Los acusados de la violación de los sanfermines de 2016 seguirán en la cárcel hasta la sentencia
- Sus defensas habían solicitado su puesta en libertad provisional
- Los cinco están en prisión desde su detención poco después de la violación
La Sección Segunda de la Audiencia de Navarra ha rechazado este viernes poner en libertad provisional a los cinco jóvenes acusados de la violación en grupo a una chica de 18 años en los sanfermines de 2016, por lo que deberán continuar en prisión hasta que se dicte sentencia, prevista para el mes de enero, ha informado a Efe el abogado de la acusación particular que representa a la denunciante, Carlos Bacaicoa.
Las defensas de los acusados -cinco jóvenes andaluces que se hacían llamar "la Manada"- presentaron su petición este martes, una vez que el juicio a sus clientes quedó visto para sentencia.
Según el letrado de la denunciante, la decisión ha sido tomada con el voto particular de uno de los tres magistrados que componen la sección.
Los cinco están en prisión desde su detención, horas después de los hechos juzgados, que tuvieron lugar en la madrugada del 7 de julio de 2016-. Tres de ellos están en Pamplona y los otros dos, un guardia civil y un militar, en Madrid, en una cárcel para funcionarios de estos cuerpos.
La Fiscalía pide 22 años y 10 meses de prisión
A todos ellos, la Fiscalía les acusa de un delito continuado de agresión sexual, intimidación y robo con violencia por los que pide para cada uno 22 años y 10 meses de prisión. Los abogados de la joven madrileña piden 24 años y 9 meses de cárcel para cada uno y una indemnización de 250.000 euros.
Los letrados de las acusaciones populares ejercidas por el Ayuntamiento de Pamplona y el Gobierno de Navarra se ratificaron en sus peticiones de 25 años y 9 meses de prisión y también una indemnización de 250.000 euros.
Las defensas por su parte reiteraron en la última sesión del juicio, la petición de absolución para sus patrocinados, que en el uso del derecho a la última palabra se declararon "inocentes" de todos los cargos, salvo el guardia civil del robo del teléfono móvil de la denunciante. Sus letrados insistieron en que no hay pruebas que contradigan la versión de los acusados de que las relaciones fueron consentidas.