El Tribunal de Cuentas embarga la casa de Artur Mas como fianza por organizar la consulta del 9N

• También se ordena embargar los inmuebles de tres exconsejeros y un alto cargo
• En total, suman 2,33 millones que permiten completar la fianza de 5,27 millones
• Otros 2,9 millones aportados por la ANC habían sido ya abonados en efectivo
• La medida es preventiva y no se hará efectiva hasta que no haya sentencia firme
• Mas denuncia una persecución para incluirles "en el proceso penal del 1-O"

El Tribunal de Cuentas embarga la casa de Artur Mas

El Tribunal de Cuentas ha ordenado este martes el embargo preventivo de la vivienda del expresidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, y de otros tres exconsejeros catalanes como parte del pago de la fianza de 5,27 millones de euros que se les impuso por la utilización de fondos públicos para organizar y celebrar la consulta soberanista ilegal del 9 de noviembre de 2014.

Tras consignar 2,94 millones de euros en efectivo, Mas y los exconsejeros Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau y el ex secretario general de Presidencia, Jordi Vilajoana, depositaron el pasado 23 de noviembre varios inmuebles como garantía para cubrir la fianza, que ascendía a un total de 5,27 millones.

Ahora, la instructora del Tribunal de Cuentas ha ordenado a los Registros de la Propiedad competentes que procedan a ejecutar el embargo provisional de estos inmuebles, según detalla en una providencia a la que ha tenido acceso Efe.

En su resolución, que se puede recurrir en un plazo máximo de cinco días ante la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas, la instructora detalla que ha ordenado el embargo de las viviendas aportadas como fianza por Mas -en Barcelona-, Homs -en Taradell (Barcelona)-, Ortega -en Barcelona-, Vilajoana -en Barcelona- y Rigau -en Ribes de Freser (Girona)-.

Mas pide solidaridad a los catalanes para poder pagar la fianza de 5,2 millones de euros

Una medida provisional

La providencia, fechada el pasado 4 de diciembre, es el último trámite de un proceso que comenzó a mediados de noviembre, cuando Mas y los exconsejeros se vieron obligados a depositar los inmuebles como fianza, junto con las tasaciones periciales que acreditaban su actual valor de mercado.

La instructora procedió entonces a solicitar la certificación de todas las cargas y gravámenes que pesaban sobre los mismos, "con el fin de comprobar si el valor neto de los bienes alcanzaba la cuantía suficiente" para entender asegurada la cantidad restante del supuesto alcance a los fondos públicos.

Una vez acreditado que los bienes inmuebles aportados tienen el valor suficiente para cubrir la fianza -unos 2,33 millones de euros en total-, la instructora ha acordado en su resolución embargar los bienes "en cantidad suficiente para asegurar el derecho de la Hacienda Pública a reintegrarse de los posibles perjuicios" económicos derivados en el gasto público del 9N.

Por este motivo, la instructora ordena a los Registros de la Propiedad competentes que procedan a la práctica de los embargos preventivos de las fincas ofrecidas por Mas, Homs, Ortega, Rigau y Vilajoana. En cualquier caso, la medida es provisional, por lo que no se hará efectiva hasta que no haya sentencia firme.

El Tribunal Constitucional ha anulado la ley de consultas aprobada por el gobierno catalán para poder convocar un referéndum de independencia. En un pleno extraordinario, el Alto Tribunal también tacha de inconstitucional el decreto de convocatoria del 9N.

La ANC puso la parte en efectivo

Según la resolución, la plataforma soberanista Asamblea Nacional Catalana (ANC) fue la que aportó los 2.944.588 euros en efectivo en beneficio de todos los implicados en este proceso, que tuvieron que ofrecer sus bienes inmuebles para asegurar los 2,3 millones de euros pendientes para cubrir los 5,2 millones de fianza.

La voluntad de Mas, Ortega, Rigau, Homs y Vilajoana al aportar sus viviendas como fianza ha sido preservar el patrimonio de los cargos técnicos y de confianza sobre los que también pesaba el requerimiento, según fuentes de su entorno. No obstante, todos ellos sostienen que no cometieron ningún tipo de "infracción contable", por lo que están "absolutamente disconformes" con la liquidación acordada por la instructora, según las mismas fuentes.

Como ejemplo, sostienen que se les reclaman 3,1 millones de euros por la compra de unos ordenadores -que sirvieron para la votación- y que actualmente están en poder del departamento de Enseñanza, a efectos de su servicio público.

Por tanto, Mas y sus exconsejeros confían en que, cuando finalice el proceso, se les dará la razón, ya que todos los contratos y facturas sobre los pagos por la consulta del 9N son anteriores a la providencia del 4 de noviembre de 2014 en que el Tribunal Constitucional les ordenaba detener la votación.

Mas denuncia una persecución del Estado

Mas ha respondido la decisión judicial en un acto electoral de Junts per Catalunya en Olot, en el que ha argumentado que se intenta poner a los autores de aquella consulta en el proceso penal del 1-O.

"Ya nos juzgaron por la vía penal, que ya es gordo", ha manifestado, añadiendo que fueron "inhabilitados y multados" y que ahora aparece "otro organismo" cuyo objetivo es echarles "de casa".

El expresidente de la Generalitat ha insistido en que "todavía ahora están mirando" cómo a los que ya no están en la primera línea política les ponen "en el proceso penal del 1-O".

En este sentido, sobre la situación de los implicados en ese último referéndum soberanista, Artur Mas ha señalado que "unos están en el exilio y otros, en prisión".