La cuesta de enero de 2018, marcada por el encarecimiento del gas y los peajes de autopistas

• La tarifa de último recurso del gas natural sube una media del 6,2%
• El Gobierno ha congelado los peajes de acceso de gas y electricidad
• Los peajes de las autopistas se incrementan casi un 2% de media
• El salario mínimo sube un 4%, pero no hay aún acuerdo salarial para la negociación colectiva
• Las pensiones suben un 0,25% por quinto año consecutivo

El nuevo año empieza con un alza del 4% del salario mínimo y de un 0,25% de las pensiones.

Enero es famoso por su cuesta, construida con la resaca de las fiestas navideñas, pero también con los nuevos precios –habitualmente más caros- que se fijan de cara al nuevo año para bienes y servicios. Además es crucial el dinero disponible en cada hogar para hacer frente a esos gastos, unos ingresos que se actualizan cada año mediante normas del Gobierno (en pensiones) o a través de guías que pueden seguir las empresas en mayor o menor medida (en salarios).

En esta ocasión, 2018 llega con una fuerte subida del gas natural y los peajes de las autopistas, y un encarecimiento de las tarifas de los paquetes de telefonía y fibra óptica de las principales empresas de telecomunicaciones.

Además, hay que tener en cuenta la inflación para saber si los ingresos que va a recibir cada uno le permitirán mantener su poder adquisitivo. En 2017, los bienes y servicios se encarecieron un 1,2% al cierre del año y para este ejercicio, el Banco de España pronostica un incremento de los precios del 1,3%.

Desde febrero del año pasado, el IPC se ha eliminado como referencia para la actualización de los precios de servicios públicos y concesiones. Ya en 2014 se hizo lo mismo con las pensiones, cuya actualización anual quedó entonces desvinculada del alza de precios.

A continuación se repasan algunas de las actualizaciones de precios e ingresos que repercutirán en los presupuestos familiares este 2018.

Precios

ELECTRICIDAD.- El Gobierno ha congelado por quinto año consecutivo los peajes, es decir, la parte regulada del recibo de la luz que incluye los costes reconocidos de generación, distribución y transporte, así como otros gastos del sistema, como el coste de la deuda acumulada por el déficit eléctrico o los pagos por interrumpibilidad y capacidad.

También se mantienen los mismos impuestos al consumo eléctrico.

Sin embargo, la factura de la electricidad que pagan hogares y pymes puede encarecerse este año por el precio de la energía, sobre todo, como consecuencia de un mercado eléctrico que está completamente desfasado y que ya provocó fuertes subidas en 2017.

El Gobierno, por el contrario, cree que este año los precios serán “mejores” a los de 2017, “con condiciones normales” de meteorología y de precio del petróleo.

GAS NATURAL.- En este caso, el Ejecutivo ha congelado los peajes de acceso por cuarto año consecutivo y ha rebajado el precio de alquiler de los contadores. Esta última reducción supondrá un ahorro anual de 8 euros por cliente.

Sin embargo, la tarifa de último recurso (TUR) de esta fuente de energía se encarece desde este 1 de enero un 6,2% de media respecto al trimestre previo.

De los 7,7 millones de consumidores de gas natural, seis millones reciben suministro a través de una comercializadora de mercado a precio libre y 1,7 millones se encuentran acogidos a la TUR.

Según el Ministerio de Energía, esta subida se debe “exclusivamente” a que los precios de la materia prima se han incrementado un 18,8% en los mercados internacionales durante el último trimestre de 2017.

El precio para la TUR 1 -a la que están acogidos fundamentalmente los clientes que utilizan el gas para el suministro de agua caliente y cocina- se incrementa un 4,9%.

Mientras, el precio para la TUR 2 -la que tienen los clientes domésticos que además de los usos anteriores tienen calefacción de gas- asciende un 6,6%.

TELECOMUNICACIONES.- Las tres principales operadoras de telecomunicaciones -Movistar, Orange y Vodafone- ya han anunciado subidas en sus tarifas de sus paquetes de servicios.

Desde el próximo día 15, Vodafone aumenta un 10% el precio de la cuota mensual de la fibra óptica de su marca de bajo coste, Lowi. Además, suprimirá las tres modalidades más baratas y sólo podrán contratarse las opciones que cuestan más de 40 euros.

En cuanto a Movistar, desde febrero, aplicará una subida de 5 euros mensuales a sus servicios convergentes de fijo-móvil y televisión (Movistar Fusión) a cambio de mejoras en las prestaciones. El incremento se producirá aunque el cliente no quiera esas mejoras. No subirán las dos opciones más económicas, Movistar Fusión 0 y Series.

Finalmente, y también desde febrero, Orange encarecerá entre 2 y 5 euros mensuales sus paquetes convergentes (Love).

La OCU recuerda que, con estas subidas, los usuarios tienen derecho a cambiarse de compañía o tarifa sin penalización, quedando anulado el compromiso de permanencia.

