El fiscal pide imputar a dos exconsejeros de Gallardón por la compra de Inassa e identificar a todo su gobierno en 2001

• Estrecha el cerco sobre Gallardón por la operación del Canal de Isabel II
• Pide imputar a los exconsejeros Calvo y Bravo, actual presidente de Adif
• La Fiscalía solicita que declare Arturo Canalda, presidente de la Cámara de Cuentas
• Anticorrupción cree que hubo un "cúmulo de irregularidades" en la compra

Pedro Calvo y Alberto Ruiz-Gallardón en una imagen de archivo

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional que investiga al caso Lezo que cite como imputadas a 25 personas por la compra en 2001 de Inassa, la filial colombiana del Canal de Isabel II. Entre ellos se encuentran los entonces consejeros de Alberto Ruiz-Gallardón de Medio Ambiente, Pedro Calvo (que era el presidente del Canal) y el responsable autonómico de Hacienda, Juan Bravo, que actualmente es presidente de Adif. Ambos formaban parte del consejo de administración de la empresa pública de agua que autorizó la operación de compra a través de una sociedad panameña y que produjo un presunto desfalco de 70 millones.

Entre las diligencias que el Ministerio Público ha pedido este viernes se encuentra también la "completa" identificación de los miembros del Gobierno de Madrid de Gallardón en el momento de la firma del contrato de la compra supuestamente irregular de Inassa.

La operación la aprobó el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid el 29 de noviembre de 2001, pese a tener un dossier desaconsejando la compra de la colombiana a través de la sociedad de Panamá. El acuerdo del ejecutivo madrileño lo firmaron el entonces consejero de Hacienda Juan Bravo Rivera y el presidente de la Comunidad Alberto Ruiz-Gallardón, "no conteniéndose en dicho acuerdo -autorización para adquirir la sociedad panameña ni ningún activo distinto a ese 75% de acciones de Inassa", destaca el escrito.

Anticorrupción estrecha el cerco sobre Gallardón

Anticorrupción estrecha así el cerco sobre el expresidente de la Comunidad de Madrid y exministro de Justicia del PP. El Ministerio Público se plantea desde hace tiempo la posibilidad de pedir su imputación en el caso Lezo, pero antes de reclamar su citación pide nueva documentación tanto a la Comunidad de Madrid como al Canal de Isabel II, según informa Efe.

De momento, lo que sí pide la Fiscalía en un escrito remitido al juez de Lezo es que cite como investigados a los 14 miembros del consejo de administración del Canal de Isabel II que votaron a favor de esta compra en 2001, entre los que están Pedro Calvo y Juan Bravo.

Anticorrupción quiere que se cite también como investigados a Arturo Canalda, ex director gerente del Canal y presidente de la Cámara de Cuentas de Madrid; Pablo López de las Heras, ex director de Nuevos Negocios del Canal, y José Antonio de Cachavera, exdirector económico y de desarrollo comercial del Canal.

Asimismo, quiere que comparezcan como imputados otras seis personas por su posible participación como compradores, vendedores y gestores de Inassa a través de distintas empresas interpuestas, informa Europa Press. De igual modo, la Fiscalía solicita que se investigue al exconsejero de Canal Extensia SA Gaspar Cienfuegos-Jovellanos, por haber intervenido supuestamente en "aspectos relevantes" de la compra de la filial colombiana del Canal, y a Diego Fernando García Arias, vinculado a Inassa en el momento que se concretó la operativa.

Compra mediante una empresa intermedia panameña

Según Anticorrupción, la operación de compra del 75% de Inassa por 73 millones de dólares se hizo mediante una "sociedad vehículo" de la empresa pública llamada Canal Extensia (constituida por el Canal el mismo mes de la compra), pero no se adquirió directamente a Inassa sino mediante una empresa interpuesta, la panameña Sociedad Aguas de América.

Una operación que para la Fiscalía adoleció de "un cúmulo de irregularidades cometidas durante todo el proceso de adquisición por el ente público", que se centraron principalmente "en la forma en que se planificó y ejecutó la adquisición de la sociedad Inassa, así como en la determinación del precio de compra y restantes condiciones estipuladas en el contrato".

Hay además, según el escrito, "claros indicios de que pudo haber una sobrevaloración del precio de compraventa y unas condiciones contractuales claramente perjudiciales para el comprador y, por ende, para los intereses públicos por los que Canal de Isabel II debió velar".