El Supremo imputa a Marta Rovira, Artur Mas y Anna Gabriel en la causa abierta contra el proceso independentista

• Les imputa el delito de rebelión por su "participación destacada" en el proceso de ruptura
• Encausa también a Mireai Boyá (CUP), y Marta Pascal (PDeCat)
• Procesa además a la presidenta de la asociación de municipios independentistas

La candidata de ERC, el expresident Mas y la líder de la CUP, imputados por rebelión por el juez Llarena.

El Tribunal Supremo ha imputado este viernes a la número dos de ERC, Marta Rovira, y al expresidente catalán Artur Mas por el delito de rebelión en la causa que investiga el procès independentista en Cataluña. También ha encausado a la líder de la CUP, Anna Gabriel, y la jefa del grupo parlamentario de esa formación, Mireia Boyá, así como a la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, y a la presidenta de la Asociación de Municipios para la Independencia y alcaldesa de Vilanova de la Geltrú, Neus Llovera.

En su decisión de este viernes, al juez encargado de esa causa del Alto tribunal Pablo Llarena explica que los hechos que se investigan se han podido desarrollar bajo la dirección y coordinación de un conjunto de personas, entre los que se encontrarían los presidentes y portavoces de los grupos parlamentarios independentistas del disuelto Parlamento de Cataluña, así como los presidentes y secretarios generales de los partidos políticos independentistas y la presidenta de la Asociación de Municipios para la Independencia (AMI).

"Participación principal y destacada" en el proceso de ruptura

Las sospechas se fundamentan, según el juez, no sólo en que aparecen referenciados como integrantes del Comité Estratégico descrito en el documento EnfoCat, considerado la hoja de ruta de la independencia, "sino en otra serie de elementos que pudieran corroborar lo que en este documento se recoge".

De un lado, Llarena destaca que todas estas personas aparecen identificadas como participantes de algunas de las reuniones que supuestamente sirvieron para "idear y pergeñar el proceso de ruptura que se investiga, tal y como se recoge en la agenda intervenida con ocasión del registro practicado en el domicilio de Josep María Jové Lladó".

Además, Llarena explica que todos estos nuevos investigados parecen haber tenido "una participación principal y destacada en su desarrollo", "aportando el apoyo político que precisaron la actuación parlamentaria y la actuación de ejecución que llevaron este proceso a término", tal y como detalladamente se refiere en el atestado elaborado por la Guardia Civil.

Ese informe de la Guardia Civil concluye que los imputados este viernes estaban en el mismo nivel de decisión que el presidente y vicepresidente del Gobierno depuesto de la Generalitat, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras.

Todos ellos formaban, junto a los líderes de la Asamblea Nacional Catalana y Ómnium Cultural, el llamado Comité Estratégico y, continúa el documento, "diseñaron, orientaron, dirigieron y controlaron" la implantación del plan soberanista.

Penas de cárcel de entre 15 y 25 años

El Comité Estratégico apareció mencionado en el documento EnfoCat, intervenido al número dos de Junqueras, Josep María Jové, y considerado la hoja de ruta para lograr y desarrollar la Declaración Unilateral de Independencia (DUI).

Según el Código Penal, el delito de rebelión se imputa a aquellos que se levantan "violenta y públicamente" para, entre otras posibilidades, "derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución" o "declarar la independencia de una parte del territorio nacional".

En cuanto a las penas previstas, el artículo 544 del Código Penal establece que quienes, "induciendo a los rebeldes, hayan promovido o sostengan la rebelión, y los jefes principales de ésta, serán castigados con la pena de prisión de 15 a 25 años e inhabilitación absoluta por el mismo tiempo".

La decisión del juez Llarena ha coincidido con el anuncio de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de fijar para el próximo 4 de enero la vista en la que se estudiará si se levanta o no la medida de prisión provisional al exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, encarcelado desde el pasado 2 de noviembre.

Junqueras presentó un recurso donde pedía que se le dejara en libertad porque su encarcelamiento tenía "efectos muy relevantes en el ámbito de la campaña" electoral, e insistía en su apuesta por "escenarios de diálogo y resolución bilateral" de conflictos.

Desde el punto de vista estrictamente procesal no se plantea la cuestión de si Junqueras saldrá o no en libertad para tomar posesión de su escaño, tras haber resultado elegido en las elecciones catalanas del 21-D, o de si podrá votar en la investidura. Pero, inevitablemente, esa situación sobrevolará la cita judicial.

La Fiscalía pide que se investigue al Mayor Trapero

Aunque el juez dejó en libertad bajo fianza a otros imputados, decidió mantener en prisión preventiva al exvicepresidente catalán -además de al exconseller de Interior Joaquim Forn y a los líderes independentistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart-, porque identificó riesgo de grave reiteración delictiva.

Por su parte, también este jueves, la Fiscalía del Tribunal Supremo ha solicitado al juez Pablo Llarena que investigue al exjefe de los Mossos d'Esquadra Josep Lluis Trapero dentro de esa misma causa. Trapero también aparece en el informe de la Guardia Civil.

El Ministerio Público solicita en un escrito remitido al magistrado que se reclame al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña toda la información relativa a la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre.