro el del incremento injustificado del coste del tratamiento de los lodos) a Cuesta y Crespo, una tesis que sostuvo de inicio la Abogacía de la Generalitat Valenciana.

Las defensas centrarán buena parte de sus esfuerzos a partir de este martes en rebatir este criterio jurídico, pues según han explicado a Efe se debería haber solicitado una pena por malversación continuada en lugar de dos delitos de malversación, una opción que, en su opinión,contraviene el artículo 74 del Código Penal.

De acuerdo al calendario previsto, este martes empezará la lectura de informes de las partes (empezando por la Fiscalía y las acusaciones) y el macrojuicio finalizará el 14 de diciembre.

En el caso del ex alto cargo de la Conselleria de Obras Públicas Juan José Morenilla se le rebaja la petición de pena de prisión de 14 a 10 años, por falsedad, prevaricación y malversación.

Además del caso de Morenilla, las fiscales han propuesto otra rebaja en la propuesta de condena para el otro ex alto cargo de la Generalitat procesado, Ignacio Bernácer, de 14 a 3,5 años, tras haber admitido los hechos ante el tribunal y haber detallado cómo operaba supuestamente la operativa de desvío de fondos.