Dimite el presidente de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid tras su imputación en el caso Lezo

• Arturo Canalda está acusado por la compra de Inassa por el Canal de Isabel II
• Participó en la reunión en la que el Consejo de Gobierno decidió comprar la filial
• Tras dimitir, asegura que siempre actuó con "honestidad" y avalado por informes

El presidente de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, Arturo Canalda, en una fotografía de 2011.

El presidente de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, Arturo Canalda, ha dimitido de su cargo después de que su imputación en el caso Lezo por participar en la compra presuntamente fraudulenta de Inassa en 2001 por parte del Canal de Isabel II.

Canalda ha presentado este jueves su renuncia en el registro de la Asamblea de Madrid, según han informado a Efe fuentes del Parlamento madrileño. La Cámara de Cuentas es el órgano responsable del control económico presupuestario de la Comunidad de Madrid.

Este miércoles, el juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea citó a declarar en calidad de investigados (la figura conocida anteriormente como imputados) en el caso Lezo a una treintena de personas, entre ellas dos exconsejeros del expresidente madrileño Alberto Ruiz-Gallardón, Juan Bravo y Pedro Calvo (expresidente del Canal de Isabel II) por la compra de Inassa.

En un auto y a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, el juez acordó citar a los miembros del equipo de Gallardón para aclarar las presuntas irregularidades en la compra en 2001 de la filial colombiana del Canal de Isabel II.

Además de Bravo y Calvo, están imputados los miembros del consejo de administración del Canal que asistieron a la reunión del 14 de noviembre de 2001 que aprobó la compra de Inassa y votaron a favor. Canalda, exdirector gerente de Canal de Isabel II, asistió también a esta reunión y, según el auto del juez, "asumió el peso de la explicación del proyecto" junto con José Antonio de Cachavera, igualmente investigado.

Junto a Canalda y Cachavera, el magistrado cita a Pablo López de las Heras como las "personas que tuvieron una participación esencial durante la gestión y ejecución del proceso de adquisición" de la filial colombiana, que habría supuesto un desfalco de en torno a 70 millones de dólares para el Canal.

Compra fraudulenta

Según Anticorrupción, la operación de compra del 75% de Inassa por 73 millones de dólares se hizo mediante Canal Extensia, pero no se adquirió directamente sino a través de una empresa interpuesta, la panameña Sociedad Aguas de América.

Una operación que para la Fiscalía adoleció de "un cúmulo de irregularidades cometidas durante todo el proceso de adquisición por el ente público", que se centraron principalmente "en la forma en que se planificó y ejecutó la adquisición de la sociedad Inassa, así como en la determinación del precio de compra y restantes condiciones estipuladas en el contrato".

Hay además "claros indicios de que pudo haber una sobrevaloración del precio de compraventa y unas condiciones contractuales claramente perjudiciales para el comprador y, por ende, para los intereses públicos por los que Canal de Isabel II debió velar".

La operación la aprobó el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid el 29 de noviembre de 2001, pese a tener un dossier desaconsejando la compra de la filial colombiana a través de la sociedad de Panamá.

Canalda asegura que siempre actuó legalmente

Canalda ha asegurado en su escrito de renuncia que siempre ha actuado "conforme al ordenamiento jurídico", pero ha optado por dimitir para "no perjudicar" a este órgano de control.

"A lo largo de más de 20 años dedicado a la vida pública siempre he actuado con total honestidad y siempre he adoptado las decisiones basándome en informes que las avalaban", ha añadido. Pese a ello, ha optado por dimitir "de forma irrevocable" como presidente y consejero de la Cámara de Cuentas, cargo que ha ocupado desde 2011, aunque no está obligado a ello.

Canalda ha aclarado que la Cámara de Cuentas es un órgano de control dependiente del Parlamento regional y no de la Comunidad de Madrid, por lo que ha dicho que en su caso no es de aplicación el código ético de los altos cargos del Gobierno regional que les obliga a dimitir si son investigados por corrupción. Igualmente, al no estar afiliado al PP, no está obligado por el código ético de este partido.

El ex director gerente del Canal compareció el 1 de diciembre en la comisión de investigación sobre corrupción política en la Asamblea de Madrid en relación con la compra de Inassa y también aseguró que es "una persona honesta", que siempre tomó sus decisiones "de forma legal" y que nunca se llevó "un duro", por lo que creía que no sería imputado.

Cuando se conoció el miércoles que el juez le citaba como investigado, los grupos de la oposición en la Asamblea madrileña le instaron a dejar su cargo. El portavoz socialista, Ángel Gabilondo, escribió un mensaje en Twitter para señalar que esperaba que Canalda asumiera su responsabilidad tras la imputación. También se expresaron en el mismo sentido el portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, y la diputada de Podemos María Espinosa.