CORREOS.- El sello para el envío de cartas y tarjetas postales normalizadas y de hasta 20 gramos de peso a destinos nacionales sube un 10% desde este lunes, de forma que pasará a costar 0,55 euros.

Se trata de la tercera mayor subida que esta tarifa postal -considerada de servicio público- registra en la última década, tras las del 11,1% de este año 2017 y la del 10,5% que experimentó en 2015.

AUTOPISTAS.- El precio medio del peaje de las autopistas sube un 1,91% desde este día 1, lo que supone su primer incremento en tres años, después de las bajadas de 2016 y 2017, y de la congelación de 2015.

Este encarecimiento coincide con una recuperación del tráfico por estas vías y con el rescate -anunciado para este mismo mes- de las nueve autopistas de gestión privada quebradas.

El incremento de precios se obtiene al aplicar una fórmula de revisión automática que el sector pactó con el Gobierno en 2002. Este método tiene en cuenta la evolución del tráfico y la del IPC, ya que el sector de las concesionarias quedó fuera de la Ley de Desindexación que busca que los precios de determinados servicios y contratos queden desvinculados de la inflación.

SERVICIO DE TAXI.- Las tarifas de este servicio dependen de los municipios y las comunidades autónomas.

En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, este año se congelan por tercer año consecutivo, con lo que se rechaza la propuesta pactada entre el Ayuntamiento de la capital y el sector para reordenar tarifas y suplementos.

VIVIENDA.- El precio de la vivienda seguirá su ascenso este 2018. El Instituto de Práctica Empresarial sitúa ese encarecimiento en un 6,1%, que se sumará a la subida del 9% registrada en 2017. Este centro estima que la Comunidad de Madrid liderará el alza de precios, con un 10,8% de subida, mientras que en Cataluña se ralentizará el incremento, que quedará en un 4,9%.

Si se cumplen estas proyecciones, este año será el quinto con subida de precios de la vivienda, aunque aún estarán lejos de los picos alcanzados durante la burbuja inmobiliaria previa a la crisis que empezó en 2008.

TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES.- Impuestos como el de bienes inmuebles (IBI) o el de vehículos de tracción mecánica, y servicios como los de recogida y gestión de basuras o el de suministro de agua dependen de cada ayuntamiento.

En la mayoría de los municipios más grandes, estas tasas y tributos se congelan este año o, incluso, bajan. Pero debe consultarse en cada caso.

Respecto al IBI, hay que tener en cuenta que la revisión del catastro realizada por Hacienda 1.830 municipios hará subir la cantidad que pagan anualmente los propietarios de viviendas, locales y terrenos en 1.296 municipios españoles, mientras que bajará en otras 534 localidades. Esta actualización no implica que varíe el tipo del impuesto -que es de carácter municipal y que lo fija cada ayuntamiento-, pero sí lo hace la valoración del inmueble, que es la base imponible sobre la que se aplica.

Algunos ayuntamientos han optado por variar el tipo del IBI para contrarrestar esa subida de las valoraciones y lograr que se mantengan las cantidades abonadas por los propietarios de inmuebles.

Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid se congelan las tarifas del suministro de agua y también las del transporte público. Mientras, el Ayuntamiento de la capital ha aprobado beneficios fiscales o reducciones de tarifas para colectivos desfavorecidos o con menor capacidad económica.

En cuanto a la ciudad de Valencia, el Ayuntamiento mantiene congelados las tasas e impuestos, así como el transporte municipal. El IBI baja en su tipo municipal para compensar la subida del valor catastral establecida por el Ministerio de Hacienda. Sin embargo, se crea una tasa por utilización y aprovechamiento del dominio público para la instalación de energía eléctrica, gas e hidrocarburos. En cuanto al agua, el 95% de los vecinos de Valencia verán rebajarse el precio que pagan por el agua, una reducción que será mayor para los que menos agua consuman.

El Ayuntamiento de Sevilla, por su parte, congela la mayoría de los impuestos municipales y baja un 3% el IBI.

Y las siete principales ciudades gallegas –Santiago, Pontevedra, Lugo, A Coruña, El Ferrol, Vigo u Ourense- congelan casi la totalidad de sus tasas e impuestos, introduciendo en algunas de ellas nuevas medidas de progresividad en las reducciones y beneficios fiscales.

MEDICAMENTOS.- Las farmacias tendrán que rebajar a partir del 1 de febrero los precios de 12.268 medicamentos, si quieren que éstos sigan financiados por el Sistema Nacional de Salud. Entre los principios activos incluidos en esa revisión están algunos tan comunes como el paracetamol, el ibuprofeno, el omeprazol, el tramadol o la amoxicilina.

El Ministerio de Sanidad revisa periódicamente los precios de referencia de los medicamentos y fija el precio máximo que debe tener cada uno para entrar en el modelo de recetas.

El Gobierno calcula que su última revisión ahorrará 89 millones de euros anuales, de los que 10,32 millones repercutirán directamente en los ciudadanos.

