La Guardia Civil registra la sede de Unipost en busca de gastos del 1-O y detiene durante unas horas a su director

• Pau Raventós ha sido trasladado a la central de la compañía durante el registro
• La empresa de correos ya fue registrada el 19 de septiembre

El director de Unipost queda en libertad tras el registro de la empresa por la Guardia Civil por el 1-O

El director general de la empresa de correos Unipost, Pau Raventós, ha quedado en libertad tras permanecer varias horas detenido durante el registro de la sede de la empresa, ubicada en L'Hospitalet de Llobregat, en Barcelona, en el marco de la investigación del referéndum de independencia del 1-O.

La Guardia Civil ha detenido a primera hora de la mañana en su piso de Barcelona a Raventós, que posteriormente ha sido trasladado a la central de la compañía para proseguir con el registro, que también se ha extendido a la sede social de la compañía, en la calle Mallorca, y al propio domicilio del detenido.

Pau Raventós ha sido conducido por la tarde a la comandancia de la Guardia Civil en Travessera de les Corts de Barcelona, donde ha quedado en libertad. Mientras, está previsto que los registros en la central y en la sede social de Unipost se prolonguen hasta última hora de la tarde.

Raventós, que tiene lazos familiares con los dueños de la empresa de cava Codorniu, aparece en el sumario por los seguimientos que llevó a cabo la Guardia Civil. El 15 de septiembre se reunió con Francesc Sutrias y Xavier Vendrell, altos cargos de la Generalitat.

Segundo registro en Unipost

La operación ha sido ordenada por el Juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, después de que la Guardia Civil denunciara en un informe la "opacidad" del gobierno catalán para concretar las cantidades de dinero público efectivas que habían destinado al referéndum del 1-O.

El 19 de septiembre, las fuerzas de seguridad registraron varias sedes de Unipost en Manresa, Barcelona y l'Hospitalet de Llobregat y se incautaron de certificados de notificaciones para constituir las mesas electorales.

En aquella ocasión el Ministerio del Interior consideró que se había intervenido el 80% de las comunicaciones necesarias para cubrir las mesas electorales. La Generalitat anunció el día de la votación que utilizaría un censo universal, de forma que cada ciudadano pudiese votar en el colegio que estimara oportuno.

Los agentes también encontraron un contrato por valor de siete millones de euros que fue incluido en las diligencias. Unipost se encuentra actualmente en concurso de acreedores.

El pasado 5 de diciembre, el juzgado ordenó a la Policía Nacional el registro del Instituto de Estadística (Idescat) para recabar datos sobre el censo, después de que varios ciudadanos denunciaran el supuesto uso fraudulento de datos personales para su elaboración.