El Tribunal de Cuentas examinará por primera vez la financiación pública de la Iglesia en 2018

• Fiscalizará los ingresos recibidos por la Iglesia a través del Impuesto sobre la Renta
• El PP considera que choca con los acuerdos entre el Estado y la Santa Sede

El presidente del Tribunal de Cuentas, RamEl presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, en una comparecencia en el Congreso.

El pleno del Tribunal de Cuentas ha aprobado su programa de fiscalización para el año 2018 en el que, por primera vez, incluye la auditoría de la financiación pública de la Iglesia Católica y también del resto de confesiones religiosas, según han confirmado a Efe fuentes del tribunal.

Por medio de este acuerdo, el tribunal que preside Ramón Álvarez de Miranda fiscalizará las subvenciones públicas recibidas por la Iglesia Católica este año 2017.

Se da la circunstancia de que la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas rechazó el pasado mes de febrero la solicitud del PSOE y de Unidos Podemos para que la institución realizara ese informe sobre los recursos públicos que recibe la Iglesia Católica a través del Impuesto sobre la Renta.

El cardenal, arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, Ricardo Blázquez (c), junto al cardenal arzobispo de Valencia y vicepresidente de la CEE, Antonio Cañizares (i), y el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro. EFE/ Luca Piergiovanni

PP, en desacuerdo de la fiscalización

Durante la defensa de esa iniciativa, el diputado socialista Antonio Hurtado recordó que la cantidad que recibe la Iglesia por ese concepto es de unos 259 millones de euros anuales "y es dinero que ha salido del bolsillo de los contribuyentes".

Desde Unidos Podemos, Segundo González remarcó que la Iglesia Católica como perceptora de fondos públicos debe ser transparente y destacó que los ciudadanos "tienen derecho" a saber lo que se hace con los fondos que salen de la casilla de IRPF.

Por contra, el PP se mostró en contra de esa fiscalización por parte del Tribunal de Cuentas porque, a su juicio, choca con los acuerdos entre el Estado y la Santa Sede.

Pese a este rechazo en las Cortes Generales, el pleno del Tribunal de Cuentas tiene capacidad para decidir los informes que elabora, además de los que le encarga el Gobierno y la propia Comisión Mixta, como ha sido este caso.