Ingresos

SALARIO MÍNIMO.- El Gobierno ha aprobado una subida del 4% del Salario Mínimo Interprofesional para este año. Este incremento, pactado con patronal y sindicatos, sitúa el SMI en 735,9 euros mensuales por 14 pagas, o lo que es lo mismo, 10.304,1 euros anuales.

El SMI se utiliza como referencia en algunos convenios sectoriales o colectivos para determinar salarios base o complementos salariales. Sin embargo, la subida decidida para este año puede no repercutir en los sueldos, ya que una disposición del decreto sobre el SMI establece que el salario mínimo de referencia que deben utilizar las empresas ahora es el de 2016, "salvo que las partes legitimadas acuerden otra cosa".

Así, la referencia serán los 655 euros mensuales del SMI que había en 2016, incrementado en un 2%, "el objetivo a medio plazo de inflación del banco Central Europeo", según recoge el decreto.

Desde CC.OO. advierten de que ningún salario salido de esos convenios podrá ser inferior al salario mínimo en cómputo anual. Sin embargo, si en esas normas pactadas en las empresas se determina, por ejemplo, que algo será "dos veces" el SMI, deberá tomarse como referencia el de 2016.

IPREM.- Para la mayoría de ayudas públicas y prestaciones sociales, la referencia no es el SMI sino el IPREM, el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples.

Este índice se aprueba a través de los Presupuestos Generales del Estado, pero este año, sin unos PGE para 2018, fuentes del Ministerio de Empleo han señalado que no se ha decidido qué va a ocurrir con este indicador.

En la actualidad, el IPREM está en 538 euros mensuales y casi no ha variado desde 2010, cuando se fijó en unos 533 euros.

La prestación por desempleo basa sus mínimos y máximos en el IPREM, al igual que los subsidios del nivel asistencial (cuantía del 80% del IPREM), la prestación por maternidad no contributiva (cuantía diaria del 100% del IPREM diario vigente) o el acceso a las viviendas de protección pública. Esas ayudas, que benefician en muchos casos a la población más vulnerable, se mantienen congeladas.

PENSIONES.- Las pensiones suben este año un 0,25%, lo que se traduce en un incremento de 2,3 euros mensuales en la pensión media. Este ascenso es menor al de la inflción del cierre de 2017, con lo que este año, como el pasado, los pensionistas perderán poder adquisitivo.

Se trata del quinto año consecutivo que el Ejecutivo de Rajoy aprueba este alza, el mínimo previsto en la última reforma de pensiones.

Así, la pensión mínima de jubilación de una persona con 65 años o más y con cónyuge a su cargo queda en 788,9 euros al mes por 14 pagas. Quienes no tengan cónyuge a su cargo cobrarán un mínimo de 639,3 euros mensuales.

Para los jubilados con menos de 65 años y cónyuge a cargo, la pensión mínima es de 739,5 euros al mes por 14 pagas. Para los que no tengan cónyuge a cargo se sitúa en 598 euros.

La pensión mínima de gran invalidez con cónyuge a cargo queda en 1.183,4 euros mensuales por 14 pagas, mientras que para quienes no tengan cónyuge a su cargo es de 959 euros al mes.

La pensión mínima de incapacidad permanente absoluta asciende a 788,9 euros mensuales por 14 pagas.

La pensión de orfandad y en favor de familiares se sitúa en 195,3 euros mensuales.

La pensión por viudedad con cargas familiares, el mínimo queda en 739,5 euros por 14 pagas. Para quienes tengan entre 60 y 64 años, la pensión mínima de viudedad es de 598 euros al mes, mientras que los que tengan menos de 60 años cobrarán un mínimo de 484,2 euros.

En cuanto a la pensión de viudedad para las personas de más de 65 años y con menores ingresos, el Gobierno ha dejado para este mes la aprobación de la subida hasta el 53% de su base reguladora. Ese incremento, exigido en la reforma de 2011, se completará en 2019, cuando debería alcanzar el 60%.

SALARIOS.- Este año comienza sin acuerdo entre patronal y sindicatos que guíe la negociación colectiva en las empresas.

CEOE y Cepyme aseguran que mejorarán su oferta, al proponer una subida del 2% en la parte fija y un alza de más del 0,5% en la parte variable. Así, los salarios podrían subir por encima del 2,5%. Sin embargo, ambas patronales han aclarado que esta oferta no se hará en firme hasta que se debata en sus juntas directivas de este mes.

Por su parte, los sindicatos no tienen definida una propuesta, pero aseguran que la subida del 4% del salario mínimo supone un “acicate” para plantear una propuesta salarial “importante y ofensiva” para el resto de los salarios.

La propuesta que defendieron para la negociación colectiva de 2017 consistía en una horquilla del 1,8% al 3%, incluyendo una cláusula de garantía salarial, una condición que no aceptarán las patronales.

Además, los empleados públicos tendrán una subida salarial del 1%, inferior al IPC del cierre de 2017. El Gobierno había prometido un alza superior, pero la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado del año pasado ha dejado en vía muerta esa promesa.