Los examinadores de tráfico desconvocan la huelga al lograr el aumento salarial que reivindicaban

• Han logrado el compromiso de todos los partidos políticos, salvo el PP
• Pedían un aumento de 250 euros en el complemento específico salarial
• El paro ha causado la suspensión de 210.000 exámenes teóricos y prácticos

Durante cinco meses, los examinadores de la DGT han mantenido el pulso por su reivindicación de un aumento salarial.

Los examinadores de la Dirección General de Tráfico (DGT) han desconvocado este miércoles la huelga que mantenían desde hace cinco meses para reivindicar un aumento de 250 euros repartidos en 14 pagas del complemento específico salarial. La DGT mantenía que esa subida era inviable tras trasladársela sin éxito al Ministerio de Hacienda y Función Pública. Pero ahora será una realidad en los Presupuestos Generales del Estado para 2018 porque así se han comprometido todos los grupos del Congreso de los Diputados, salvo el PP.

Después de reunirse con esos grupos políticos, la asociación de examinadores de tráfico, Asextra, ha anunciado la desconvocatoria de los paros que de lunes a miércoles han mantenido desde el pasado junio.

Unos 210.000 exámenes suspendidos

En una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados junto con representantes de la oposición parlamentaria, el portavoz de Asextra, Joaquín Jiménez, ha asegurado que con la huelga no quisieron perjudicar a las ciudadanos, aunque ha pedido disculpas por las molestias ocasionadas, que han provocado la suspensión de unos 210.000 exámenes teóricos y prácticos para obtener el carné de conducir.

Esa situación motivó que la DGT fijara este mes unos servicios mínimos del 50% al fracasar las negociaciones con el colectivo para intentar llegar a un acuerdo.

Jiménez ha indicado que la huelga de este colectivo ha sido “la más larga de la historia dentro de la Administración” y ha indicado que el fin del conflicto sólo será “definitivo” cuando vean en sus nóminas el incremento salarial demandado en los últimos meses.

De esta forma, concluye así un largo conflicto con 65 días de huelga de lunes a miércoles que comenzó el pasado 19 de junio, excepto agosto, que ha causado unas pérdidas de más de 90 millones de euros para los centros de formación vial, según fuentes de la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE).

Un conflicto que duraba ya más de dos años

El origen del conflicto se remonta a octubre de 2015, cuando la DGT y el comité de huelga de los examinadores de tráfico firmaron un acuerdo después de que este colectivo de funcionarios mantuviera 32 jornadas de paros en demanda de una mejora de sus condiciones laborales.

Los examinadores retomaron las movilizaciones el pasado 2 de junio con una concentración ante la sede de la Secretaría de Estado de Función Pública, e iniciaron los paros el día 19 de ese mismo mes.

Tanto la DGT como el comité de huelga acercaron posturas en una reunión mantenida el pasado 14 de noviembre, pero el conflicto se enconó después de que el director general de Tráfico, Gregorio Serrano, anunciara que impondría el 50% de servicios mínimos si la huelga se prolongaba en diciembre, algo que se confirmó el pasado día 28.

El asunto de los servicios mínimos enfrentó a ambas partes, ya que los examinadores no consideran que los exámenes prácticos para sacarse el carné de conducir sean un servicio esencial y anunciaron que lo recurrirían a los tribunales.

Sin embargo, la Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra) presentó el martes de la semana pasada un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional para pedir la suspensión cautelar del 50% de servicios mínimos de la huelga, que fue desestimado por este órgano judicial.

Entonces, los examinadores entendieron que la DGT no podía subirles el sueldo y una delegación del comité de huelga se reunió con los portavoces de todos los grupos de la oposición en la Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible del Congreso de los Diputados, un encuentro que resultó clave para la resolución del conflicto.

Los diputados se comprometieron por escrito a llevar a los próximos Presupuestos Generales del Estado para 2018 la subida salarial reclamada por los examinadores desde hace meses.