Iceta asegura que "hay seis partidos para el follón y sólo uno para la solución"

• Insta a una "gran victoria socialista" porque si no "no se cambia de rumbo"
• Insiste en que no hará presidente ni a un independentista ni a uno "de derechas"
• Promete un plan de choque social con 3.000 millones para la legislatura

Miquel Iceta, candidato del PSC en las elecciones catalanas.

El candidato del PSC, Miquel Iceta, ha asegurado que "hay seis partidos para el follón y sólo uno para la solución", y ha pedido una gran victoria socialista porque entiende que si no se cambia de rumbo, Cataluña podría ser en 2018 la última comunidad del Estado en crecimiento del PIB.

El candidato del PSC a la presidencia de la Generalitat ha protagonizado un acto electoral en Rubí, acompañado de la presidenta balear, Francina Armengol, y de la alcaldesa de Rubí, Ana María Martínez. "Hay que ir a votar. La situación política catalana es difícil, pero tiene solución", ha dicho Iceta, que ha hecho un llamamiento a convencer al millón de ciudadanos indecisos para lograr "una gran victoria" socialista.

El líder del PSC ha insistido en que no hará presidente ni a un candidato independentista ni a uno "de derechas", en alusión a PP y Ciudadanos.Y para referirse a las consecuencias del proceso independentista, se ha remitido a un estudio del BBVA sobre crecimiento del PIB por comunidad.

"Cataluña era la primera comunidad en crecimiento del PIB en 2015. En 2016 era la tercera. En 2017 acabará siendo la novena. Y el año que viene, si no se equivoca el informe y espero que se equivoque, será la última. Es tremendo", ha recalcado.

Plan de choque social con 3.000 millones para la legislatura

Por otro lado, Iceta ha prometido este martes un "plan de choque social" para el que destinaría hasta 3.000 millones de euros a lo largo de la legislatura, financiado a partir de "reestructuración de gasto no prioritario" y los "nuevos ingresos del modelo de financiación" autonómica.

Iceta ha anunciado su plan en un acto en Barcelona ante 300 personas, concejales y un centenar de alcaldes del partido en Cataluña, como Núria Marín (L'Hospitalet), Àngel Ros (Lleida), Josep Fèlix Ballesteros (Tarragona), Núria Parlon (Santa Coloma de Gramenet), Antonio Balmón (Cornellà) y el hasta hace poco segundo teniente de alcalde de Barcelona Jaume Collboni.

El candidato se ha comprometido a que "no habrá ninguna obligación para los ayuntamientos sin financiación suficiente" o "ninguna política pública sin conexión con el mundo local".

Recuperar gasto en educación, sanidad y servicios sociales

Además, ha explicado que en los presupuestos catalanes de 2017 "había un incremento de 3.400 millones euros, por lo que parece razonable pensar que en la próxima legislatura el incremento será superior a 8.000 millones. Una parte deberá ir a recuperar gasto en educación, sanidad y servicios sociales. Y 3.000 millones, al plan de choque".

El PSC se marca pues como reto que, finalizado el mandato, 80.000 familias tengan acceso a nuevas plazas de guardería financiadas por la Generalitat; 50.000 trabajadores con contrato temporal fraudulento lo verían convertido en fijo; y 50.000 con contratos a tiempo parcial coticen por las horas que realmente trabajen.

También estiman que 100.000 familias podrán rehabilitar sus viviendas con criterios de sostenibilidad ambiental para reducir un 30% la pobreza energética: 23.000 familias podrán poner ascensor en su casa; 96.000 niños tendrán becas comedor; y se crearán 55.000 nuevos empleos en construcción con criterios de economía verde.

Además, se crearán 17.000 nuevos puestos de trabajo en el sector de atención a dependientes; 60.000 familias en riesgo de pobreza energética y 145.000 familias en lista de espera de prestación de dependencia o de revaluación verán atendidas sus necesidades; y se incrementará un 25% el parque de viviendas de alquiler social.

Casi la mitad de esos 3.000 millones del plan se destinará a las listas de espera de dependencia, con un coste de 335,6 millones el primer año de implantación total, que irá creciendo hasta alcanzar un coste total de 1.365 millones al final del mandato.