El Constitucional deja la gestión de la ayuda de 426 euros a parados de larga duración en manos de las autonomías

• El dictamen del Constitucional da la razón al Gobierno Vasco en su recurso
• Los beneficiarios de la prestación mantendrán su derecho al cobro
• Es la segunda sentencia en contra del Ejecutivo, tras la del plan Prepara

Fachada del Tribunal Constitucional.

El Tribunal Constitucional le ha dado la razón al Gobierno Vasco en su recurso contra el Real Decreto que regula el Programa de Activación para el Empleo, que prevé una ayuda extraordinaria de 426 euros para desempleados de larga duración con cargas familiares y sin ingresos laborales, y lo ha anulado para dejar la gestión de la ayuda en manos de las autonomías.

El alto tribunal han explicado que el TC apoya los pagos y no los anula, sino que los mantiene, pero concediendo competencias a las comunidades autónomas sobre su gestión.

De este modo, los pagos no se verán afectados, sino solamente las competencias sobre ellos, y los beneficiarios de los mismos mantendrán su derecho al cobro.

El Gobierno Vasco recurrió el decreto, aprobado por el Consejo de Ministros en diciembre de 2014 tras el aucerdo con empresarios y sindicatos, por considerar que invadía las competencias autonomicas, dado que a su criterio, la gestión de esas ayudas debe recaer en el servicio vasco de empleo (Lanbide), pues las políticas activas de empleo fueron transferidas a Euskadi en 2010.

El TC recuerda que el Estado debe desarrollar la legislación básica en esta materia, pero "no puede ignorar que la competencia para la ejecución de las normas dictadas en virtud de la competencia estatal sobre las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica corresponde, en principio, a las Comunidades Autónomas".

Segunda sentencia contra el Estado en este tipo de prestaciones

La anulación por parte del Tribunal Constitucional (TC) de la gestión estatal de la ayuda económica de 426 euros incluida en el Programa de Activación para el Empleo (PAE) es el segundo varapalo que recibe el Estado respecto a este tipo de prestaciones que están en proceso de fusión y redefinición.

Al igual que ocurrió con el plan Prepara el pasado verano, el Constitucional ha vuelto a dar la razón parcialmente al Gobierno vasco, al anular el decreto que regula el PAE en los aspectos que tienen que ver con el ámbito competencial.

Como en el PAE, los parados de larga duración acogidos al Prepara tienen derecho a una prestación de hasta 450 euros mensuales, que el Constitucional entiende que han de tramitar los Gobiernos autonómicos.

El Gobierno quiere tener listo para mayo un modelo que simplifique los distintos programas, para darles coherencia, adecuarlos al marco competencial y a la doctrina del Constitucional, y mejorar la eficacia de la cobertura existente.

A raíz de la sentencia sobre el Prepara en julio, el Ministerio de Empleo se puso a trabajar con los interlocutores sociales (patronal y sindicatos) en la mesa del plan de choque para el empleo para revisar y unificar las distintas prestaciones existentes para desempleados de larga duración: Prepara, PAE y renta activa de inserción (RAI).

Una prestación en vía de desaparición

El PAE nació en 2014 en La Moncloa, fruto de un acuerdo entre el Gobierno y los agentes sociales y su última prórroga finaliza el próximo mes de abril.

El año pasado, el Congreso de los Diputados aprobó la prórroga y modificación del PAE para facilitar el acceso a un mayor número de desempleados, en torno a 210.000 personas más.

Entre otras cosas se redujo de 6 a 1 mes el plazo para solicitarlo tras haber agotado otras prestaciones, al tiempo que acortó de 360 a 270 días el plazo de inscripción como demandante de empleo, dentro de los 18 meses anteriores a la solicitud de incorporación.

En el caso del Prepara, la sentencia del Constitucional tuvo lugar justo en un momento en el que el plan había dejado de prorrogarse de forma automática al bajar el nivel de paro del 18%.

El Prepara nació en 2011 bajo el nombre de Prodi y los requisitos para poder solicitarlo son llevar inscrito como demandante de empleo al menos 12 de los últimos 18 meses y carecer de rentas, de cualquier naturaleza, superiores en cómputo mensual al 75% del Salario Mínimo Interprofesional. Desde su puesta en marcha, con doce prórrogas, casi un millón de parados (952.000) han sido beneficiarios del Prepara.

La renta activa de inserción (RAI) es una prestación de 426 euros para parados de larga duración mayores de 45 años.