El juzgado decidirá esta semana si concede la libertad provisional a 'la Manada'

• Los abogados defensores pidieron la puesta en libertad provisional
• Los cinco están en prisión desde su detención el 7 de julio de 2016
• La abogados de la joven piden 24 años y 9 meses de cárcel

Coche de la Policía que traslada a dos de los cinco acusados de violar a una joven madrileña los pasados sanfermines, grupo que se hace llamar "la manada".

La Sección Segunda de la Audiencia de Navarra tiene previsto analizar antes de que finalice esta semana la petición de libertad provisional para los cinco jóvenes que acaban de ser juzgados por la violación en grupo en los sanfermines de 2016 de una joven.

Las defensas de los acusados -cinco jóvenes andaluces que se hacían llamar "la Manada"- presentaron su petición este martes, una vez que el juicio a sus clientes quedó visto para sentencia, han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Navarra.

Los cinco están en prisión cinco están en prisióndesde su detención, horas después de los hechos juzgados, que tuvieron lugar en la madrugada del 7 de julio de 2016-. Tres de ellos están en Pamplona y los otros dos, un guardia civil y un militar, en Madrid, en una cárcel para funcionarios de estos cuerpos.

La Fiscalía pide 22 años y 10 meses de prisión

A todos ellos, la Fiscalía les acusa de un delito continuado de agresión sexual, intimidación y robo con violencia por los que pide para cada uno 22 años y 10 meses de prisión. Los abogados de la joven madrileña piden 24 años y 9 meses de cárcel para cada uno y una indemnización de 250.000 euros.

Los letrados de las acusaciones populares ejercidas por el Ayuntamiento de Pamplona y el Gobierno de Navarra se ratificaron en sus peticiones de 25 años y 9 meses de prisión y también una indemnización de 250.000 euros.

Las defensas por su parte reiteraron este martes, en la última sesión del juicio, la petición de absolución para sus patrocinados, que en el uso del derecho a la última palabra se declararon "inocentes" de todos los cargos, salvo el guardia civil, suspendido en funciones desde la denuncia, del robo del teléfono móvil de la denunciante.

Sus letrados insistieron en que no hay pruebas que contradigan la versión de los acusados de que las relaciones fueron consentidas