Interior promueve más controles sobre bombonas y alquiler de coches y casas para prevenir el terrorismo
- El pacto antiyihadista se reúne de nuevo desde su último encuentro en agosto
- El Gobierno también propone controlar la venta de bombonas de butano
- Han participado representantes de PP, PSOE, Podemos, Cs, UPN y UPyD
Las empresas de alquiler de vehículos y las dedicadas al hospedaje en viviendas tendrán la obligación de contar con un registro documental de sus contratos con la identidad de sus clientes, con el objetivo de que las fuerzas de seguridad cuenten con información de sospechosos yihadistas, dentro de un conjunto de medidas del Gobierno para la lucha contra el terrorismo yihadista que se deberán consensuar con el resto de partidos y concretar a lo largo de 2018.
Así lo ha anunciado el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, en la rueda de prensa posterior a la reunión del pacto antiyihadista a la que han acudido representantes de PSOE, PP, Ciudadanos, UPN, PAR, UPyD y Podemos, este último en calidad de observador, en tanto que los partidos nacionalistas ERC, PDeCAT y PNV han rechazado su presencia.
El Ministerio del Interior ha reunido este 27 de diciembre al pacto antiyihadista para informar a los partidos políticos sobre las investigaciones de los atentados terroristas perpetrados en Barcelona y Cambrils el pasado verano.
Controlar la venta de bombonas
Zoido ha asegurado que el Gobierno está trabajando en un paquete de once medidas legislativas "ya en fase de conclusión" y que estarán en vigor a lo largo del próximo año, entre ellas, un real decreto para crear un registro de las personas físicas o jurídicas que se hospedan en alojamientos vacacionales o alquilan vehículos de motor, así como para mejorar el control sobre la distribución de bombonas de butano y otros elementos potencialmente peligrosos.
Así, Interior quiere que se modifique el reglamento de gases licuados de petróleo (los terroristas que atentaron en Cataluña acumularon decenas de bombonas de butano para hacerlas explotar en Barcelona). También plantea sacar adelante un anteproyecto de ley para la transmisión de datos de reserva de vuelos y que se identifique a las personas con patrones de conducta compatibles con la amenaza de terroristas.
En materia de extranjería, el Ejecutivo está también trabajando en algunas reformas para mejorar el control en las fronteras con cambios en la ley de extranjería que "eviten vacíos legales como el que impidió la repatriación tras salir de la cárcel de Castellón del imán de Ripoll", Abdelbaki Es Satty, cerebro de los atentados de agosto en Cataluña.
Interior también quiere reforzar algunos preceptos de la ley de Seguridad Ciudadana o impulsar medidas relativas al registro de Entidades Religiosas, aunque el ministro no ha precisado en qué sentido irán los cambios legislativos.
El PSOE estudiará "con la máxima lealtad" las medidas
Zoido explicó que se va a crear una comisión de trabajo para que los expertos expliquen a los partidos políticos las necesidades y los requerimientos técnicos que deben responderse para reforzar esa lucha contra el terrorismo yihadista, de forma que puedan comprobar que no hay "trasfondo político" en esas medidas sino solo el intento de mejorar la efectividad.
Pidió también el apoyo de todas las fuerzas políticas para resolver la desigualdad salarial entre distintos cuerpos y fuerzas de seguridad y anunció que en 2017 han detenido a 77 sospechosos de actividades relacionadas con el yihadismo, 71 de ellos hombres y tres menores de edad. Desde que se elevó la alerta a nivel cuatro, los detenidos han sido 218, en operaciones tanto en España como en el exterior.
Desde el PSOE, Adriana Lastra ha compartido la necesidad de afrontar modificaciones legales para abordar un fenómeno "mutable", y se ha comprometido a estudiar con "la máxima lealtad" las medidas propuestas por Zorido, aunque ha dejado claro que no van a aceptar "cualquier cosa que se les ponga sobre la mesa", por lo que ha confiado en poder llegar a acuerdos en la tramitación parlamentaria de las medidas anunciadas.
El portavoz de Ciudadanos, Miguel Gutiérrez, ha echado en falta que el pacto ampare un observatorio que vele, entre otras cuestiones, sobre la "no alteración de derechos individuales". En su opinión, también se debería abordar la problemática de los okupas, recordando que la célula que atentó en Cataluña ocupó un año la casa de Alcanar utilizada como centro de operaciones.
Podemos asiste como observador, pero no los nacionalistas
Unidos Podemos ha sido convocado en calidad de observador a la reunión en el Ministerio del Interior, de manera que ha estado representado en la persona del portavoz de Interior de la confluencia, Rafa Mayoral.
A la reunión celebrada en el Ministerio del Interior han asistido, además, los representantes del PP, Rafael Hernando; del PSOE; Adriana Lastra; de Ciudadanos, Miguel Gutiérrez y José Manuel Villegas; de UPN, Iñigo Allí, y de UPyD, Cristiano Brown. Coalición Canaria y Foro Asturias han excusado su asistencia porque las condiciones meteorológicas no permitían su viaje a Madrid y los partidos nacionalistas PNV, PDeCAT y ERC han rechazado la invitación.
Los participantes han analizado un informe del director del Centro de Información contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), el comisario José Luis Olivera, y del director del Gabinete de Estudios del Ministerio del Interior, el coronel Diego Pérez de los Cobos.
El primero ha informado de unas conclusiones centralizadas por el CITCO en base a la documentación remitida por los Mossos d'Esquadra, la Policía Nacional y la Guardia Civil sobre los atentados de agosto en Cataluña. Zoido se ha referido a informaciones que ya se han contado en "noticias escritas", sin entrar en detalles por tratarse de una cuestión que se mantiene bajo secreto de sumario en la Audiencia Nacional.
Se trataba de la primera reunión desde la convocatoria del pacto antiyihadista el 21 de agosto, cuatro días después de los atentados que costaron la vida a 16 personas e hirieron a un centenar, y ha servido para informar de aquellas cuestiones que no están sometidas al secreto de la investigación judicial que dirige en la Audiencia Nacional el juez Fernando Andreu.
El ministro pide mayor implicación al resto de partidos
La reunión venía precedida por críticas de Unidos Podemos y el PNV por la supuesta exclusión de los partidos que, como es su caso o el del PDeCAT y ERC, acuden como "observadores", aunque no hayan suscrito el acuerdo por sus discrepancias con sus medidas penales.
Finalmente, el Ministerio del Interior hizo gestiones para confirmar la participación de Podemos y el resto de partidos no firmantes, desoyendo las peticiones de veto del PP y de Ciudadanos, partidarios de excluir de la mesa de trabajo a las formaciones que asisten como observadores.
Públicamente, el ministro Zoido ha vuelto a "recomendar" a Podemos que no se limite a ser observador sino que se sume como "miembro de pleno derecho" implicándose en el desarrollo de esas medidas, lo que también ha hecho extensivo a PNV y ERC, reclamándoles un papel "más proactivo", esto es, que suscriban el pacto antiyihadista.
Rafael Mayoral ha asegurado que la polémica de la previa sobre la participación de los partidos no firmantes está "completamente zanjada". "Nos parece interesante ver cómo generar espacios de trabajo que transcienden el pacto y van más a los contenidos", ha dicho el diputado de Podemos, que ha mantenido su rechazo a firmar el acuerdo de 2015 y subraya el objetivo de su formación de "generar dinámicas" para que los partidos nacionalistas participen.