Abierto el juicio contra el PP y su tesorera por el borrado de los ordenadores de Bárcenas
- Por supuestos delitos de daños informáticos y encubrimiento
- También abre juicio al jefe de informática del PP y al asesor jurídico
- Es la primera vez que un partido se sentará en el banquillo como persona jurídica
- El Gobierno cree que las responsabilidades políticas se dirimieron en las urnas
El Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid ha acordado la apertura de juicio contra el PP y su tesorera, Carmen Navarro, por supuesto delito de daños informáticos en el borrado de los discos duros de los ordenadores del extesorero del partido Luis Bárcenas.
Así lo acuerda en un auto en el que además abre juicio oral respecto a Alberto Durán Ruiz de Huidobro, asesor jurídico del partido, y José Manuel Moreno Alarcón, director del sistema informático del PP, que al igual que Carmen Navarro también están investigados por delito de encubrimiento. Es la primera vez que una formación política se sentará en el banquillo de los acusados como persona jurídica.
En el auto, fechado a 30 de noviembre, la jueza desestima la petición del PP de que tenga en cuenta la denominada 'doctrina Botín' para evitar que estos vayan a juicio, acusados por los delitos de daños informáticos y encubrimiento.
Según la magistrada, hay una "íntima conexión entre los delitos objeto de acusación, los daños informáticos y el encubrimiento, que incluso operarían en concurso ideal, según alguna de las acusaciones".
"Ello impide apreciar en este momento procesal la consideración de la naturaleza estrictamente privada del delito de daños informáticos, y la consiguiente aplicación de la conocida doctrina Botín", señala, aunque añade que se posibilita que en su día "resuelva el órgano de enjuiciamiento, si así se plantease".
Indicios de que los documentos de Bárcenas se eliminaron "a conciencia"
La jueza ha dictado la apertura del juicio oral a la vista de los distintos escritos de acusación formalizados, en función de los indicios que han quedado acreditados en la instrucción de la causa, y después de que la Audiencia Provincial confirmara el pasado 3 de noviembre el procesamiento del PP.
En su auto, la Sección desestimaba los recursos presentados por la Fiscalía y por los acusados contra el auto del 26 de julio de 2016 en el que la juez concluía la instrucción y veía claros indicios de los documentos de Bárcenas fueron eliminados "a conciencia mediante el sistema de borrado más drástico, el de sobreescritura de 35 pasadas y rallado hasta su destrucción física".
Tras analizar las pretensiones de los recurrentes que pedían la nulidad de la causa por la falta de elementos precisos para que ésta siga adelante, los magistrados creen que hay indicios suficientes para considerar que los acusados han cometido presuntamente un delito de daños informáticos y de encubrimiento.
La Fiscalía asegura que no existen "indicios relativos a ciertos extremos esenciales", en concreto la existencia de datos relevantes en los ordenadores del extesorero cuyo contenido fue borrado, para imputarle estos delitos y sostiene que la única versión sobre estos hechos es la del propio Bárcenas, que la considera "inverosímil y contradictoria.
Aplicar la 'doctrina Botín'
Tras este dictamen, el PP y su tesorera presentaron un escrito solicitando a la jueza que tuviera en cuenta la denominada 'doctrina Botín' recordando una sentencia del Tribunal Supremo que en su día benefició al banquero fallecido que le da nombre y subraya que si ni la Fiscalía ni la acusación particular, en este caso Bárcenas, ejercen acciones contra el acusado, las responsabilidades deben archivarse.
Se da la circunstancia de que el extesorero se retiró del procedimiento en septiembre del año pasado y que el Ministerio Público ha solicitado el sobreseimiento y archivo de la causa en reiterradas ocasiones por entender que los hechos investigados no revisten relevancia penal.
En este sentido, la defensa de Navarro y de la formación política destacaba que, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, "resulta evidente" que, si el "supuesto perjudicado por el delito no tiene interés en continuar el proceso penal", y que la Fiscalía de Madrid tampoco lo demuestra, "no es posible mantener la causa abierta únicamente a instancias de las acusaciones populares".
El Gobierno cree que la responsabilidad política se ha dirimido en las urnas
El ministro de Educación y portavoz del Gobierno, Iñigo Méndez de Vigo, ha señalado que las responsabilidades políticas por la destrucción de los ordenadores de Bárcenas se han dirimido en las urnas porque pasó "hace muchos años atrás" y ha habido muchas elecciones desde entonces.
Preguntado en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Méndez de Vigo ha señalado que desde ese caso han pasado "muchas cosas" y esa "responsabilidad ha pasado" porque, en medio de este tiempo, ha habido procesos electorales, investiduras y comparecencias del presidente del Gobierno en el Congreso. Por ello, el ministro portavoz se ha limitado a indicar que "ahora" solo queda "ver cual es la sentencia judicial".
Por su parte, la portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Margarita Robles, ha exigido este viernes al presidente del Gobierno que dé explicaciones a los ciudadanos y asuma responsabilidades políticas tras la decisión de la jueza de sentar en el banquillo al PP.
"Es especialmente preocupante comprobar que se abre juicio oral contra el PP por un hecho tan lamentable", ha comentado Robles en el Congreso, incidiendo en que el "encubrimiento" y la "destrucción de pruebas" no denota la "colaboración con la justicia en la lucha contra la corrupción" las que siempre ha presumido el partido del Gobierno.