La justicia argentina condena a los responsables de los 'vuelos de la muerte' en una sentencia histórica

• Alfredo Astiz y Jorge Eduardo Acosta son responsables de los crímenes de la ESMA
• La decisión de la corte ha llegado después de cinco años de audiencias
• Dictamina que cometieron crímenes de "lesa humanidad" y que son "imprescriptibles"

La justicia argentina condena a los responsables de los 'vuelos de la muerte' en una sentencia histórica

La Justicia argentina ha condenado a un total de 29 personas a cadena perpetua por los llamados "vuelos de la muerte", en los que la dictadura argentina eliminó a opositores políticos lanzándoles al mar. Entre los condenados se encuentra el excapitán de la Armada y agente de inteligencia Alfredo Astiz, conocido como el "Ángel Rubio" o "Ángel de la muerte", quien ya cumple otra cadena perpetua.

La "megacausa" comprendía 789 casos de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura (1976-1983) en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde funcionó la mayor cárcel clandestina del régimen de facto y en la que se calcula que estuvieron detenidas ilegalmente unas 5.000 personas.

Por la cantidad de imputados (54 personas), los casos comprendidos y el números de testigos que han declarado (entre ellos 400 sobrevivientes) es considerado el mayor proceso por delitos en la dictadura celebrado hasta ahora por la justicia penal en Argentina.

Sentencia tras cinco años de proceso

El histórico proceso, que ha durado cinco años concluyó este miércoles en Buenos Aires con la lectura de la sentencia, que duró cuatro horas, y con la presencia de familiares y de activistas de los derechos humanos.

El tribunal ha concluido que los acusados cometieron crímenes de "lesa humanidad" que son "imprescriptibles".

Los jueces absolvieron a Juan Ernesto Alemann, exsecretario de Hacienda del gobierno dictatorial; al piloto de la línea aérea holandesa Transavia y marino retirado Julio César Poch, extraditado desde España; y a los también exmilitares Ricardo Jorge Lynch Jones, Roque Ángel Martello, Rubén Ricardo Ormello y Emir Sisul Hess.

Sin embargo, el tribunal condenó a prisión perpetua, entre otros, a Jorge Eduardo "el Tigre" Acosta, excapitán de fragata y exjefe de Inteligencia y del Grupo de Tareas de la ESMA; al excapitán de corbeta Ricardo Miguel Cavallo, extraditado desde España en 2008, y al ya mencionado Alfredo Astiz.

Entre quienes también recibieron la máxima pena están Adolfo Miguel Donda, Juan Antonio Azic, Jorge Carlos Radice, Juan Carlos Rolón, Carlos Guillermo Suárez Mason y Gonzalo Torres de Tolosa.

Además de los 29 condenados a reclusión perpetua, el tribunal sentenció a 10 de los imputados a penas que van desde los 8 a los 25 años de prisión.

Muchos de los condenados ya contaban con condenas previas en otros juicios por delitos en la dictadura. Once de los 66 imputados originalmente en este juicio murieron a lo largo del proceso y otros tres fueron apartados por razones de salud.

Fotografías de los desaparecidos durante la dictadura militar argentina delante del Tribunal Federal en Buenos Aires AFP PHOTO / Javier Gonzalez Toledo

Paliativo para los supervivientes y familiares

"Darles sedantes a nuestros seres queridos antes o durante los vuelos y luego arrojarles al río o al mar es increíble, es deplorable". Así resumía lo ocurrido durante los 'vuelos de la muerte' Lita Boitano, dirigente de la asociación de familiares de desaparecidos.

"Aquí hay muchos sobrevivientes que han sufrido en carne propia la aplicación de las políticas llevadas adelante por quienes están siendo juzgados", ha declarado a Efe Liliana Belforte, víctima del terrorismo de Estado y comunicadora social.

Belforte ha subrayado que, a pesar de las "dilaciones" y de que hubieran preferido más "severidad", las víctimas y los familiares consideran que la sentencia es un paliativo.

Argentina ha perseguido muchos de los crímenes de la dictadura y ha condenado a algunos de sus responsables, la última vez en 2016, por la llamada 'Operación Cóndor'.

Sin embargo, la Corte Suprema falló a principios de año que algunas de las condenas debían ser reducidas, lo que ha provocado protestas y el temor a una marcha atrás en los procesos.