Los fondos reclamarán 4.500 millones al Gobierno cuando ejecute el rescate de las autopistas quebradas

• Avanzan su intención de litigar lo que sea necesario contra el Estado español
• La cifra es más del doble de lo que prevé desembolsar el Gobierno de Rajoy

Fotografía de archivo de la apertura de la R-4 en 2004.

Los fondos acreedores de las nueve autopistas quebradas que el Ministerio de Fomento rescatará a partir del próximo mes de enero prevén reclamar al Estado 4.500 millones, la cantidad en la que calculan la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) derivada de los procedimientos judiciales.

La cifra es más del doble de los 2.000 millones de euros que estima el Gobierno, tal y como estableció en el último plan presupuestario remitido a Bruselas, una cifra que los fondos consideran escasa.

"Litigaremos durante miles de millones de años si es necesario para obtener lo que consideramos que nos corresponde", ha indicado a Financial Times Manuel Martínez-Fidalgo, director de Houlihan Lokey, firma representante de algunos de los fondos acreedores de las autopistas, entre ellos King Street, Taconic, Strategic Value Partners y Attestor Capital.

Se trata de los fondos que en los últimos años compraron a los bancos la deuda financiera de unos 3.700 millones que soportan las autopistas. Martínez-Fidalgo asegura que estas firmas "están preparadas para un largo litigio", tanto en los tribunales españoles como en instancias internacionales, en caso de que no logren un acuerdo con el Estado español.

El Gobierno está demorando "de forma intencionada" una solución

Los fondos acreedores de las autopistas también consideran que el Ejecutivo está "demorando de forma intencionada" la consecución de una solución para las vías de pago, con el fin de retrasar en lo posible el problema que el pago de su liquidación supondrá para las arcas públicas en términos de déficit público.

En este sentido, el diario Financial Times recoge declaraciones de un portavoz del Ministerio de Fomento que explica que las autopistas están siguiendo el proceso fijado en la Ley Concursal española "con el fin de garantizar que se respetan los derechos de todas las partes implicadas".

Asimismo, en sus declaraciones al diario británico, las mismas fuentes de Fomento indican que el Gobierno ha mantenido contactos con los fondos con el fin de "reducir, en la medida de lo posible, el importe del coste de la RPA a los ciudadanos y, al tiempo, evitar largos y onerosos procesos judiciales".

El plan del Gobierno: volver a privatizar las autopistas en 2018

Ocho de las nueve autopistas de peaje en quiebra revertirán a la Sociedad Estatal de Infraestructuras Terrestres (Seittsa), de titularidad pública, el 15 de enero de 2018. Esas vías son las radiales madrileñas R-2, R-3, R-4 y R-5 (la R-3 y la R-5 son gestionadas por la misma concesionaria), la M-12 (Eje Aeropuerto), la AP-36 (Ocaña-La Roda), la AP-7 (Cartagena-Vera) y la Circunvalación de Alicante.

La única que no comenzará a gestionar el Estado en enero será la autopista Madrid-Toledo, que pasará a manos públicas el 1 de abril.

El plan del Ejecutivo pasa por garantizar que sigan operando mientras prepara un concurso público para volver a ceder su explotación a compañías privadas a lo largo del próximo año. De esta forma confía en afrontar gran parte del importe de la RPA con los recursos que obtenga de la relicitación de las autopistas y que tenga así el menor impacto posible.